Los trabajadores que viven en la pobreza
Tener un trabajo no significa dejar de ser pobre y aunque es innegable que la persona que tiene un trabajo ha dado un paso adelante, este avance puede no ser ni muy grande ni permanente.
El último incremento en el salario mínimo no ha sido suficiente para cubrir el aumento de precios de la comida y de los servicios, lo que ha obligado a muchos trabajadores a reducir la cantidad y la calidad de los alimentos básicos, a apretarse aún más el cinturón y a imposibilitar el ahorro.
Esa situación de vulnerabilidad económica expone a miles de familias a no poder enfrentar ningún tipo de gasto imprevisto y, por lo tanto, una enfermedad o accidente, la pérdida, aunque sea temporal, del empleo o la necesidad de adquirir bienes como medicamentos, libros, lentes o hacer alguna reparación en la casa los obliga a endeudarse y entrar en un ciclo perverso, que trastoca sus vidas y los mantiene en una situación de angustia que afecta la salud, el rendimiento laboral y la estabilidad familiar. Las financieras, las casas de empeño y los agiotistas prosperan a costas de esta población indefensa y necesitada.
Muchísimas empresas mantienen la práctica de contratar personal por tres o seis meses, en muchos casos no cumplen con la obligación de incorporar a sus trabajadores al Seguro Social, además de exigir horarios con jornadas de hasta doce horas de trabajo. Estas prácticas ilegales son comunes en las agencias de seguridad, comercios y restaurantes de todo el país y los intentos por corregir esta situación no son ni eficientes ni enérgicos.
Peor aún es el caso de los trabajadores agrícolas, sobre todo los que laboran en determinadas cosechas, donde el salario se calcula a destajo -por lata de café o surco- lo que se presta a toda clase de abusos y arbitrariedades en el cálculo, incluyendo descuentos directos por la comida que se les sirve o por la que han comprado en las tiendas de la empresa.
El gobierno puede mejorar la situación de los trabajadores con menos ingresos con sólo hacer cumplir las leyes en materia laboral, de modo que la estabilidad garantice ingresos regulares y prestaciones como el pago del décimo tercer mes, las vacaciones, las licencias por maternidad y el acceso a los beneficios de la Caja de Seguro Social.
La vulnerabilidad de las familias se reduciría de manera sustancial si contaran con una educación de calidad, que mantenga y mejore los programas de nutrición escolar y con una atención médica adecuada, que incluya el acceso rápido a las consultas y servicios de diagnóstico, la disponibilidad de medicinas y de otros servicios como los odontológicos.
Panamá tiene recursos suficientes para que los servicios ofrecidos por el Estado se asuman como un deber y un compromiso impostergables y no como programas de asistencialismo, cuyos resultados han sido infructuosos.
