Los seis meses del gobierno de Torrijos
Enrique V. Iglesias, presidente del BID, declaró la semana pasada en Uruguay que el gobierno de Martín Torrijos ha demostrado coraje al enfrentar dos problemas tan complejos y determinantes para el país como son las reformas fiscales y a la de ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).
Iglesias subrayó que la comunidad financiera internacional ve con mucho respeto a Torrijos porque está empeñado en reformar el Estado panameño comprendiendo el costo político que eso implica, pero con una visión de estadista comprometido con el saneamiento de las finanzas públicas y la solución del aterrador nivel de pobreza en que sobrevive la mitad de los panameños.
Hay que recordar que antes de asumir el gobierno en septiembre pasado, Torrijos inició el proceso de reformas constitucionales que culminó la con modernización de la Carta Magna. Entre otras cosas se condiciona la impunidad de los miembros del legislativo, se reduce su número y se abre la posibilidad de reformar al Órgano Judicial. Eso coloca en manos de los panameños un instrumento ágil y participativo para emprender la profunda transformación de uno de los órganos más cuestionados y faltos de credibilidad del país.
Desde que asumió el gobierno Torrijos enfrentó problemas de arrastre en la administración pública, con su secuela de corrupción y permisividad. Los desastres naturales, en los que se produjo una amalgama irresponsabilidades entre funcionarios corruptos y empresarios sin escrúpulos, se sumaron a la inoperancia de la ley. Esas contingencias fueron enfrentadas con determinación, soluciones prácticas e inmediatas.
La reforma fiscal fue para reordenar la casa. No se trató de una mera fórmula para recaudar impuestos. La decisión permitió iniciar pasos -como ha dicho el director gerente del FMI, Rodrigo Rato- para acabar con un sistema injusto, distorsionante y no equitativo que beneficiaba a los empresarios. Ese sistema -siempre en palabras de Rato- ha obligado a los que menos tienen a pagar relativamente más al Estado que los ricos, lo que perpetúa la extrema pobreza.
Pero el gobierno se sumó también al sacrificio y lanzó un plan de ahorro del gasto público y de austeridad que comprende, además, la reducción en forma gradual de un 30% de la planilla del Estado. Unas finanzas públicas maltrechas no contribuyen a la recuperación de la economía, mientras que si gozan de buena salud mejoran la calificación de riesgo, reducen el costo del dinero externo y permiten captar inversiones de calidad. La aprobación de la comunidad financiera internacional a la medida se reflejó en la inmediata modificación de la calificadora de riesgo Standard & Poors que sacó a Panamá de negativo y colocó su economía en un nivel de estable.
Torrijos hizo más. Convocó al país para abordar la reforma de la ley orgánica de la CSS, una cuestión que administraciones anteriores rehuyeron para no asumir el costo político. Es un tema complejo y su solución demanda acciones heroicas por parte del gobierno, los empresarios y los trabajadores. Si quiebra la CSS colapsa la economía y se comprometen los planes de ampliación del canal, la gran apuesta del país hacia el futuro y una de las claves para el desarrollo nacional. El compromiso del gobierno, al igual que ha hecho a lo largo de los seis meses de gestión mediante el renovado método de los consejos consultivos, es someter a un amplio debate los planes de ampliación del canal para luego convocar a un referendo antes de que finalice el año.
Hay que señalar, además, que la conclusión del TLC con Estados Unidos, está ligada al proyecto de convertir a Panamá en plataforma logística del comercio mundial. Eso está unido a la estrategia de integración regional de Torrijos a la que se sumó el retorno al Grupo de los Cuatro, conformados también por Colombia, México y Venezuela, la presencia activa en el Grupo de Río, la decisión de lograr la incorporación como miembro asociado del Mercosur y el Pacto Andino, y una mayor coordinación con Centroamérica, el Caribe, Europa, Asia, el resto de la comunidad internacional y las instancias multilaterales de las que Panamá forma parte.
Hablar de que no se han cumplido las metas de seis meses de administración Torrijos es una acción mezquina que trata de desviar la atención de una acción dinámica de gobierno, calificada por la ciudadanía como decente, transparente y abierta a la consulta popular.
Iglesias subrayó que la comunidad financiera internacional ve con mucho respeto a Torrijos porque está empeñado en reformar el Estado panameño comprendiendo el costo político que eso implica, pero con una visión de estadista comprometido con el saneamiento de las finanzas públicas y la solución del aterrador nivel de pobreza en que sobrevive la mitad de los panameños.
Hay que recordar que antes de asumir el gobierno en septiembre pasado, Torrijos inició el proceso de reformas constitucionales que culminó la con modernización de la Carta Magna. Entre otras cosas se condiciona la impunidad de los miembros del legislativo, se reduce su número y se abre la posibilidad de reformar al Órgano Judicial. Eso coloca en manos de los panameños un instrumento ágil y participativo para emprender la profunda transformación de uno de los órganos más cuestionados y faltos de credibilidad del país.
Desde que asumió el gobierno Torrijos enfrentó problemas de arrastre en la administración pública, con su secuela de corrupción y permisividad. Los desastres naturales, en los que se produjo una amalgama irresponsabilidades entre funcionarios corruptos y empresarios sin escrúpulos, se sumaron a la inoperancia de la ley. Esas contingencias fueron enfrentadas con determinación, soluciones prácticas e inmediatas.
La reforma fiscal fue para reordenar la casa. No se trató de una mera fórmula para recaudar impuestos. La decisión permitió iniciar pasos -como ha dicho el director gerente del FMI, Rodrigo Rato- para acabar con un sistema injusto, distorsionante y no equitativo que beneficiaba a los empresarios. Ese sistema -siempre en palabras de Rato- ha obligado a los que menos tienen a pagar relativamente más al Estado que los ricos, lo que perpetúa la extrema pobreza.
Pero el gobierno se sumó también al sacrificio y lanzó un plan de ahorro del gasto público y de austeridad que comprende, además, la reducción en forma gradual de un 30% de la planilla del Estado. Unas finanzas públicas maltrechas no contribuyen a la recuperación de la economía, mientras que si gozan de buena salud mejoran la calificación de riesgo, reducen el costo del dinero externo y permiten captar inversiones de calidad. La aprobación de la comunidad financiera internacional a la medida se reflejó en la inmediata modificación de la calificadora de riesgo Standard & Poors que sacó a Panamá de negativo y colocó su economía en un nivel de estable.
Torrijos hizo más. Convocó al país para abordar la reforma de la ley orgánica de la CSS, una cuestión que administraciones anteriores rehuyeron para no asumir el costo político. Es un tema complejo y su solución demanda acciones heroicas por parte del gobierno, los empresarios y los trabajadores. Si quiebra la CSS colapsa la economía y se comprometen los planes de ampliación del canal, la gran apuesta del país hacia el futuro y una de las claves para el desarrollo nacional. El compromiso del gobierno, al igual que ha hecho a lo largo de los seis meses de gestión mediante el renovado método de los consejos consultivos, es someter a un amplio debate los planes de ampliación del canal para luego convocar a un referendo antes de que finalice el año.
Hay que señalar, además, que la conclusión del TLC con Estados Unidos, está ligada al proyecto de convertir a Panamá en plataforma logística del comercio mundial. Eso está unido a la estrategia de integración regional de Torrijos a la que se sumó el retorno al Grupo de los Cuatro, conformados también por Colombia, México y Venezuela, la presencia activa en el Grupo de Río, la decisión de lograr la incorporación como miembro asociado del Mercosur y el Pacto Andino, y una mayor coordinación con Centroamérica, el Caribe, Europa, Asia, el resto de la comunidad internacional y las instancias multilaterales de las que Panamá forma parte.
Hablar de que no se han cumplido las metas de seis meses de administración Torrijos es una acción mezquina que trata de desviar la atención de una acción dinámica de gobierno, calificada por la ciudadanía como decente, transparente y abierta a la consulta popular.
