Magistrados o políticos
Los dos candidatos que ha recomendado el Ejecutivo para ocupar las vacantes que se darán en la Corte Suprema de Justicia no llenan las expectativas del electorado. Ninguno de los dos políticos que aspiran administrar justicia exhiben las credenciales, la experiencia o los méritos académicos e intelectuales para el puesto al que aspiran.
Las críticas vertidas contra el candidato Spadafora se conocen y coinciden con un rechazo generalizado por parte de la opinión pública. Hoy se es político y se actúa políticamente, y mañana se llega a la Corte Suprema alejado del ajetreo partidista; esto no convence a nadie.
La nominación del señor Spadafora sólo es superada por la recomendación de Alberto Cigarruista. Más allá de sus filípicas y su malsana costumbre de opinar sobre todos los temas habidos y por haber, al político santeño no se le conocen logros en el campo del derecho. Su vida profesional apenas revela una pequeña experiencia en el tema laboral. No ha publicado, no ha dictado seminarios, no ha efectuado labor docente y ciertamente no se distingue por sus dotes de intelectual. Pensar que una persona así pueda ocupar por 10 años un puesto en el más alto estrado de la justicia panameña es una burla a la memoria de abogados honestos y abnegados que engrandecieron el foro nacional.
Como hemos repetido en numerosas ocasiones, un nombramiento a la Corte Suprema de Justicia debe ser la recompensa a una vida profesional e intelectual de primera. Quienes administran justicia en Panamá deben ser letrados distinguidos que hayan contribuido en forma fehaciente al desarrollo de la justicia en nuestro país. No es posible que una carrera política o la simple amistad con el gobernante de turno sean óbices para obtener un nombramiento en el máximo tribunal.
Esperamos que la Asamblea Legislativa, cuya mayoría opositora ya ha rechazado el nombramiento de Winston Spadafora, vaya ahora por un sentimiento de solidaridad mal comprendido a ratificar a Alberto Cigarruista. Si lo hacen dejarán en claro que como órgano del Estado no saben distinguir entre la política y la justicia, y que su único compromiso es el de proteger sus prebendas.
Las críticas vertidas contra el candidato Spadafora se conocen y coinciden con un rechazo generalizado por parte de la opinión pública. Hoy se es político y se actúa políticamente, y mañana se llega a la Corte Suprema alejado del ajetreo partidista; esto no convence a nadie.
La nominación del señor Spadafora sólo es superada por la recomendación de Alberto Cigarruista. Más allá de sus filípicas y su malsana costumbre de opinar sobre todos los temas habidos y por haber, al político santeño no se le conocen logros en el campo del derecho. Su vida profesional apenas revela una pequeña experiencia en el tema laboral. No ha publicado, no ha dictado seminarios, no ha efectuado labor docente y ciertamente no se distingue por sus dotes de intelectual. Pensar que una persona así pueda ocupar por 10 años un puesto en el más alto estrado de la justicia panameña es una burla a la memoria de abogados honestos y abnegados que engrandecieron el foro nacional.
Como hemos repetido en numerosas ocasiones, un nombramiento a la Corte Suprema de Justicia debe ser la recompensa a una vida profesional e intelectual de primera. Quienes administran justicia en Panamá deben ser letrados distinguidos que hayan contribuido en forma fehaciente al desarrollo de la justicia en nuestro país. No es posible que una carrera política o la simple amistad con el gobernante de turno sean óbices para obtener un nombramiento en el máximo tribunal.
Esperamos que la Asamblea Legislativa, cuya mayoría opositora ya ha rechazado el nombramiento de Winston Spadafora, vaya ahora por un sentimiento de solidaridad mal comprendido a ratificar a Alberto Cigarruista. Si lo hacen dejarán en claro que como órgano del Estado no saben distinguir entre la política y la justicia, y que su único compromiso es el de proteger sus prebendas.
