Los restos de Punta Barco
Nadie sabe cómo llegaron pero allí están. Los restos óseos pertenecen a cuatro personas y a parte de una quinta. Se cuenta que fueron hallados en forma casual, mientras se hacía una excavación con otro propósito en un lote de terreno privado en Punta Barco. Fuentes cercanas a la Comisión de la Verdad, indican que el mismo perteneció a gente allegada al general Noriega, que ha sido plenamente identificada, pero que se encuentra en Estados Unidos. Al menos una de ellas está siendo enjuiciada por un Tribunal de Florida. Nada tienen que ver los nuevos propietarios, de ulterior data.
Pero ya empezó de nuevo el forcejeo entre miembros de la Comisión de la Verdad, que fueron los primeros en llegar al sitio, y del Ministerio Público. Los últimos acordonaron el área mientras preparan su propia pesquisa, mientras que los primeros se sienten excluidos. Es el problema típico de crear organismos paralelos para hacer la misma cosa, sin pensar en la coordinación. Cuando concurren, se dan de codos, en disputa de competencias. La Comisión es creación del Ejecutivo y el Ministerio Público es creación constitucional, encargada de investigar los delitos.
En teoría, debieran trabajar conjuntamente, evitando duplicidades de esfuerzos y recursos. Y de hecho podrían hacerlo. Pero hay una obvia desconfianza entre los dos. No tenemos duda que, de ambos, debe prevalecer el Ministerio Público, por la razón constitucional apuntada. Sabemos, sin embargo que las dos tienen sus limitaciones. No hay en nuestro medio ni un solo antropólogo con capacidad y medios suficientes para identificar adecuadamente los restos. Hay que traerlos de afuera.
Quizás el doctor Pachar, de la Medicatura Forense, es quien puede llegar más lejos, a precisar acaso el sexo, la edad, el tiempo. Pero no más que eso. El doctor Mas, del mismo instituto puede añadir algunos otros elementos. Pero lo que se necesita excede con creces las posibilidades de ambos. Adrián Mora, quien trabaja para la Comisión de la Verdad, puede desenterrar huesos y asegurarlos, pero no más que eso. Hace falta un laboratorio, que existe en Panamá, capaz de extraer muestras de ADN.
La misma Comisión, que no el Ministerio Público, tiene un banco de ADN de casi todos los desaparecidos. Es cuestión de enviar las nuevas muestras al extranjero y confrontarlas con las que tiene la Comisión. Pero es costoso. Cada nuevo mapa de ADN cuesta arriba de B/.20 mil y en Panamá no hay nadie que sepa elaborarlo. Por eso, insistimos en que ambos organismos deben colaborar entre sí.
Se acusa a los miembros de la Comisión de la Verdad de gastar mucho y hacer poco. Se maneja una planilla, carro, chofer, oficinas, dietas y fondos crecientes. Es posible que las comodidades hayan desviado el interés de los comisionados de su misión original, convirtiendo su funcionamiento en un objetivo en sí mismo, con poco que ver con las excavaciones y los desaparecidos. La mayoría de los comisionados originales se fueron. Y razones poderosas tenían para hacerlo.
En fin, la Comisión de la Verdad debe ser reestructurada de modo que recobre sus bríos y fe pública originales y pueda funcionar en forma separada pero en coordinación con el Ministerio Público el cual, a su vez, ha de prestarle plena colaboración sin sacrificar sus propias investigaciones oficiales.
Pero ya empezó de nuevo el forcejeo entre miembros de la Comisión de la Verdad, que fueron los primeros en llegar al sitio, y del Ministerio Público. Los últimos acordonaron el área mientras preparan su propia pesquisa, mientras que los primeros se sienten excluidos. Es el problema típico de crear organismos paralelos para hacer la misma cosa, sin pensar en la coordinación. Cuando concurren, se dan de codos, en disputa de competencias. La Comisión es creación del Ejecutivo y el Ministerio Público es creación constitucional, encargada de investigar los delitos.
En teoría, debieran trabajar conjuntamente, evitando duplicidades de esfuerzos y recursos. Y de hecho podrían hacerlo. Pero hay una obvia desconfianza entre los dos. No tenemos duda que, de ambos, debe prevalecer el Ministerio Público, por la razón constitucional apuntada. Sabemos, sin embargo que las dos tienen sus limitaciones. No hay en nuestro medio ni un solo antropólogo con capacidad y medios suficientes para identificar adecuadamente los restos. Hay que traerlos de afuera.
Quizás el doctor Pachar, de la Medicatura Forense, es quien puede llegar más lejos, a precisar acaso el sexo, la edad, el tiempo. Pero no más que eso. El doctor Mas, del mismo instituto puede añadir algunos otros elementos. Pero lo que se necesita excede con creces las posibilidades de ambos. Adrián Mora, quien trabaja para la Comisión de la Verdad, puede desenterrar huesos y asegurarlos, pero no más que eso. Hace falta un laboratorio, que existe en Panamá, capaz de extraer muestras de ADN.
La misma Comisión, que no el Ministerio Público, tiene un banco de ADN de casi todos los desaparecidos. Es cuestión de enviar las nuevas muestras al extranjero y confrontarlas con las que tiene la Comisión. Pero es costoso. Cada nuevo mapa de ADN cuesta arriba de B/.20 mil y en Panamá no hay nadie que sepa elaborarlo. Por eso, insistimos en que ambos organismos deben colaborar entre sí.
Se acusa a los miembros de la Comisión de la Verdad de gastar mucho y hacer poco. Se maneja una planilla, carro, chofer, oficinas, dietas y fondos crecientes. Es posible que las comodidades hayan desviado el interés de los comisionados de su misión original, convirtiendo su funcionamiento en un objetivo en sí mismo, con poco que ver con las excavaciones y los desaparecidos. La mayoría de los comisionados originales se fueron. Y razones poderosas tenían para hacerlo.
En fin, la Comisión de la Verdad debe ser reestructurada de modo que recobre sus bríos y fe pública originales y pueda funcionar en forma separada pero en coordinación con el Ministerio Público el cual, a su vez, ha de prestarle plena colaboración sin sacrificar sus propias investigaciones oficiales.
