Lujuria del poder

Nadie pudo anticipar que una votación del 60% de los votos válidos en los comicios de mayo del 2009 desataría en un corto lapso de tiempo un ejercicio descontrolado del poder. No ha habido grandes avances en la modernización de la gestión pública, pero ha habido contrataciones directas de forma masiva que nos hacen levantar las cejas. Hay una colección de actos administrativos claramente ilegales, pero que han sido disfrazados de “metidas de pata”, con la consecuente indulgencia. Hay una utilización de los órganos del Estado para que “dentro de sus facultades constitucionales” beneficien a los miembros del grupo gobernante y menoscaben a los que se consideran como elementos del grupo enemigo. La inminente salida del cargo de Ana Matilde Gómez, por una decisión dividida, controvertida y sospechosamente acelerada de la Corte Suprema de Justicia, es sólo la ilustración más reciente de un muy particular modo de andar del grupo gobernante, que pareciera creer que todos los puestos públicos, incluyendo a las instituciones de control, les pertenecen. Se avizora un horizonte turbulento, pues es previsible que vayan cayendo en esta vorágine una a una de las instituciones del Estado que no están dentro del círculo inmediato de influencia del Órgano Ejecutivo. No se perciben fuerzas políticas que ayuden a establecer un equilibrio o que impongan una corrección del rumbo. Nunca como ahora ha sido más importante contar con medios de comunicación independientes y una ciudadanía bien informada sobre el verdadero acontecer del día a día.