Madres de Plaza de Mayo panameñas
El Premio UNESCO de Educación para la Paz acaba de ser otorgado a la asociación argentina Madres de Plaza de Mayo, en decisión unánime, por un jurado internacional especialmente convocado para tal efecto.
El galardón, que se hará efectivo el próximo 13 de diciembre, comprende la entrega de 25 mil dólares para promover valores de paz y justicia.
La asociación fue fundada en 1977 por un reducido grupo de 14 mujeres que, reunidas cada semana en la plaza del mismo nombre, de Buenos Aires, Argentina, exigieron incansablemente, año tras año, a los sucesivos gobiernos de su país y a cuanto organismo de derechos humanos hubiera en existencia, el pleno esclarecimiento de lo acontecido a casi 30 mil desaparecidos durante la dictadura militar que usurpó el gobierno del país durante esa década.
A partir de entonces, el movimiento fue creciendo en solidaridad y apoyo internacional, hasta forzar a la publicación de un extenso informe, resultado de prolijas investigaciones a cargo de diversas asociaciones pro derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, las cuales comprendieron que publicar la verdad de lo ocurrido durante el aciago período constituía el precio a pagar por la sociedad argentina a cambio de la pregonada reconciliación y la amnistía.
En Panamá, estamos en mora con esa tarea. Voceros religiosos y políticos han clamado desde hace tiempo por el perdón, la reconciliación nacional y el olvido incondicionales, sin que nadie se haya tomado antes el trabajo de promover la realización de una investigación seria e integral de lo ocurrido con las muchas víctimas, muertos, torturados y desaparecidos por el régimen militar de 21 años en el país, basamento esencial para lograrlo. Hace poco, el tema volvió a los primeros planos, al ser encontrados restos óseos enterrados en una fosa clandestina, en el patio de un cuartel militar en Tocumen. Al hallazgo se sumaron nuevas denuncias de otros entierros y desaparecidos, lo cual motivó que este diario publicara una primera lista de 94 víctimas de la dictadura.
A punto de cumplirse diez años desde el restablecimiento de la democracia, se impone que el país se aboque a la preparación de un informe de la verdad, al margen de las investigaciones criminales, con el único propósito de preservarla para las futuras generaciones, para que la experiencia de hermanos matando a hermanos no se repita jamás.
Y en el mismo sentido sugerimos que una organización de madres, amigos y parientes de las víctimas, liderice un movimiento que tenga por objeto exigir ese informe y el levantamiento de un digno monumento a las víctimas de la dictadura, donde sus nombres aparezcan eternizados en mármol negro, como legado imperecedero a la posteridad, memoria y gratitud por el sacrificio de quienes cayeron por el imperio de la justicia, la democracia y la libertad.
El galardón, que se hará efectivo el próximo 13 de diciembre, comprende la entrega de 25 mil dólares para promover valores de paz y justicia.
La asociación fue fundada en 1977 por un reducido grupo de 14 mujeres que, reunidas cada semana en la plaza del mismo nombre, de Buenos Aires, Argentina, exigieron incansablemente, año tras año, a los sucesivos gobiernos de su país y a cuanto organismo de derechos humanos hubiera en existencia, el pleno esclarecimiento de lo acontecido a casi 30 mil desaparecidos durante la dictadura militar que usurpó el gobierno del país durante esa década.
A partir de entonces, el movimiento fue creciendo en solidaridad y apoyo internacional, hasta forzar a la publicación de un extenso informe, resultado de prolijas investigaciones a cargo de diversas asociaciones pro derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, las cuales comprendieron que publicar la verdad de lo ocurrido durante el aciago período constituía el precio a pagar por la sociedad argentina a cambio de la pregonada reconciliación y la amnistía.
En Panamá, estamos en mora con esa tarea. Voceros religiosos y políticos han clamado desde hace tiempo por el perdón, la reconciliación nacional y el olvido incondicionales, sin que nadie se haya tomado antes el trabajo de promover la realización de una investigación seria e integral de lo ocurrido con las muchas víctimas, muertos, torturados y desaparecidos por el régimen militar de 21 años en el país, basamento esencial para lograrlo. Hace poco, el tema volvió a los primeros planos, al ser encontrados restos óseos enterrados en una fosa clandestina, en el patio de un cuartel militar en Tocumen. Al hallazgo se sumaron nuevas denuncias de otros entierros y desaparecidos, lo cual motivó que este diario publicara una primera lista de 94 víctimas de la dictadura.
A punto de cumplirse diez años desde el restablecimiento de la democracia, se impone que el país se aboque a la preparación de un informe de la verdad, al margen de las investigaciones criminales, con el único propósito de preservarla para las futuras generaciones, para que la experiencia de hermanos matando a hermanos no se repita jamás.
Y en el mismo sentido sugerimos que una organización de madres, amigos y parientes de las víctimas, liderice un movimiento que tenga por objeto exigir ese informe y el levantamiento de un digno monumento a las víctimas de la dictadura, donde sus nombres aparezcan eternizados en mármol negro, como legado imperecedero a la posteridad, memoria y gratitud por el sacrificio de quienes cayeron por el imperio de la justicia, la democracia y la libertad.
