Los portones de la discordia

La colocación de un portón en San Felipe con el propósito de impedir que cualquier grupo de ciudadanos se acerque a la Presidencia de la República a manifestar su descontento ante decisiones -o indecisiones- del Ejecutivo, surge de una errónea presunción, y constituye una acción irreflexiva, antidemocrática y hasta provocativa.
Para empezar, la instalación del portón responde a una acción irreflexiva por cuanto la vía que pueden cerrar con esa barrera no es la única que permite la aproximación al Palacio de Las Garzas. Como sabemos, hay varias otras posibilidades para llegar a este edificio histórico.
Es a todas luces una disposición antidemocrática porque aisla o separa a quienes ostentan transitoriamente el poder obtenido mediante sufragio. Todo ciudadano tiene derecho a expresar sus opiniones y todo gobernante la obligación de escucharlas. Colocar barreras o "portones" para impedir esta posibilidad, entonces, corre contra la idea democrática.
Claro que resulta inadmisible que una libre expresión vaya acompañada de violencia, disturbios o acciones similares. Pero también es cierto que no todas las manifestaciones públicas ciudadanas se producen en un marco violento o agresivo hacia la autoridad. De modo que el denominado "portón de la discordia" tiene como origen una falsa generalización, o errónea presunción.
Finalmente, el portón, además de señal inconveniente para el visitante y turista, podría más bien convertirse en un elemento provocativo para quienes en su deseo de expresar opinión al Presidente de la República, opten por, si no superarlo sí eludirlo, y al tomar alguna otra ruta que que les acercarse a la Presidencia podría generarse otro de esos choques indeseables que a la postre cuestan dolor, imagen y, Dios no lo quiera, hasta vidas.