Los salarios de los educadores
Ojalá el gobierno Martinelli se atreva a asumir la tarea, largamente pendiente, de establecer una clasificación científica de los cargos del Estado y de adoptar su necesario complemento: una Ley General de Salarios. Existen varias leyes especiales que regulan profesiones y fijan los salarios que deben recibir cuando prestan sus servicios al Estado; pero eso no es suficiente. El tema deber ser abordado de manera general y comprensiva. Todos los funcionarios al servicio del Estado deben estar debidamente clasificados, con sus correspondientes remuneraciones, que contemplen salarios básicos y escalas progresivas de aumentos, determinados por factores como la antigüedad, el rendimiento y la superación profesional, para eliminar las injustas desigualdades que ahora existen y de la que son, quizá, el ejemplo más dramático los educadores, cuyos sueldos, comparados con los de otros profesionales en la Administración Pública, son absolutamente desproporcionados.
Los gremios docentes han vuelto a demandar que se revisen sus remuneraciones. La respuesta del gobierno ha sido negativa y para fundamentar su rechazo alega que los educadores “antes que pedir aumentos de salarios deben demostrar, primero, cómo están contribuyendo al mejoramientos de la educación”. Ese argumento, que viene siendo repetido insistentemente por los rectores del sistema educativo, y al que hacen eco otros sectores y muchos medios de comunicación, no es objetivo ni justo. Aceptarlo es igual a decir que los educadores son los únicos responsables del estado de la educación pública y que, por consiguiente, hay que penalizarlos como si lo fueran. La responsabilidad por el estado actual de la educación pública panameña, es principalmente de quienes han dirigido el gobierno y más específicamente, del ministerio de Educación.
So pretexto de que sus bajas remuneraciones eran un obstáculo para una más decidida y motivada acción policial en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, el gobierno actual aprobó otorgar aumentos retroactivos a todos los miembros de la Fuerza Pública, que suman más de 16,000, incluyendo a sus más altos responsables, los comisionados y subcomisionados, que no son precisamente los que arriesgan sus vidas, por montos de hasta 1,000 balboas mensuales. Salvo por el monto exagerado y hasta absurdo de éstos últimos, creo que incentivar a los “policías de a pie” fue una medida acertada.
El fundamento de los aumentos concedidos a los policías es que era necesario para incentivarles “a trabajar mejor”. Pero, si era válido para la Policía ¿porqué no lo es cuando se trata de los educadores, cuyas remuneraciones, si se comparan con las de otros servidores del Estado son, proporcionalmente, de las menores.
Insisto, querer culpar a los educadores de todos los males de la educación panameña es una actitud escapista y evasiva del gobierno y castigarles cuando demandan aumentos que son justos, con la excusa de que primero deben rendir más, es aplicar diferentes raseros, que son, como mínimo, carentes de la más elemental lógica.
