Los nuevos magistrados
El Órgano Ejecutivo ha propuesto una metodología para elegir a los nuevos Magistrados de la Corte, escuchando los clamores de sectores de la sociedad civil que han exigido desde la conformación del Pacto de Estado por la Justicia mayor transparencia y que los elegidos no salgan de los reconocidos allegados al gobierno de turno y que se considere a otros miembros del Órgano Judicial o simplemente a abogados litigantes con trayectoria reconocida.
Por lo menos en ese aspecto nada o poco habrá que reclamarle al anterior gobierno. La polémica que surge se mira en el espejo de aquella experiencia donde los candidatos a magistrados salieron del propio Ejecutivo y de la Asamblea Nacional.
El ideal es que se trate de profesionales probos, dignos y de una alta moral pública, y que de existir algún tipo de vínculo con el Ejecutivo, aquel no vaya a ser de tal magnitud que ponga en duda la transparencia del ejercicio.
Hay que tener en cuenta también que, la independencia entre los Órganos del Estado no puede asimilarse al sacrificio de la armónica colaboración que debe existir entre los mismos. Ni ésta última puede significar la grosera injerencia de un Órgano en las actividades propias de los otros.
La propuesta de los magistrados es un derecho que la Constitución reserva al Órgano Ejecutivo, con la aprobación o rechazo en manos de la Asamblea de diputados, pero la consistencia política de la acción dependerá por entero del respaldo ciudadano, y eso es sumamente importante para cualquier gobierno.