Los pobres y los más pobres de los pobres
La pobreza afecta a elevadas proporciones de la población de un número plural de países del globo, pero golpea más severamente a las economías emergentes. Investigaciones sobre la evolución del problema revelan que la pobreza está relacionada con la desigualdad en la distribución de las riquezas nacionales, y que ésta condición es más aguda en Latinoamérica con respecto a las otras regiones del mundo. Panamá se encuentra entre los países hermanos con las peores proporciones de desigualdades económicas y sociales, por lo que no debe sorprender que las 2/5 partes de su población, el 40%, vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Las desigualdades y la pobreza, se reconoce, son ocasionadas por la ausencia o las limitaciones de acceso de la población a servicios sociales cualitativos (educación, salud, vivienda, etc.), los servicios públicos y de oportunidades de empleos que impiden el desarrollo requerido para atender esas necesidades básicas que ahora se han convertido en problemas. Aparte de los efectos nocivos de la pobreza, que restringen el progreso humano, hacen dinámica un círculo vicioso que tiene que ser interrumpido para impulsar el progreso nacional.
Estimaciones económicas señalan que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) debe ser superior al crecimiento de la población en 5 ó 6% para que en plazo de unos 10 ó 15 años se pueda resolver el problema de la pobreza. Pero el crecimiento macro-económico por sí sólo, se sabe, no reduce las desigualdades ni la pobreza. Lo están demostrando los resultados de las políticas económicas actuales que favorecen a los que más tienen, alejando cada vez más las posibilidades de que el país cumpla con la deuda social que tiene con las mayorías. Se requiere de políticas dirigidas a eliminar las causas que generan pobreza, a fin de permitir a la población afectada alcanzar niveles adecuados de bienestar social. Es necesario, entonces, la inyección de mayores inversiones de capital y el mejoramiento de la productividad para cumplir una necesidad humanitaria urgente y responder a las exigencias que nos impone la globalización.
La función del Estado, con respecto a lo primero, es la de promover la estabilidad institucional y la seguridad jurídica, crear un clima de paz y confianza para generar las necesarias inversiones de capital en áreas de ocupación de mano de obra intensiva, y velar porque las ejecutorias de los inversionistas se lleven a cabo dentro de los parámetros de las políticas y las leyes, en su ambiente libre de corrupción. Para propulsar lo segundo, se tiene que proveer los insumos sociales básicos de manera oportuna y sostenida. Con personal profesional especialmente capacitado y el comportamiento ético de éstos, el país debería estar en condiciones de ejecutar ambas funciones con una pequeña burocracia estatal. Esto es, a mi juicio, el mayor reto que tienen por delante nuestros gobernantes, para abrir pasos al desarrollo integral y sostenido de Panamá.
Las nuevas políticas económicas y sociales demandarán nuevas estructuras institucionales, descentralizadas, que funcionen a través de una organización que facilite las acciones concertadas, en tiempo y espacio, para ejecutar programas bien concebidos, derivados de estudios serios, alejados de las improvisaciones y los acomodos políticos, dirigidos por personal de trayectoria capaz y honesta. La institucionalización de mecanismos de supervisión y evaluación permanentes serán necesarios para garantizar el éxito de las ejecutorias, estimular la más amplia participación ciudadana y del capital privado y afianzar la credibilidad de la comunidad en los programas de Gobierno.
Aunque en casos la programación de las actividades pudieran no ser el resultado de estudios exhaustivos, por razones de urgencia y/o de costos, es siempre recomendable que el diagnóstico de las características particulares de cada caso se derive de investigaciones, basadas en datos fidedignos, por razones de costos-beneficios y del diseño de políticas y programas realistas.
Aquel proceso tendría el efecto de desglosar el grado de participación local de los afectados (pobres) como aportes de la mano de obra productiva en la solución de sus propios problemas comunales. Facilitaría la canalización de los recursos del Estado, estimularía las contribuciones de organizaciones sin fines de lucro y de las entidades de créditos internacionales, ambas deseosas de contribuir a proyectos serios de proyecciones sociales. Si las actividades a nivel de comunidades se diseñan teniendo entre sus conjuntos la erradicación de la pobreza, dentro de la política económica y social nacional descentralizada, entonces podríamos esperar que la población afectada, al tiempo de ser beneficiaria de los resultados, estaría contribuyendo al desarrollo de sus comunidades. En suma, se podría determinar con mayor precisión, el verdadero impacto de esos programas en la eliminación de la pobreza en Panamá.
La erradicación de las condiciones de pobreza en las comunidades civilizadas no se concibe sólo como un asunto humanitario y de sensibilidad, que en realidad lo son, sino también como una forma de genuina contribución al progreso económico y social nacional, en procura de un ambiente de paz, seguridad, convivencia pacífica, y orgullo de nuestra nacionalidad. Por ello la atención a los pobres y a los más pobres de los pobres es un serio problema que, por respeto, merece estar al margen de la demagogia y las improvisaciones irresponsables, que en ocasiones bordean la insensatez y la insensibilidad.
Las desigualdades y la pobreza, se reconoce, son ocasionadas por la ausencia o las limitaciones de acceso de la población a servicios sociales cualitativos (educación, salud, vivienda, etc.), los servicios públicos y de oportunidades de empleos que impiden el desarrollo requerido para atender esas necesidades básicas que ahora se han convertido en problemas. Aparte de los efectos nocivos de la pobreza, que restringen el progreso humano, hacen dinámica un círculo vicioso que tiene que ser interrumpido para impulsar el progreso nacional.
Estimaciones económicas señalan que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) debe ser superior al crecimiento de la población en 5 ó 6% para que en plazo de unos 10 ó 15 años se pueda resolver el problema de la pobreza. Pero el crecimiento macro-económico por sí sólo, se sabe, no reduce las desigualdades ni la pobreza. Lo están demostrando los resultados de las políticas económicas actuales que favorecen a los que más tienen, alejando cada vez más las posibilidades de que el país cumpla con la deuda social que tiene con las mayorías. Se requiere de políticas dirigidas a eliminar las causas que generan pobreza, a fin de permitir a la población afectada alcanzar niveles adecuados de bienestar social. Es necesario, entonces, la inyección de mayores inversiones de capital y el mejoramiento de la productividad para cumplir una necesidad humanitaria urgente y responder a las exigencias que nos impone la globalización.
La función del Estado, con respecto a lo primero, es la de promover la estabilidad institucional y la seguridad jurídica, crear un clima de paz y confianza para generar las necesarias inversiones de capital en áreas de ocupación de mano de obra intensiva, y velar porque las ejecutorias de los inversionistas se lleven a cabo dentro de los parámetros de las políticas y las leyes, en su ambiente libre de corrupción. Para propulsar lo segundo, se tiene que proveer los insumos sociales básicos de manera oportuna y sostenida. Con personal profesional especialmente capacitado y el comportamiento ético de éstos, el país debería estar en condiciones de ejecutar ambas funciones con una pequeña burocracia estatal. Esto es, a mi juicio, el mayor reto que tienen por delante nuestros gobernantes, para abrir pasos al desarrollo integral y sostenido de Panamá.
Las nuevas políticas económicas y sociales demandarán nuevas estructuras institucionales, descentralizadas, que funcionen a través de una organización que facilite las acciones concertadas, en tiempo y espacio, para ejecutar programas bien concebidos, derivados de estudios serios, alejados de las improvisaciones y los acomodos políticos, dirigidos por personal de trayectoria capaz y honesta. La institucionalización de mecanismos de supervisión y evaluación permanentes serán necesarios para garantizar el éxito de las ejecutorias, estimular la más amplia participación ciudadana y del capital privado y afianzar la credibilidad de la comunidad en los programas de Gobierno.
Aunque en casos la programación de las actividades pudieran no ser el resultado de estudios exhaustivos, por razones de urgencia y/o de costos, es siempre recomendable que el diagnóstico de las características particulares de cada caso se derive de investigaciones, basadas en datos fidedignos, por razones de costos-beneficios y del diseño de políticas y programas realistas.
Aquel proceso tendría el efecto de desglosar el grado de participación local de los afectados (pobres) como aportes de la mano de obra productiva en la solución de sus propios problemas comunales. Facilitaría la canalización de los recursos del Estado, estimularía las contribuciones de organizaciones sin fines de lucro y de las entidades de créditos internacionales, ambas deseosas de contribuir a proyectos serios de proyecciones sociales. Si las actividades a nivel de comunidades se diseñan teniendo entre sus conjuntos la erradicación de la pobreza, dentro de la política económica y social nacional descentralizada, entonces podríamos esperar que la población afectada, al tiempo de ser beneficiaria de los resultados, estaría contribuyendo al desarrollo de sus comunidades. En suma, se podría determinar con mayor precisión, el verdadero impacto de esos programas en la eliminación de la pobreza en Panamá.
La erradicación de las condiciones de pobreza en las comunidades civilizadas no se concibe sólo como un asunto humanitario y de sensibilidad, que en realidad lo son, sino también como una forma de genuina contribución al progreso económico y social nacional, en procura de un ambiente de paz, seguridad, convivencia pacífica, y orgullo de nuestra nacionalidad. Por ello la atención a los pobres y a los más pobres de los pobres es un serio problema que, por respeto, merece estar al margen de la demagogia y las improvisaciones irresponsables, que en ocasiones bordean la insensatez y la insensibilidad.
