Los salarios en el Estado
Así como un sueldo alto nunca hará honesto a un pillo, un sueldo bajo no atraerá a los honestos al servicio del Estado. Los sueldos del Estado requieren ser regulados mediante una Ley General de Sueldos que establezca un sistema lógico, equitativo y competitivo para la remuneración de sus servidores. Lógico, porque debe haber coherencia entre el nivel de responsabilidad, la complejidad o especialidad, y los méritos o logros acumulados, con el salario y los otros beneficios que el funcionario debe recibir.
Equitativo porque dos personas en condiciones similares no deben tener diferencias significativas entre sus respectivas remuneraciones, porque un funcionario de inferior jerarquía o de nivel asesor no debe percibir emolumentos mayores a sus superiores jerárquicos, y porque la diferencia entre los sueldos más altos con los sueldos más bajos no debe ser mayor que un múltiplo razonablemente definido. Competitivo porque el sistema de remuneración debe poder ajustarse de cuando en cuando para que ofrezca sueldos y beneficios que compitan en atractivo con las del sector privado.
Lamentablemente, hay funcionarios de muy alto nivel que no justifican su sueldo con la calidad de labor que desempeñan, o que, a pesar de la magnitud del emolumento, están siempre a la búsqueda de ingresos indebidos, ilegales o inmorales. Esto genera una reacción pendular donde la salida simplista es plantear la reducción de los salarios a rajatabla.
En especial con respecto a los temas referentes al Estado, la prudencia es la mejor consejera. Reducir los altos salarios parece un buen desquite contra los funcionarios venales e incapaces. Lamentablemente esto no los hará más capaces ni menos venales, ya que el sueldo no es la razón por la cual se afanan en ocupar los cargos. La indignación debe ser canalizada en su lugar a algo constructivo, como exigir una Ley General de Sueldos con las características que enunciamos al principio. En dicho sistema, los sueldos más altos deben ser los topes salariales, por lo que un techo muy bajo desmejoraría lo que se le puede pagar a los funcionarios de menor jerarquía.
Es ridículo que, por consideraciones de opinión pública, el Presidente de la República gane un sueldo que es 30% menor que el de los ministros y los legisladores, y la mitad de lo que gana un magistrado, mientras se contrata a asesores que ganan más que todos ellos. En contraste, es moralmente insostenible, que el promedio salarial del sector público sea más de veinte veces menor que los sueldos más altos. Lamentablemente, corregir el sistema de remuneración requeriría de decisiones dolorosas, ya que como la planilla estatal consume un 95% de los ingresos corrientes, el ajustar los sueldos produciría un aumento descomunal en este rubro, que sólo se podría sufragar recaudando más ingresos para el Estado. La otra opción sería despedir a un número importante de servidores públicos, para poder pagarle con la nueva escala a los que quedan. Un proceso gradual y simultáneo de atrición e incorporación a la nueva escala, podría ser una solución salomónica. Eliminar los altos salarios a un grupo que no es más que el tercio del 1% del total de los funcionarios, es un falso ahorro. Exigirle a ese grupo que justifique su salario gobernando bien y haciendo justicia a los que menos ganan, es una mejor inversión.
Las diferencias en formas de vida, costumbres, concepciones económicas y modelos sociales hacen bastante difícil el establecimiento de un modelo ético válido para todos. Nadie puede imponer sus creencias o convicciones, eso es lo que denominamos fundamentalismo. Pero algo "debemos" hacer para mejorarnos, así como a nuestra Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, y la comunidad en general. Es nuestra "obligación".
(arquinde@cableonda.net)
Equitativo porque dos personas en condiciones similares no deben tener diferencias significativas entre sus respectivas remuneraciones, porque un funcionario de inferior jerarquía o de nivel asesor no debe percibir emolumentos mayores a sus superiores jerárquicos, y porque la diferencia entre los sueldos más altos con los sueldos más bajos no debe ser mayor que un múltiplo razonablemente definido. Competitivo porque el sistema de remuneración debe poder ajustarse de cuando en cuando para que ofrezca sueldos y beneficios que compitan en atractivo con las del sector privado.
Lamentablemente, hay funcionarios de muy alto nivel que no justifican su sueldo con la calidad de labor que desempeñan, o que, a pesar de la magnitud del emolumento, están siempre a la búsqueda de ingresos indebidos, ilegales o inmorales. Esto genera una reacción pendular donde la salida simplista es plantear la reducción de los salarios a rajatabla.
En especial con respecto a los temas referentes al Estado, la prudencia es la mejor consejera. Reducir los altos salarios parece un buen desquite contra los funcionarios venales e incapaces. Lamentablemente esto no los hará más capaces ni menos venales, ya que el sueldo no es la razón por la cual se afanan en ocupar los cargos. La indignación debe ser canalizada en su lugar a algo constructivo, como exigir una Ley General de Sueldos con las características que enunciamos al principio. En dicho sistema, los sueldos más altos deben ser los topes salariales, por lo que un techo muy bajo desmejoraría lo que se le puede pagar a los funcionarios de menor jerarquía.
Es ridículo que, por consideraciones de opinión pública, el Presidente de la República gane un sueldo que es 30% menor que el de los ministros y los legisladores, y la mitad de lo que gana un magistrado, mientras se contrata a asesores que ganan más que todos ellos. En contraste, es moralmente insostenible, que el promedio salarial del sector público sea más de veinte veces menor que los sueldos más altos. Lamentablemente, corregir el sistema de remuneración requeriría de decisiones dolorosas, ya que como la planilla estatal consume un 95% de los ingresos corrientes, el ajustar los sueldos produciría un aumento descomunal en este rubro, que sólo se podría sufragar recaudando más ingresos para el Estado. La otra opción sería despedir a un número importante de servidores públicos, para poder pagarle con la nueva escala a los que quedan. Un proceso gradual y simultáneo de atrición e incorporación a la nueva escala, podría ser una solución salomónica. Eliminar los altos salarios a un grupo que no es más que el tercio del 1% del total de los funcionarios, es un falso ahorro. Exigirle a ese grupo que justifique su salario gobernando bien y haciendo justicia a los que menos ganan, es una mejor inversión.
Las diferencias en formas de vida, costumbres, concepciones económicas y modelos sociales hacen bastante difícil el establecimiento de un modelo ético válido para todos. Nadie puede imponer sus creencias o convicciones, eso es lo que denominamos fundamentalismo. Pero algo "debemos" hacer para mejorarnos, así como a nuestra Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, y la comunidad en general. Es nuestra "obligación".
(arquinde@cableonda.net)
