Los problemas de la educación y la opinion pública
Comencemos por aclarar una verdad que no admite discusión: una sociedad moderna, desarrollada, se caracteriza fundamentalmente por el rendimiento de las unidades e instituciones que la integran -políticas, educativas, económicas, científicas, etc.- y de los hombres y mujeres que realizan las actividades que ellas implican. Ese rendimiento está condicionado en buena medida por el de los sistemas educativos, dada la responsabilidad que éstos asumen en la preparación de los futuros profesionales y ciudadanos.
La evaluación del rendimiento de la educación y el incremento de su eficacia constituyen hoy dos objetivos de la más alta prioridad en todos los países. La justificación de ello es obvia: la educación como derecho humano y, a la par, como formación de recursos humanos, tiene un valor decisiivo en el plano ético y en el desarrollo económico y social. A ello se agrega el hecho de que los sistemas educativos son ahora empresas de una magnitud extraordinaria por el número de personas a que afectan (una de cada cinco personas de la población de la mayoría de los países está dentro del sistema educativo) y por el volumen de los recursos que se les destinan, que representan alrededor del 20 % del presupuesto total de muchos países.
Por otra parte, es impresionante el desarrollo de la educación en las últimas tres décadas, durante las cuales se ha multiplicado la matrícula en los distintos grados docentes y se ha modificado profundamente la estructura de los sistemas educativos, ha desbordado el marco un tanto estático y las previsiones de la Administración educativa y ha planteado nuevos problemas a la Organización escolar. Las consecuencias de ese movimiento, de esa crisis de la educación, son diversas e importantes. La concepción misma de política educativa (aspecto al que nos hemos referido con harta frecuencia) exige una revisión integral. Se considera que no puede limitarse ya a su cometido tradicional, circunscrito al ámbito institucional escolar, dados los múltiples factores extrainstitucionales que favorecen o dificultan la realización de los planes educativos.
La Administración educativa está experimentando también cambios muy profundos. Estas modificaciones de la Administración educativa afectan tanto a su estructura en la esfera central -Ministerio de Educación- como a sus órganos provinciales y locales. Junto a Servicios tradicionales y de reactualizado valor, como la supervisión, surgen ahora otros nuevos: de planificación, de orientación educativa y profesional, de evaluación, de investigación educativa, de planes y programas y otros más.
En cuanto a la existencia de la opinión pública y su importancia en una sociedad democrática como la nuestra, vale decir, no es un fenómeno de orgien más o menos fortuito y carente de finalidad. Este fenómeno, tan antiguo como el carácter social del hombre, ha sido analizado por sociólogos, quienes han llegado a la conclusión de que la opinión publica es un elemento integrante de todo sistema de convivencia humana, con leyes, relaciones y funciones específicas, determinadas por el tipo de organización social. En tal sentido, se ha estudiado el modo como se forma la opinión pública, los factores que la constituyen en fuerza política, los mecanismos con que opera, los medios con que se la dirige y las técnicas con que se la mide.
En la filosofía del Estado democrático moderno se asigna a la opinión pública una importancia particular como dejamos dicho. Su alcance político es fácil de comprenderse si se considera la relación entre los conceptos de opinión pública y soberanía popular, según aparece ya en Locke, Montesquieu o Rousseau y, sobre todo, en Jefferson. Politólogos como Tocqueville y Lord Bryce indentificaban prácticamente el régimen democrático con el imperio de la opinión pública y estadistas como Abraham Lincolm opinaban que el apoyo de la opinión pública era indispensable al éxito de toda decisión política. Para el Estado democrático, por lo tanto, la opinión pública no signfica exclusivamente una fuerza política que debe esforzarse por controlar, sino también un regulador necesario de su poder y una energía que contribuye a consolidar el sentido nacional.
Pues bien, pocas actividades del Estado hay que interesen tanto a la opinión pública como la educación. Y es que las decisiones mayores en esta materia afectan a los ciudadanos, por lo general, desde múltiples ángulos: como padres de familia, como contribuyentes, como empresarios o trabajadores, como miembro de un grupo religioso, de una asociación de intereses o de un partido político. Por esto, todo ciudadano y ciudadana incorporados activamente a la vida del país, se forma necesariamente una opinión respecto a las soluciones dadas a los problemas educativos. Esas opiniones individuales, en las sociedades democráticas normales y maduras, se integran en la opinión de un grupo social y se consolidan como una corriente de opinión pública.
En Panamá, sin embargo, pareciera que aún nos queda un largo camino por andar en la consolidación de una vigorosa opinión pública sobre los asuntos educativos. Es notorio la actitud indiferente de grupos sociales que debieran opinar, en cuanto tales, sobre semejantes problemas, permanecen al margen de la discusión y dan la impresión de no tener una opinión propia, clara y consistente, que participe en la confrontación dialéctica necesaria a una sociedad democrática.
Son muchos los problemas que afectan hoy el desarrollo normal de la educación en Panamá. Para algunos, la educación panameña en la actualidad es "un desastre"; otros, entendidos en la materia, abogan por una reforma o mejor dicho, por una planificación integral de la educación, es decir, desde la pre-primaria hasta la Universidad. En todo caso, hasta el día en que nuestros problemas educativos sean discutidos públicamente por todos los grupos interesados, con objetividad y la madurez que se merecen, el Estado se enriquecerá con esa discusión y los grupos sociales cumplirán, también en ese aspecto, con la misión que les corresponde en nuestra organización social. Entonces habremos dado un paso adelante hacia un orden educativo estable verdaderamente democrático.
Hasta el momento, la población de riesgo son aquellas personas que permanecen más tiempo durante el día dentro de la casa, en vista de que el mosquito pica mientras existe luz solar y quienes permanecen más tiempo en el hogar son las mujeres, los ancianos y los propios niños, haciéndolos vulnerables.
La Región de Salud de San Miguelito cuenta por el momento con 48 funcionarios de control de vectores y existe un grupo destinado al control de la Malaria y otro contra el mosquito Aedes aegyti, el cual, comparado con el promedio de la población de este distrito, hace falta más personal para reducir los índices de infectación.
La evaluación del rendimiento de la educación y el incremento de su eficacia constituyen hoy dos objetivos de la más alta prioridad en todos los países. La justificación de ello es obvia: la educación como derecho humano y, a la par, como formación de recursos humanos, tiene un valor decisiivo en el plano ético y en el desarrollo económico y social. A ello se agrega el hecho de que los sistemas educativos son ahora empresas de una magnitud extraordinaria por el número de personas a que afectan (una de cada cinco personas de la población de la mayoría de los países está dentro del sistema educativo) y por el volumen de los recursos que se les destinan, que representan alrededor del 20 % del presupuesto total de muchos países.
Por otra parte, es impresionante el desarrollo de la educación en las últimas tres décadas, durante las cuales se ha multiplicado la matrícula en los distintos grados docentes y se ha modificado profundamente la estructura de los sistemas educativos, ha desbordado el marco un tanto estático y las previsiones de la Administración educativa y ha planteado nuevos problemas a la Organización escolar. Las consecuencias de ese movimiento, de esa crisis de la educación, son diversas e importantes. La concepción misma de política educativa (aspecto al que nos hemos referido con harta frecuencia) exige una revisión integral. Se considera que no puede limitarse ya a su cometido tradicional, circunscrito al ámbito institucional escolar, dados los múltiples factores extrainstitucionales que favorecen o dificultan la realización de los planes educativos.
La Administración educativa está experimentando también cambios muy profundos. Estas modificaciones de la Administración educativa afectan tanto a su estructura en la esfera central -Ministerio de Educación- como a sus órganos provinciales y locales. Junto a Servicios tradicionales y de reactualizado valor, como la supervisión, surgen ahora otros nuevos: de planificación, de orientación educativa y profesional, de evaluación, de investigación educativa, de planes y programas y otros más.
En cuanto a la existencia de la opinión pública y su importancia en una sociedad democrática como la nuestra, vale decir, no es un fenómeno de orgien más o menos fortuito y carente de finalidad. Este fenómeno, tan antiguo como el carácter social del hombre, ha sido analizado por sociólogos, quienes han llegado a la conclusión de que la opinión publica es un elemento integrante de todo sistema de convivencia humana, con leyes, relaciones y funciones específicas, determinadas por el tipo de organización social. En tal sentido, se ha estudiado el modo como se forma la opinión pública, los factores que la constituyen en fuerza política, los mecanismos con que opera, los medios con que se la dirige y las técnicas con que se la mide.
En la filosofía del Estado democrático moderno se asigna a la opinión pública una importancia particular como dejamos dicho. Su alcance político es fácil de comprenderse si se considera la relación entre los conceptos de opinión pública y soberanía popular, según aparece ya en Locke, Montesquieu o Rousseau y, sobre todo, en Jefferson. Politólogos como Tocqueville y Lord Bryce indentificaban prácticamente el régimen democrático con el imperio de la opinión pública y estadistas como Abraham Lincolm opinaban que el apoyo de la opinión pública era indispensable al éxito de toda decisión política. Para el Estado democrático, por lo tanto, la opinión pública no signfica exclusivamente una fuerza política que debe esforzarse por controlar, sino también un regulador necesario de su poder y una energía que contribuye a consolidar el sentido nacional.
Pues bien, pocas actividades del Estado hay que interesen tanto a la opinión pública como la educación. Y es que las decisiones mayores en esta materia afectan a los ciudadanos, por lo general, desde múltiples ángulos: como padres de familia, como contribuyentes, como empresarios o trabajadores, como miembro de un grupo religioso, de una asociación de intereses o de un partido político. Por esto, todo ciudadano y ciudadana incorporados activamente a la vida del país, se forma necesariamente una opinión respecto a las soluciones dadas a los problemas educativos. Esas opiniones individuales, en las sociedades democráticas normales y maduras, se integran en la opinión de un grupo social y se consolidan como una corriente de opinión pública.
En Panamá, sin embargo, pareciera que aún nos queda un largo camino por andar en la consolidación de una vigorosa opinión pública sobre los asuntos educativos. Es notorio la actitud indiferente de grupos sociales que debieran opinar, en cuanto tales, sobre semejantes problemas, permanecen al margen de la discusión y dan la impresión de no tener una opinión propia, clara y consistente, que participe en la confrontación dialéctica necesaria a una sociedad democrática.
Son muchos los problemas que afectan hoy el desarrollo normal de la educación en Panamá. Para algunos, la educación panameña en la actualidad es "un desastre"; otros, entendidos en la materia, abogan por una reforma o mejor dicho, por una planificación integral de la educación, es decir, desde la pre-primaria hasta la Universidad. En todo caso, hasta el día en que nuestros problemas educativos sean discutidos públicamente por todos los grupos interesados, con objetividad y la madurez que se merecen, el Estado se enriquecerá con esa discusión y los grupos sociales cumplirán, también en ese aspecto, con la misión que les corresponde en nuestra organización social. Entonces habremos dado un paso adelante hacia un orden educativo estable verdaderamente democrático.
Hasta el momento, la población de riesgo son aquellas personas que permanecen más tiempo durante el día dentro de la casa, en vista de que el mosquito pica mientras existe luz solar y quienes permanecen más tiempo en el hogar son las mujeres, los ancianos y los propios niños, haciéndolos vulnerables.
La Región de Salud de San Miguelito cuenta por el momento con 48 funcionarios de control de vectores y existe un grupo destinado al control de la Malaria y otro contra el mosquito Aedes aegyti, el cual, comparado con el promedio de la población de este distrito, hace falta más personal para reducir los índices de infectación.
