Los privilegios de ser Gobierno
Todos los aspirantes a puestos de elección popular responden en forma similar a la pregunta del por qué de sus aspiraciones: palabras más, palabras menos, dicen querer continuar o cambiar (según el bando que representen) las políticas del pasado para que contemos con un mejor país. Algunos ilustran su respuesta y otros se mantienen en la retórica.
Ninguno, al menos de boca, dice que su aspiración obedece a que desea gozar de los privilegios que implica ostentar estos cargos. Sin embargo, durante su gestión muchos han demostrado que no sólo obtienen la compensación que les corresponde de acuerdo a la ley, sino que también disfrutan y hasta abusan de los privilegios propios de sus cargos. La ciudadanía tiene que aprender a distinguir entre los candidatos interesados en gozar de esos privilegios y aquellos que están genuinamente comprometidos con adoptar, promover y ejecutar políticas que aprovechen a la mayoría de la sociedad y generen el progreso y justicia social que tanto anhelamos.
Aquí no nos referimos a los privilegios reconocidos socialmente, los cuales de por sí son de gran valía. Las deferencias, consideraciones y hasta concesiones que reciben las personalidades políticas del país son considerables. En su lugar, nos referimos exclusivamente a los privilegios sancionados por la ley.
En el Ejecutivo, los privilegios son múltiples. Además de un salario, gastos, viáticos, etc. para nada módicos si se toma en consideración los salarios en la plaza, el Presidente recibe un lugar donde hospedarse, con todo lo que ello implica, a saber, mobiliario, (usualmente de su elección), luz, agua, teléfono, asistentes, escoltas y hasta empleados domésticos, incluyendo un chef, gratis. Para el presidente como los ministros el costo del transporte (terrestre, marítimo y hasta aéreo, nacional o extranjero) también es cubierto por el Estado, tanto para el primer mandatario como para su séquito. Fuera de eso están los aviones y helicópteros, y el nutrido séquito.
En el Legislativo, también hay privilegios sancionados por ley. Tienen derecho a exonerar autos, cuentan con beneficios especiales de celular, y sus activos no están sujeto a secuestros ni medidas cautelares. Se les expiden pasaportes diplomáticos. Inclusive a nivel local, gobernadores, alcaldes, representantes de corregimiento y corregidores, disfrutan de privilegios similares, entre los más odiosos figura el derivado de las llamadas leyes de desacato o de insulto, según las cuales, sintiéndose un funcionario con mando y jurisdicción ofendido, puede enviar a la cárcel al autor del agravio sin juicio previo. Al lado de éste, hay otros más pequeños, pero igual de irritantes como tener a su disposición personal carros del gobierno con placa oficial o sin ella, tarifas de servicio público especiales, gasolina, etc. Es el tipo de canonjía y privilegio que debe ser erradicado para que el ideal constitucional que todos somos iguales sea una realidad.
Ninguno, al menos de boca, dice que su aspiración obedece a que desea gozar de los privilegios que implica ostentar estos cargos. Sin embargo, durante su gestión muchos han demostrado que no sólo obtienen la compensación que les corresponde de acuerdo a la ley, sino que también disfrutan y hasta abusan de los privilegios propios de sus cargos. La ciudadanía tiene que aprender a distinguir entre los candidatos interesados en gozar de esos privilegios y aquellos que están genuinamente comprometidos con adoptar, promover y ejecutar políticas que aprovechen a la mayoría de la sociedad y generen el progreso y justicia social que tanto anhelamos.
Aquí no nos referimos a los privilegios reconocidos socialmente, los cuales de por sí son de gran valía. Las deferencias, consideraciones y hasta concesiones que reciben las personalidades políticas del país son considerables. En su lugar, nos referimos exclusivamente a los privilegios sancionados por la ley.
En el Ejecutivo, los privilegios son múltiples. Además de un salario, gastos, viáticos, etc. para nada módicos si se toma en consideración los salarios en la plaza, el Presidente recibe un lugar donde hospedarse, con todo lo que ello implica, a saber, mobiliario, (usualmente de su elección), luz, agua, teléfono, asistentes, escoltas y hasta empleados domésticos, incluyendo un chef, gratis. Para el presidente como los ministros el costo del transporte (terrestre, marítimo y hasta aéreo, nacional o extranjero) también es cubierto por el Estado, tanto para el primer mandatario como para su séquito. Fuera de eso están los aviones y helicópteros, y el nutrido séquito.
En el Legislativo, también hay privilegios sancionados por ley. Tienen derecho a exonerar autos, cuentan con beneficios especiales de celular, y sus activos no están sujeto a secuestros ni medidas cautelares. Se les expiden pasaportes diplomáticos. Inclusive a nivel local, gobernadores, alcaldes, representantes de corregimiento y corregidores, disfrutan de privilegios similares, entre los más odiosos figura el derivado de las llamadas leyes de desacato o de insulto, según las cuales, sintiéndose un funcionario con mando y jurisdicción ofendido, puede enviar a la cárcel al autor del agravio sin juicio previo. Al lado de éste, hay otros más pequeños, pero igual de irritantes como tener a su disposición personal carros del gobierno con placa oficial o sin ella, tarifas de servicio público especiales, gasolina, etc. Es el tipo de canonjía y privilegio que debe ser erradicado para que el ideal constitucional que todos somos iguales sea una realidad.
