Lucha contra el terror

Analista internacional

Tanto en América como en Europa se hacen públicos e insistentes planteamientos orientados a la mejor eficacia del combate a que se está obligada la sociedad en contra de las diversas formas de terror, con el fin de preservar el bienestar, las garantías y derechos fundamentales. El presidente Pastrana anunció que reforzará las acciones antiterroristas, para lo cual enviará al Congreso un proyecto de ley encaminado a crear zonas especiales de orden público, junto a la solicitud para que se aumente las penas para quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Dicho mandatario ha sido terminante al aseverar que “los autores de masacres, vengan de donde vengan, van a pagar más temprano que tarde su crueldad y barbarie” ¿Podrá alguien de buena fe afirmar que en Colombia no se necesita urgentemente medidas excepcionales?
En este país se ha llegado a una lamentable degradación del conflicto. No hay día en que la prensa deje de informar de masacres, secuestros, extorsiones, coacciones de diversa índole, medidas de fuerza bruta, en fin, de todo aquello que mantiene sumida a una hermosa y culta república en ambiente de arbitrariedades, zozobra y muerte. Respetables instituciones y personalidades reconocen que la narcoguerrilla viola flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario, ello es consecuencia de haber dejado aumentar a los alzados en armas y a sus aliados, los poderosos y astutos mafiosos de la droga. Como reacción a estos factores adversos, ha surgido el fenómeno del paramilitarismo que aplica métodos igualmente nada recomendables. En todo caso, queda en claro que para neutralizar a los bandoleros, cuya principal estrategia es la virulencia armada, el agua de rosas no surte ningún efecto. Pastrana ha planteado cadena perpetua para los delitos atroces que agobian a su nación. Por su parte, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Lombana, va más allá al decir es imperioso implantar la pena de muerte, en especial para los secuestradores. Su argumento es convincente y honesto: “La realidad de Colombia, el sufrimiento de las familias de las personas secuestradas, de los mismos secuestrados, de la villanía como se comete este delito, de la tortura moral y física a que se someten estas personas, nos lleva a concluir que la pena de muerte desgraciadamente es necesaria”.
En España, el 8 del presente mes, se suscribió un memorable y ejemplar documento, al que se le conoce como Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, han depuesto sus naturales divergencias y hasta confrontaciones que llevan a cabo dentro del esquema democrático, para tratar el tema referente a los desalmados sujetos que integran la banda terrorista ETA. El resultado ha sido este pacto patriótico, con miras a que las libertades sean efectivas y se extermine la violencia homicida que siguen perpetrando, desde hace décadas y con la mayor crueldad, los referidos extremistas.
Los dos más representativos partidos políticos de la Península Ibérica, para llegar a la indicada concertación, reconocieron y puntualizaron que el terrorismo es un problema de Estado, que la violencia es moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política democrática, que la defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas corresponde, en primer lugar, al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los jueces y fiscales, a quienes trabajan al servicio de la justicia para asegurar la convivencia libre y pacífica, por eso a ellos reiteraron la confianza en su trabajo, apoyaron la dotación adecuada de medios humanos y materiales para el más cabal cumplimiento de su misión. La declaración que seguidamente transcribo, y que corresponde a las dos influyentes organizaciones, demuestra recia voluntad en pro de días más prósperos: “Los delitos de los terroristas son particularmente graves y reprobables, porque pretenden subvertir el orden democrático y extender el temor entre todos los ciudadanos. Nuestro sistema penal ofrece una respuesta jurídica apropiada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos exigiesen reformas legales, nos comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo. La legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas”.
El PP y el PSOE resaltan la importancia de la colaboración internacional en la lucha antiterrorista, a la vez que realizan un especial llamamiento a los jóvenes para que emprendan la rebelión contra la violencia, dentro del gran impulso cívico que se requiere de la comunidad para detener las vilezas de los etarras.
Para evitar la preeminencia de las fuerzas negativas, la sociedad tiene los recursos apropiados, recurriéndose a la cadena perpetua e incluso, a la pena de muerte para los criminales de alto peligro. Tampoco se puede dejar de lado, singularmente en las tierras tercermundistas, la trascendencia de acciones psicosociales, como la educación y el apoyo, público y privado, para vencer a la pobreza y a la promiscuidad. En materia de la pena capital, siempre tiene que prevalecer el interés colectivo y no el delincuencial.