Los números de las empresas mixtas
Que la Corte Suprema de Justicia, mediante un fallo del magistrado Alberto Cigarruista haya resuelto que las empresas de utilidad pública, especialmente las de distribución eléctrica, están obligadas a revelar sus estados financieros, fue un salto adelante. El hecho de que el Estado tenga en ellas una participación accionaria fue la base principal de la conclusión, contraria a lo que siempre argumentó el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Lamentablemente, la nueva legislación que reestructura el organismo, supuestamente para darle mayor poder para enfrentar la crisis energética y los inconvenientes de un mercado peor que imperfecto, reitera el secretismo de las cifras. Según sus gestores, es información sensible y estratégica, que justifica la reserva, a más de inconveniente frente a los competidores y terceros o, sencillamente, es materia privada. Están equivocados.
Los bancos y las compañías de seguros tienen la obligación de publicar sus estados financieros periódicamente, incluyendo el deber de mantenerlos a la vista y alcance de sus clientes, en cualquier momento. La razón es que manejan dinero y bienes ajenos y, más que eso, "venden" seriedad, pericia, solidez, confianza que debe sustentarse con números. Y, precisamente, las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad hacen lo mismo. Para empezar, prestan un servicio público y, por eso están bajo fiscalización estatal. Además, sus tarifas dependen de razonables márgenes entre gastos e ingresos. ¿Y cómo pueden los ciudadanos verificar los márgenes, si la información de que dependen es confidencial? Otro detalle es que operan bajo concesión del Estado.
Entendemos que no cualquier ciudadano puede interpretar estados financieros, entendemos también que la información que revelan es limitada y sólo puede ser precisada con el análisis de datos complementarios. Pero a grandes necesidades, grandes remedios. Si algo hemos de aprender de la crisis que forzó a la reestructuración del Ente, es que la prestación de servicios públicos estratégicos afecta a todos; y que mientras mayor y más veraz información exista en poder de la gente, habrá más organizaciones independientes prestas a su análisis, a la crítica y a la propuesta de alternativas enriquecedoras y constructivas. La energía es cuestión de todos y las empresas de participación estatal también.
Lamentablemente, la nueva legislación que reestructura el organismo, supuestamente para darle mayor poder para enfrentar la crisis energética y los inconvenientes de un mercado peor que imperfecto, reitera el secretismo de las cifras. Según sus gestores, es información sensible y estratégica, que justifica la reserva, a más de inconveniente frente a los competidores y terceros o, sencillamente, es materia privada. Están equivocados.
Los bancos y las compañías de seguros tienen la obligación de publicar sus estados financieros periódicamente, incluyendo el deber de mantenerlos a la vista y alcance de sus clientes, en cualquier momento. La razón es que manejan dinero y bienes ajenos y, más que eso, "venden" seriedad, pericia, solidez, confianza que debe sustentarse con números. Y, precisamente, las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad hacen lo mismo. Para empezar, prestan un servicio público y, por eso están bajo fiscalización estatal. Además, sus tarifas dependen de razonables márgenes entre gastos e ingresos. ¿Y cómo pueden los ciudadanos verificar los márgenes, si la información de que dependen es confidencial? Otro detalle es que operan bajo concesión del Estado.
Entendemos que no cualquier ciudadano puede interpretar estados financieros, entendemos también que la información que revelan es limitada y sólo puede ser precisada con el análisis de datos complementarios. Pero a grandes necesidades, grandes remedios. Si algo hemos de aprender de la crisis que forzó a la reestructuración del Ente, es que la prestación de servicios públicos estratégicos afecta a todos; y que mientras mayor y más veraz información exista en poder de la gente, habrá más organizaciones independientes prestas a su análisis, a la crítica y a la propuesta de alternativas enriquecedoras y constructivas. La energía es cuestión de todos y las empresas de participación estatal también.
