Los rostros de la corrupción
Cada vez que me he referido a la Corrupción en esta página de Opinión de "El Panamá América", me ha guiado el propósito de contribuir a la reflexión, al análisis y a la adopción por las autoridades de medidas para erradicar un problema que afecta profundamente a la sociedad panameña. Sin embargo, la Corrupción aparece día a día con variados rostros que muestran su naturaleza proteica, sus dimensiones crecientes y no pasa un día sin que se produzcan hechos concretos que dan base para afirmar que los personeros del Estado parecen vagar errantes por un camino que puede conducir al despeñadero a nuestras instituciones republicanas.
No me refiero de manera singular a los órganos del poder público, porque sería tanto como atribuirle a éstos la exclusiva responsabilidad. Estaría el país afectado de una total ceguera para no ver que las causas y los efectos de la Corrupción campean en la vida de la sociedad en su conjunto. Pero cuando la Corrupción alcanza la presencia aberrante que tiene en nuestro país, más vale no olvidar que la responsabilidad humana en una sociedad organizada exige que los gobernantes encabecen las acciones, cuyos efectos puedan alcanzar a todos los sectores de la Nación.
Es sintomático que la semana pasada diversos órganos de opinión destacaran los altos niveles de percepción en la ciudadanía sobre la Corrupción. Las reacciones provienen tanto del sector público como del sector privado. Se menciona, por ejemplo, que el canciller José Miguel Alemán afirmó que "la Corrupción es "intolerable", y que ubicó este fenómeno entre los mayores peligros que atentan contra el sistema democrático". Las publicaciones de la prensa local indican que el ministro Alemán "reconoció, asimismo, que la actual administración hace esfuerzos encaminados a luchar contra este flagelo, aunque estimó igualmente que tenemos que esforzarnos más para borrar esa percepción que le hace daño a nuestro país".
En la misma línea de pensamiento, Víctor Juliao, Ministro de Gobierno y Justicia, "estimó que la Corrupción es un problema de toda la humanidad, y afirmó, de igual manera, que el Gobierno adopta medidas dirigidas a contrarrestarla". Recalcó que "si la Corrupción existe desde los tiempos bíblicos, cómo no va a existir en la actualidad".
Ante la situación planteada, cobra vigencia el diagnóstico de Bourdaloue al sostener que "El gran recurso del pecador es la conciencia recta y sana que, incluso, cometiendo el pecado, lo condena y lo reconoce como pecado".
En diferentes órganos de opinión se registran comentarios como los siguientes: "La lista de la galería de instituciones corruptas la encabeza la Asamblea Legislativa". Refiriéndose a la encuesta encargada por el diario La Prensa a la consultora LatiNetwork Dichter & Neira, se divulga que en el índice de la Corrupción "casi el 90% de los encuestados le otorgó el primer lugar a la Asamblea Legislativa". La misma fuente en su Catálogo de la Corrupción, señala que después de la Asamblea Legislativa, los partidos políticos le siguen en turno "con casi 89% de las preferencias". También se afirma que "El poder judicial sigue a las agrupaciones políticas" y se registra que "el 73% de los encuestados manifiestan tener la impresión de que el Órgano Judicial es corrupto".
De la misma manera que no es apropiado poner sobre los integrantes de los Órganos del Gobierno toda la carga de responsabilidad, también es ocioso decir y repetir que siempre y en todas partes ha habido Corrupción, ni tampoco aseverar cómodamente, que la creciente conciencia de la Corrupción es debida al papel que en esa toma de conciencia juegan los medios de información y de comunicación. De otra parte cabe señalar, que insistir en remitirse al pasado para minimizar la Corrupción contemporánea es ocioso y falaz, porque lo que importa en este tema es la gestión correcta del presente y la mira de construir el futuro previniendo y resguardándose de los vicios y errores que lo comprometen.
Esa preocupación por el presente y por el futuro debe conducirnos a todos los panameños y las panameñas a considerar y atacar los problemas de la Corrupción en su doble carácter político y moral. Cuando ese doble carácter es apropiadamente percibido, se tiene entonces conciencia de que no podemos defendernos si no advertimos o somos advertidos sobre los males que entraña la Corrupción. En este sentido, cada vez que los gobernantes minimizan o dan la espalda a los problemas de la Corrupción están actuando de una forma suicida.
Todos los días hay signos de que la clase política está perdiendo la confianza de la ciudadanía. Sabemos que los mensajes que recibe el cerebro por vía del sistema nervioso son los que permiten tener conciencia del dolor físico. Por analogía, si el cerebro de una sociedad -y se presume que los personeros de los órganos de poder participan de una función cognoscitiva importante- si ese cerebro- repetimos- está atrofiado, entonces el cuerpo puede padecer de toda suerte de malestares, incluso de grandes trastornos y patologías sin que se tome conciencia del mal y sin que puedan tomarse las medidas para remediarlos.
Noticias del malestar no son lo que falta en Panamá con relación a la Corrupción. Lo que está faltando es voluntad firme y fortaleza moral para reaccionar adecuadamente y atacar frontalmente tanto las causas como a los autores, cómplices y encubridores de la Corrupción. Como -lo resaltan todas las encuestas- quienes ejercen el poder son objeto de las críticas y de la desconfianza de la ciudadanía acerca de la Corrupción. Creo que nunca como hoy tanto la Primera Mandataria que ocupa la Presidencia de la República como los legisladores que componen la Asamblea Legislativa están comprometidos a recordar todos los días que ellos son los que detentan la legitimidad que les da el voto popular, para que el ejercicio de su mandato responda a los fines superiores que conforman la estabilidad institucional y el progreso general de la Nación. Si ellos, representantes de la voluntad popular no empiezan pronto a dar señales de que son capaces de liderar la lucha limpia, clara y transparente contra la Corrupción, ajustándose a los principios morales que básicamente viven en la conciencia del pueblo, estarían poniendo a la misma democracia en peligro. Cuando el pueblo encara con insatisfacción a sus representantes, se da la figura extraña y enferma, de una democracia que desconfía y se recrimina a sí misma, y que sólo puede prevalecer mediante la aplicación, de la transparencia en la gestión pública en forma coherente, constante y sostenida.
La transparencia que invoco no es una palabra hueca. Es un concepto que tiene significación política y moral. Es la transparencia definida por ley de la República como el "Deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos." (Artículo 1, numerales 3 y 13. Ley No.6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones. G.O. No.2476, enero 23 de 2002)
Esta definición política consignada en una ley que no se puede dejar que se convierta en letra muerta, se complementa certeramente por el Legislador al encuadrar la transparencia en la gestión pública bajo el predominio de la Ética, que se concreta en la Ley 6 como el "Conjunto de reglas, principios y modelos de conducta que responden a criterios de corrección y de racionalidad que se identifican como un Código de Buen Gobierno."
Creo que para triunfar en una etapa inicial de la guerra contra la Corrupción, es esencial e imperativo que en todas las esferas del poder público -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se emplee el arma de la transparencia que es, sin duda, la mejor vacuna y el mejor remedio contra el cáncer de la Corrupción.
Arias Calderón negó que haya ordenado intervención alguna, a la vez que informó que el procurador en su momento ordenó la intervención telefónica en el caso del nieto del coronel Marcos Justine, quien fue secuestrado y asesinado.
El Gobierno ha señalado a Aristides Valdonedo como uno de los responsables de falsificar el documento con la lista de personas a quienes supuestamente la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, ordenó pinchar los teléfonos. Arias Calderón no cree que Valdonedo tenga alguna responsabilidad en este caso, además de que a su juicio, el Gobierno no ha mostrado ni siquiera indicios de que esa aseveración sea válida.
Dio a conocer que existe un Decreto de mayo de 1991, firmado por Guillermo Endara, sobre las actividades del Consejo Nacional de Seguridad. En él se prohíben a este organismos 14 medidas y la primera de ellas es, precisamente, la intercepción de los teléfonos para espionaje político.
Le parece extraña la actitud de los legisladores oficialistas, quienes rechazaron la creación de una comisión que investigara el caso de los pinchazos telefónicos. "Esa es una mala señal", que no contribuye a la tranquilidad de la población, indicó.
Dijo no saber si el Gobierno tiene equipos para espionaje telefónico, aunque sabe que sí se ha usado, especialmente durante la época de las Fuerzas de Defensa. Todo ese equipo fue a parar a manos de Estados Unidos después de la intervención norteamericana en 1989. Por ahora teme que las autoridades permitan que el tema se diluya.
El ex coronel y ex jefe del G-2 de las extintas Fuerzas de Defensa, Roberto Díaz Herrera, acepta que en la época de gobierno militar se practicó el espionaje telefónico.
222Panamá tiene tecnología donada por países amigos que es usada por el Consejo Nacional de Seguridad, organismo que hace el trabajo de vigilancia y de inteligencia en comunicaciones.
Sin embargo, aseguró que nunca vio cómo se hizo este tipo de espionaje, pese a que la ciudadanía sabía en aquel entonces que el G-2 realizaba labores de inteligencia del Estado.
Señaló que es difícil probar que el gobierno pinche teléfonos, pero informó que éste maneja este tipo de espionaje para saber qué hacen sus adversarios políticos, al igual que en su momento lo hizo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Sobre la validez del documento supuestamente firmado por la ministra Young, dijo tener sus dudas porque siendo el espionaje telefónico prohibido por ley, difícilmente un ministro emita un documento con su firma solicitando una práctica que está reglamentada.
Señaló que la clase política panameña sabe que el espionaje político se da y por eso los políticos son muy parcos en sus comentarios cuando hablan por teléfono.
Tanto conocimiento tienen los políticos sobre el tema, que José Manuel Terán, ex ministro de Salud del gobierno de Mireya Moscoso, no se confió y compró en Estados Unidos un equipo para evitar que sus conversaciones sean escuchadas.
Terán informó a El Panamá América que el costo de ese equipo fue de 600 dólares y que lo instaló en su residencia porque tenía sospechas de que era espiado desde hace tiempo.
Cuando la línea es intervenida, informó, el aparato hace que se corte de inmediato la comunicación. Se mostró preocupado porque cualquier persona, con acceso a tecnología de punta, puede hacer que un documento enviado por fax aparezca con el número de cualquier persona e involucrarla en situaciones como la que ahora está en el tapete. Con sólo ir al panel, se puede interceptar la línea telefónica, y eso es preocupante, resaltó.
No me refiero de manera singular a los órganos del poder público, porque sería tanto como atribuirle a éstos la exclusiva responsabilidad. Estaría el país afectado de una total ceguera para no ver que las causas y los efectos de la Corrupción campean en la vida de la sociedad en su conjunto. Pero cuando la Corrupción alcanza la presencia aberrante que tiene en nuestro país, más vale no olvidar que la responsabilidad humana en una sociedad organizada exige que los gobernantes encabecen las acciones, cuyos efectos puedan alcanzar a todos los sectores de la Nación.
Es sintomático que la semana pasada diversos órganos de opinión destacaran los altos niveles de percepción en la ciudadanía sobre la Corrupción. Las reacciones provienen tanto del sector público como del sector privado. Se menciona, por ejemplo, que el canciller José Miguel Alemán afirmó que "la Corrupción es "intolerable", y que ubicó este fenómeno entre los mayores peligros que atentan contra el sistema democrático". Las publicaciones de la prensa local indican que el ministro Alemán "reconoció, asimismo, que la actual administración hace esfuerzos encaminados a luchar contra este flagelo, aunque estimó igualmente que tenemos que esforzarnos más para borrar esa percepción que le hace daño a nuestro país".
En la misma línea de pensamiento, Víctor Juliao, Ministro de Gobierno y Justicia, "estimó que la Corrupción es un problema de toda la humanidad, y afirmó, de igual manera, que el Gobierno adopta medidas dirigidas a contrarrestarla". Recalcó que "si la Corrupción existe desde los tiempos bíblicos, cómo no va a existir en la actualidad".
Ante la situación planteada, cobra vigencia el diagnóstico de Bourdaloue al sostener que "El gran recurso del pecador es la conciencia recta y sana que, incluso, cometiendo el pecado, lo condena y lo reconoce como pecado".
En diferentes órganos de opinión se registran comentarios como los siguientes: "La lista de la galería de instituciones corruptas la encabeza la Asamblea Legislativa". Refiriéndose a la encuesta encargada por el diario La Prensa a la consultora LatiNetwork Dichter & Neira, se divulga que en el índice de la Corrupción "casi el 90% de los encuestados le otorgó el primer lugar a la Asamblea Legislativa". La misma fuente en su Catálogo de la Corrupción, señala que después de la Asamblea Legislativa, los partidos políticos le siguen en turno "con casi 89% de las preferencias". También se afirma que "El poder judicial sigue a las agrupaciones políticas" y se registra que "el 73% de los encuestados manifiestan tener la impresión de que el Órgano Judicial es corrupto".
De la misma manera que no es apropiado poner sobre los integrantes de los Órganos del Gobierno toda la carga de responsabilidad, también es ocioso decir y repetir que siempre y en todas partes ha habido Corrupción, ni tampoco aseverar cómodamente, que la creciente conciencia de la Corrupción es debida al papel que en esa toma de conciencia juegan los medios de información y de comunicación. De otra parte cabe señalar, que insistir en remitirse al pasado para minimizar la Corrupción contemporánea es ocioso y falaz, porque lo que importa en este tema es la gestión correcta del presente y la mira de construir el futuro previniendo y resguardándose de los vicios y errores que lo comprometen.
Esa preocupación por el presente y por el futuro debe conducirnos a todos los panameños y las panameñas a considerar y atacar los problemas de la Corrupción en su doble carácter político y moral. Cuando ese doble carácter es apropiadamente percibido, se tiene entonces conciencia de que no podemos defendernos si no advertimos o somos advertidos sobre los males que entraña la Corrupción. En este sentido, cada vez que los gobernantes minimizan o dan la espalda a los problemas de la Corrupción están actuando de una forma suicida.
Todos los días hay signos de que la clase política está perdiendo la confianza de la ciudadanía. Sabemos que los mensajes que recibe el cerebro por vía del sistema nervioso son los que permiten tener conciencia del dolor físico. Por analogía, si el cerebro de una sociedad -y se presume que los personeros de los órganos de poder participan de una función cognoscitiva importante- si ese cerebro- repetimos- está atrofiado, entonces el cuerpo puede padecer de toda suerte de malestares, incluso de grandes trastornos y patologías sin que se tome conciencia del mal y sin que puedan tomarse las medidas para remediarlos.
Noticias del malestar no son lo que falta en Panamá con relación a la Corrupción. Lo que está faltando es voluntad firme y fortaleza moral para reaccionar adecuadamente y atacar frontalmente tanto las causas como a los autores, cómplices y encubridores de la Corrupción. Como -lo resaltan todas las encuestas- quienes ejercen el poder son objeto de las críticas y de la desconfianza de la ciudadanía acerca de la Corrupción. Creo que nunca como hoy tanto la Primera Mandataria que ocupa la Presidencia de la República como los legisladores que componen la Asamblea Legislativa están comprometidos a recordar todos los días que ellos son los que detentan la legitimidad que les da el voto popular, para que el ejercicio de su mandato responda a los fines superiores que conforman la estabilidad institucional y el progreso general de la Nación. Si ellos, representantes de la voluntad popular no empiezan pronto a dar señales de que son capaces de liderar la lucha limpia, clara y transparente contra la Corrupción, ajustándose a los principios morales que básicamente viven en la conciencia del pueblo, estarían poniendo a la misma democracia en peligro. Cuando el pueblo encara con insatisfacción a sus representantes, se da la figura extraña y enferma, de una democracia que desconfía y se recrimina a sí misma, y que sólo puede prevalecer mediante la aplicación, de la transparencia en la gestión pública en forma coherente, constante y sostenida.
La transparencia que invoco no es una palabra hueca. Es un concepto que tiene significación política y moral. Es la transparencia definida por ley de la República como el "Deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos." (Artículo 1, numerales 3 y 13. Ley No.6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones. G.O. No.2476, enero 23 de 2002)
Esta definición política consignada en una ley que no se puede dejar que se convierta en letra muerta, se complementa certeramente por el Legislador al encuadrar la transparencia en la gestión pública bajo el predominio de la Ética, que se concreta en la Ley 6 como el "Conjunto de reglas, principios y modelos de conducta que responden a criterios de corrección y de racionalidad que se identifican como un Código de Buen Gobierno."
Creo que para triunfar en una etapa inicial de la guerra contra la Corrupción, es esencial e imperativo que en todas las esferas del poder público -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se emplee el arma de la transparencia que es, sin duda, la mejor vacuna y el mejor remedio contra el cáncer de la Corrupción.
Arias Calderón negó que haya ordenado intervención alguna, a la vez que informó que el procurador en su momento ordenó la intervención telefónica en el caso del nieto del coronel Marcos Justine, quien fue secuestrado y asesinado.
El Gobierno ha señalado a Aristides Valdonedo como uno de los responsables de falsificar el documento con la lista de personas a quienes supuestamente la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, ordenó pinchar los teléfonos. Arias Calderón no cree que Valdonedo tenga alguna responsabilidad en este caso, además de que a su juicio, el Gobierno no ha mostrado ni siquiera indicios de que esa aseveración sea válida.
Dio a conocer que existe un Decreto de mayo de 1991, firmado por Guillermo Endara, sobre las actividades del Consejo Nacional de Seguridad. En él se prohíben a este organismos 14 medidas y la primera de ellas es, precisamente, la intercepción de los teléfonos para espionaje político.
Le parece extraña la actitud de los legisladores oficialistas, quienes rechazaron la creación de una comisión que investigara el caso de los pinchazos telefónicos. "Esa es una mala señal", que no contribuye a la tranquilidad de la población, indicó.
Dijo no saber si el Gobierno tiene equipos para espionaje telefónico, aunque sabe que sí se ha usado, especialmente durante la época de las Fuerzas de Defensa. Todo ese equipo fue a parar a manos de Estados Unidos después de la intervención norteamericana en 1989. Por ahora teme que las autoridades permitan que el tema se diluya.
El ex coronel y ex jefe del G-2 de las extintas Fuerzas de Defensa, Roberto Díaz Herrera, acepta que en la época de gobierno militar se practicó el espionaje telefónico.
222Panamá tiene tecnología donada por países amigos que es usada por el Consejo Nacional de Seguridad, organismo que hace el trabajo de vigilancia y de inteligencia en comunicaciones.
Sin embargo, aseguró que nunca vio cómo se hizo este tipo de espionaje, pese a que la ciudadanía sabía en aquel entonces que el G-2 realizaba labores de inteligencia del Estado.
Señaló que es difícil probar que el gobierno pinche teléfonos, pero informó que éste maneja este tipo de espionaje para saber qué hacen sus adversarios políticos, al igual que en su momento lo hizo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Sobre la validez del documento supuestamente firmado por la ministra Young, dijo tener sus dudas porque siendo el espionaje telefónico prohibido por ley, difícilmente un ministro emita un documento con su firma solicitando una práctica que está reglamentada.
Señaló que la clase política panameña sabe que el espionaje político se da y por eso los políticos son muy parcos en sus comentarios cuando hablan por teléfono.
Tanto conocimiento tienen los políticos sobre el tema, que José Manuel Terán, ex ministro de Salud del gobierno de Mireya Moscoso, no se confió y compró en Estados Unidos un equipo para evitar que sus conversaciones sean escuchadas.
Terán informó a El Panamá América que el costo de ese equipo fue de 600 dólares y que lo instaló en su residencia porque tenía sospechas de que era espiado desde hace tiempo.
Cuando la línea es intervenida, informó, el aparato hace que se corte de inmediato la comunicación. Se mostró preocupado porque cualquier persona, con acceso a tecnología de punta, puede hacer que un documento enviado por fax aparezca con el número de cualquier persona e involucrarla en situaciones como la que ahora está en el tapete. Con sólo ir al panel, se puede interceptar la línea telefónica, y eso es preocupante, resaltó.
