Lula en el gobierno: del radicalismo a la moderación
Mientras el viento disuelve el eco de los discursos de campaña, el nuevo gobierno brasileño presidido por Luiz Inácio Lula da Silva convocó a un pacto social para aprobar por consenso un poco a la panameña reformas tributarias, reformas de seguridad social y laboral, así como la definición de una política de aumento de las exportaciones y retomar el crecimiento.
El Presidente nacional del Partido de los Trabajadores, diputado José Dirceu remarcó en declaraciones a la prensa brasileña que Lula se propone llevar a cabo un gobierno de diálogo constante con los partidos políticos y los sectores de la sociedad civil, porque su objetivo primordial es unir al país. Dirceu definió al gobierno del PT dentro de una línea de centro- izquierda que buscará cambios con seguridad y avances con tranquilidad.
De la retórica de barricada del pasado, que preconizaba nacionalizaciones de empresas privadas y ruptura de la dependencia comercial con los países capitalistas, Lula está pasando a un gobierno de moderación y respeto a la inversión privada, no solamente por razones de estrategia política derivada de sus alianzas electorales sino fundamentalmente porque encontrará la economía nacional en situación que no podría resistir aventuras izquierdizantes.
Al llegar al Palacio de Planalto en Brasilia, Lula deberá trabajar codo a codo con el Congreso en la adopción de medidas esenciales para equilibrar las cuentas públicas y llevar adelante programas de promoción social. El gobierno de Cardoso deja una ley que limitó la tasa del impuesto a la renta de las personas naturales a un máximo de 27.5%, lo que significa una reducción de dos mil millones de reales de la recaudación fiscal. Asimismo otra medida de contención del gasto público limita a 7, 3 billones de reales la inversión en los estados federales. Estas restricciones fiscales forman parte de un paquete de ajustes fiscales acordado con el FMI, que representará una baja total de 18 billones de reales.
Estos compromisos fiscales más otros de orden financiero en materia de amortizaciones de la deuda externa reducen el espacio de maniobra del próximo gobierno y ponen a prueba la capacidad creativa para efectuar promoción social sin menoscabar las obligaciones adquiridas y sostener la estabilidad monetaria averiada antes de las elecciones.
Hay, pues, un cúmulo de desafíos financieros y sociales que, a partir de enero, pondrán a prueba al nuevo gobierno y darán la medida de su aptitud a la gobernabilidad.
Sobre las historias de abuso en el Hospital del Niño, revela situaciones extremas que van desde mordeduras, fracturas y hematomas, hasta la muerte de los pequeños. "Hemos tenido niños hospitalizados en cuidados intensivos que no han sobrevivido al maltrato".
La psiquiatra Santamaría considera que hay mucha crueldad, sobre todo mucho método de corrección errado. "La gente sigue diciendo a mí me pegaron y aquí estoy, que la letra entra con sangre; la gente de todos los niveles, inclusive los médicos, sigue justificando el maltrato físico".
El fiscal primero de Familia, Adolfo Pineda, afirma que "la situación es grave".
Explica que bajo la vigencia de la ley 27 de junio de 1995, reformada por la ley 38 de julio de 2001, se han presentado situaciones inmanejables de maltrato de niños, niñas y adolescentes.
Con la ley 38, la situación cambió porque todo conflicto dentro del hogar se ve como violencia doméstica sea un adulto o menor de edad la víctima. "No hace distinciones, pero las penas varían". Estas aumentaron de 1 a 3 años, o hasta los 5 años, dependiendo del daño, señala Pineda.
Sostiene que las leyes son efectivas y que hay fiscales especializados atendiendo esta materia y su trabajo lo examina un juez quien toma la decisión. "Los pasos se están cumpliendo, quizás el trámite es un poco demorado por falta de recursos humanos y material".
Expresa que la ley establece medidas especiales de protección para los niños mientras dure el proceso. Los niños quedan bajo protección dependiendo de quién es el acusado, si es el padre o la madre.
De los casos de maltrato o abuso el que más se presenta es el de agresión física extrema, como las quemaduras.. "Para mí ese es un caso gravísimo aparte del sexual que es muy frecuente". "Ambos son gravísimos porque dejan marca para toda la vida. Opina que los 12 juzgados de familia no son suficientes y por eso la ley se reformó. Explica que la ley 40 de responsabilidad penal, estableció los juzgados penales de adolescencia porque los jueces de niñez y adolescencia ven ambas materias y no se dan abasto.
Referente al aumento de penas dijo que la ley se ha ido ajustando, haciendo proporcional las sanciones a los transgresiones. Lo que queremos es que la persona se rehabilite, pero que se proteja y se respeten los derechos de los niños, asegura Pineda.
Sobre los abusadores sexuales dice que son un peligro porque si abusan de su propia hija, ninguna niña ni adolescente está segura, "entonces hay que tomar medidas drásticas e imponerle la sanción que la ley establezca, sea buena, mala alta, proporcional al daño que hizo. No lo sé, es cuestión de criterio, pero la ley debe contemplar sanciones ejemplares en ese tipo de delito".
La magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño cree que sí se necesita un aumento de penas cuando los niños y las niñas son víctimas, pese a la modificación de la legislación, sobre todo en el tema de la violación.
Aunque se ha dado el aumento cree que no se logra esa dureza y por ello se inclina al endurecimiento, porque la condición de las víctimas sencillamente no se valora.
Piensa que debería haber un movimiento social para agravar estas penas cuando los niños son las víctimas.
Troitiño propone que este endurecimiento, además de la sanción, conlleve la obligatoriedad de indemnizar a esa criatura para que le permita cubrir su tratamiento psiquiátrico y psicológico de calidad, debido a que ni en los centros de salud ni en los hospitales los tienen, ya que una verdadera recuperación psicológica cuesta y eso no se da.
Lo que tenemos que procurar es la efectividad de la ley, asegura, pero para ello se deben flexibilizar o adecuar los procedimientos y exigencias a la situación de estas.
El Presidente nacional del Partido de los Trabajadores, diputado José Dirceu remarcó en declaraciones a la prensa brasileña que Lula se propone llevar a cabo un gobierno de diálogo constante con los partidos políticos y los sectores de la sociedad civil, porque su objetivo primordial es unir al país. Dirceu definió al gobierno del PT dentro de una línea de centro- izquierda que buscará cambios con seguridad y avances con tranquilidad.
De la retórica de barricada del pasado, que preconizaba nacionalizaciones de empresas privadas y ruptura de la dependencia comercial con los países capitalistas, Lula está pasando a un gobierno de moderación y respeto a la inversión privada, no solamente por razones de estrategia política derivada de sus alianzas electorales sino fundamentalmente porque encontrará la economía nacional en situación que no podría resistir aventuras izquierdizantes.
Al llegar al Palacio de Planalto en Brasilia, Lula deberá trabajar codo a codo con el Congreso en la adopción de medidas esenciales para equilibrar las cuentas públicas y llevar adelante programas de promoción social. El gobierno de Cardoso deja una ley que limitó la tasa del impuesto a la renta de las personas naturales a un máximo de 27.5%, lo que significa una reducción de dos mil millones de reales de la recaudación fiscal. Asimismo otra medida de contención del gasto público limita a 7, 3 billones de reales la inversión en los estados federales. Estas restricciones fiscales forman parte de un paquete de ajustes fiscales acordado con el FMI, que representará una baja total de 18 billones de reales.
Estos compromisos fiscales más otros de orden financiero en materia de amortizaciones de la deuda externa reducen el espacio de maniobra del próximo gobierno y ponen a prueba la capacidad creativa para efectuar promoción social sin menoscabar las obligaciones adquiridas y sostener la estabilidad monetaria averiada antes de las elecciones.
Hay, pues, un cúmulo de desafíos financieros y sociales que, a partir de enero, pondrán a prueba al nuevo gobierno y darán la medida de su aptitud a la gobernabilidad.
Sobre las historias de abuso en el Hospital del Niño, revela situaciones extremas que van desde mordeduras, fracturas y hematomas, hasta la muerte de los pequeños. "Hemos tenido niños hospitalizados en cuidados intensivos que no han sobrevivido al maltrato".
La psiquiatra Santamaría considera que hay mucha crueldad, sobre todo mucho método de corrección errado. "La gente sigue diciendo a mí me pegaron y aquí estoy, que la letra entra con sangre; la gente de todos los niveles, inclusive los médicos, sigue justificando el maltrato físico".
El fiscal primero de Familia, Adolfo Pineda, afirma que "la situación es grave".
Explica que bajo la vigencia de la ley 27 de junio de 1995, reformada por la ley 38 de julio de 2001, se han presentado situaciones inmanejables de maltrato de niños, niñas y adolescentes.
Con la ley 38, la situación cambió porque todo conflicto dentro del hogar se ve como violencia doméstica sea un adulto o menor de edad la víctima. "No hace distinciones, pero las penas varían". Estas aumentaron de 1 a 3 años, o hasta los 5 años, dependiendo del daño, señala Pineda.
Sostiene que las leyes son efectivas y que hay fiscales especializados atendiendo esta materia y su trabajo lo examina un juez quien toma la decisión. "Los pasos se están cumpliendo, quizás el trámite es un poco demorado por falta de recursos humanos y material".
Expresa que la ley establece medidas especiales de protección para los niños mientras dure el proceso. Los niños quedan bajo protección dependiendo de quién es el acusado, si es el padre o la madre.
De los casos de maltrato o abuso el que más se presenta es el de agresión física extrema, como las quemaduras.. "Para mí ese es un caso gravísimo aparte del sexual que es muy frecuente". "Ambos son gravísimos porque dejan marca para toda la vida. Opina que los 12 juzgados de familia no son suficientes y por eso la ley se reformó. Explica que la ley 40 de responsabilidad penal, estableció los juzgados penales de adolescencia porque los jueces de niñez y adolescencia ven ambas materias y no se dan abasto.
Referente al aumento de penas dijo que la ley se ha ido ajustando, haciendo proporcional las sanciones a los transgresiones. Lo que queremos es que la persona se rehabilite, pero que se proteja y se respeten los derechos de los niños, asegura Pineda.
Sobre los abusadores sexuales dice que son un peligro porque si abusan de su propia hija, ninguna niña ni adolescente está segura, "entonces hay que tomar medidas drásticas e imponerle la sanción que la ley establezca, sea buena, mala alta, proporcional al daño que hizo. No lo sé, es cuestión de criterio, pero la ley debe contemplar sanciones ejemplares en ese tipo de delito".
La magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño cree que sí se necesita un aumento de penas cuando los niños y las niñas son víctimas, pese a la modificación de la legislación, sobre todo en el tema de la violación.
Aunque se ha dado el aumento cree que no se logra esa dureza y por ello se inclina al endurecimiento, porque la condición de las víctimas sencillamente no se valora.
Piensa que debería haber un movimiento social para agravar estas penas cuando los niños son las víctimas.
Troitiño propone que este endurecimiento, además de la sanción, conlleve la obligatoriedad de indemnizar a esa criatura para que le permita cubrir su tratamiento psiquiátrico y psicológico de calidad, debido a que ni en los centros de salud ni en los hospitales los tienen, ya que una verdadera recuperación psicológica cuesta y eso no se da.
Lo que tenemos que procurar es la efectividad de la ley, asegura, pero para ello se deben flexibilizar o adecuar los procedimientos y exigencias a la situación de estas.
