Los nefastos efectos de la privatización
Nadie es tan incauto como para señalar que la empresa privada es garantía de mejores servicios, públicos o privados. A aquellos que privatizaron las empresas de energía eléctrica y de telecomunicaciones no les importó el martirio al que sometieron a la población panameña. Para los usuarios resulta una agonía la presentación de reclamos de cualquier tipo.
¿Cómo es posible que al presentarse un reclamo por alto consumo, que quintuplica el consumo promedio mensual de una residencia, una de estas empresas que obtiene millones por los negocios que mantiene en países de incautos como el nuestro, hace lo imposible por mantener el cargo no consumido porque sus técnicos así lo han determinado? Lo más alarmante es que la ASEP no orienta a los usuarios para que puedan enfrentar el poder monopólico de estas empresas, sino que ha impulsado normas que las favorecen. Se desconocen las interioridades de las leyes, reglamentos, acuerdos que regulan los servicios públicos; tampoco han sido explicadas para que los usuarios puedan defensderse.
Cotidiamente, muchos acuden a presentar reclamos ante las empresas privatizadas y algunos continúan hasta la ASEP. Pacientemente esperan los resultados pero, mientras tanto, la empresa logra hacerse del dinero que ha sobrefacturado. Afirman que el “sistema” registra todos los pagos al mes más antiguo, quedando los usuarios en un estado de indefensión total. Se obliga a firmar arreglos de pago por el monto reclamado, amenazando con la suspensión del servicio. El documento por el cual el agraviado se compromete “voluntariamente” a pagar un servicio no consumido constituye tal irrespeto que lo hacer sentir como un delincuente, pues puede hasta afectarse su historial de crédito (puede aparecer en el cuco de la APC).
La energía eléctrica se necesita; las empresas se sienten poderosas porque saben que están solos en la cancha, abusan a su antojo, pues la paciencia y el coraje se tienen que subordinar a la necesidad. Como una muestra más de ese poder, ELEKTRA ha dispuesto trasladar la atención al cliente, que anteriormente era un desastre, al interior de un supermercado de la localidad, en un espacio más pequeño, con sólo dos empleados, largas filas de usuarios, sin sillas para hacer menos pesada la larga espera, irrespetando a los que allí acuden. Se trata, así, de que desistan de sus pretensiones para dedicarse únicamente a cobrar las facturas que salen del país como ganancias para empresas transnacionales.
¿Hasta cuándo seguiremos viviendo pasivamente los abusos de prácticas monopólicas tan negativas para la población? ¿Hasta cuándo los malos gobernantes seguirán permitiendo que esto siga ocurriendo? Ningún “político” incluye la renacionalización de los servicios públicos como posibilidad en sus planes. Tampoco cumplieron con sus promesas de lograr menores precios para los consumidores. En este estado de cosas, ahora, ¿quién podrá defendernos?
