Los profetas del Apocalipsis
Frente al reciente informe del gobierno de los Estados Unidos en el que se califica negativamente al sistema judicial panameño, como expuse en el artículo "Las evaluaciones unilaterales", pueden adoptarse dos posiciones: la primera, y la correcta, es rechazarlo de plano, por razones de principio; la segunda, la que han asumido los eternos profetas del Apocalipsis es hacerle eco, por cuanto condena a un sector del gobierno, en este caso el Organo Judicial, y eso le conviene a los eternos detractores de todo cuanto haga o diga el sector oficial, especialmente si consideran que puede servirle a sus propósitos electorales.
Rechazar, por principio, las evaluaciones unilaterales es lo correcto. Ningún Estado tiene el derecho a convertirse en juez unilateral de los demás, sobre todo cuando la comunidad internacional ha avanzado en la creación de mecanismos de evaluación colectiva, como son el MEM, la instancia de evaluación multilateral para revisar el comportamiento de los países en la lucha contra las drogas o el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, para citar sólo dos casos. Y esta posición de principio debe adoptarse con absoluta prescindencia del contenido de las evaluaciones unilaterales. No se trata de si nos favorecen o desfavorecen; se trata de que son un anacronismo inaceptable.
Hacer eco a los informes producto de evaluaciones unilaterales es, en primer lugar, reconocerle a otro país el derecho de juzgarnos y, en segundo lugar, echar marcha atrás o tirar por la borda la significativa conquista que ha representado la instauración de los mecanismos multilaterales de evaluación. No tiene justificación, ni siquiera como sustento de aspiraciones políticas, aprobar, y menos celebrar, que otro país nos haya calificado mal.
En ocasiones anteriores, he señalado como contrarias al interés nacional, inclinaciones políticas aparte, algunas conductas y enjuiciamientos provenientes de sectores internos que parecen empeñarse en presentarnos de la manera más negativa.
Si sólo existiera la cuarta parte del caos que esos profetas del Apocalipsis retratan en sus visiones dantescas, nuestro país ya estaría hechos trizas. Una revisión comparativa del entorno latinoamericano, para no ir muy lejos, demostraría que Panamá está muy por delante, económica y socialmente hablando, que la mayoría de nuestros hermanos del continente. Desde luego que eso no debe servirnos de consuelo, pero es injusto y carente de objetividad que, intencionadamente, no se reconozca.
Tal vez quienes han hecho de su permanente afán destructivo una cuasi religión esperen, o que el pueblo los reconozca como los árbitros de los destinos nacionales o que les sirva de plataforma política electoral. Creo que ninguna de esas expectativas se cumplirá. Esa bandera, al igual que ocurrirá con la oposición que han montado contra las reformas tributarias, se quedará gradualmente sin sustento. Y las razones son fáciles de explicar.
La posición adoptada por el gobierno panameño, pero especialmente por el presidente de la Corte Suprema de rechazar una injerencia inaceptable, se fundamenta en razones de principio de validez absoluta, y el ciudadano sensato lo entenderá sí; igual que entenderá, cuando reciba el cheque de su salario, que lo que se le descontaba por concepto de Impuesto sobre la Renta ha desaparecido de su talonario, porque ahora toda persona que reciba ingresos de hasta B/.800.00 estará exonerada de ese gravamen. En una democracia, la oposición tiene el derecho de criticar lo que le venga en gana, pero no debe olvidar que cuando escoge blancos inconsistentes el efecto puede ser contraproducente.
Rechazar, por principio, las evaluaciones unilaterales es lo correcto. Ningún Estado tiene el derecho a convertirse en juez unilateral de los demás, sobre todo cuando la comunidad internacional ha avanzado en la creación de mecanismos de evaluación colectiva, como son el MEM, la instancia de evaluación multilateral para revisar el comportamiento de los países en la lucha contra las drogas o el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, para citar sólo dos casos. Y esta posición de principio debe adoptarse con absoluta prescindencia del contenido de las evaluaciones unilaterales. No se trata de si nos favorecen o desfavorecen; se trata de que son un anacronismo inaceptable.
Hacer eco a los informes producto de evaluaciones unilaterales es, en primer lugar, reconocerle a otro país el derecho de juzgarnos y, en segundo lugar, echar marcha atrás o tirar por la borda la significativa conquista que ha representado la instauración de los mecanismos multilaterales de evaluación. No tiene justificación, ni siquiera como sustento de aspiraciones políticas, aprobar, y menos celebrar, que otro país nos haya calificado mal.
En ocasiones anteriores, he señalado como contrarias al interés nacional, inclinaciones políticas aparte, algunas conductas y enjuiciamientos provenientes de sectores internos que parecen empeñarse en presentarnos de la manera más negativa.
Si sólo existiera la cuarta parte del caos que esos profetas del Apocalipsis retratan en sus visiones dantescas, nuestro país ya estaría hechos trizas. Una revisión comparativa del entorno latinoamericano, para no ir muy lejos, demostraría que Panamá está muy por delante, económica y socialmente hablando, que la mayoría de nuestros hermanos del continente. Desde luego que eso no debe servirnos de consuelo, pero es injusto y carente de objetividad que, intencionadamente, no se reconozca.
Tal vez quienes han hecho de su permanente afán destructivo una cuasi religión esperen, o que el pueblo los reconozca como los árbitros de los destinos nacionales o que les sirva de plataforma política electoral. Creo que ninguna de esas expectativas se cumplirá. Esa bandera, al igual que ocurrirá con la oposición que han montado contra las reformas tributarias, se quedará gradualmente sin sustento. Y las razones son fáciles de explicar.
La posición adoptada por el gobierno panameño, pero especialmente por el presidente de la Corte Suprema de rechazar una injerencia inaceptable, se fundamenta en razones de principio de validez absoluta, y el ciudadano sensato lo entenderá sí; igual que entenderá, cuando reciba el cheque de su salario, que lo que se le descontaba por concepto de Impuesto sobre la Renta ha desaparecido de su talonario, porque ahora toda persona que reciba ingresos de hasta B/.800.00 estará exonerada de ese gravamen. En una democracia, la oposición tiene el derecho de criticar lo que le venga en gana, pero no debe olvidar que cuando escoge blancos inconsistentes el efecto puede ser contraproducente.
