Mala administración, pobre servicio y alto riesgo

Desde este espacio, hemos sostenido en varias ocasiones que el transporte público es un negocio muy mal administrado. El resultado conocido es la baja calidad del servicio, que en algunos casos llega hasta el maltrato al cliente.
Terribles acontecimientos recientes han mostrado, además, que algunos vehículos ponen en grave riesgo, y hasta en peligro de muerte, la vida de los pasajeros, al no contar con un mínimo de estándares de seguridad. El déficit de seguridad es el producto combinado del insuficiente mantenimiento de la flota vehicular, la escasa o nula revisión y supervisión por las autoridades y la corrupción, que se hace patente cada vez que estos buses sufren accidentes por el mal estado en que se encuentran. Pero si todo esto no fuera lo suficientemente malo ya, ahora los dirigentes del sector se comportan como unos verdaderos mafiosos y amenazan al gobierno con hacerle un paro o con aumentar el costo del pasaje si las autoridades insisten en aplicar la ley y tomar medidas para prevenir nuevas desgracias.
El gobierno debe darse cuenta de que tiene todo el respaldo de la ciudadanía para aplicar coercitivamente la ley y proceder a hacer los cambios necesarios para proteger las vidas de los usuarios de este servicio público. Si las autoridades abandonan su deber, la próxima vez que ocurra una tragedia se harán co-responsables de la desgracia, pues sabiendo que tenían que actuar para prevenir, no lo hicieron a tiempo. Basta ya de postergar las decisiones; las autoridades no se deben dejar chantajear y tienen que hacer lo que corresponde según la ley. Éste no es un caso en que el sistema ha fallado repentinamente. Aquí el problema es que como la ley no se aplica como debiera, la corrupción se ha generalizado en todo el sector.
Señor Presidente, ¡mano dura con el transporte público! Si no actúa ahora, lo podría lamentar amargamente después.