Mala reputación por incumplidos
Ver el nombre de Panamá en listas negras es noticia que se está convirtiendo en costumbre; se nos equipara a países africanos que no han velado nunca por el cumplimiento de normativas internacionales, ni se ajustan a las directrices de los derechos humanos, y mucho menos condicionan su legislación para la inversión.
Nos han mencionado en el grupo de los ocho Estados que serán suspendidos de las gestiones comerciales por incumplir la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), la cual es la garante de la protección a nivel mundial de la vida silvestre, con poder de sanción en las importaciones y exportaciones.
La mayor contradicción es que nuestro país es considerado un paraíso tropical citado por expertos internacionales; sin embargo, de no contemplar las regulaciones apropiadas destruiremos la herencia de las futuras generaciones.
Anteponemos desarrollos urbanos sin ponderar la convivencia con la naturaleza. Los casos fueron dados a conocer ampliamente a la opinión pública. Parece que en las postrimerías de esta administración gubernamental, no queda más que esperar el traspaso al grupo político electo.
La transición se está convirtiendo en crónica de una muerte anunciada, nadie toma la batuta y la ciudadanía es la que sufre. No es momento de señalar a nadie, bien lo dijo Henry Ford: "No encuentres la falta, encuentra el remedio".
Lo incomprensible en este caso, es la irresponsabilidad y la desidia. Somos miembros signatarios desde 1978, nos dieron una prórroga que venció en abril de este año, y hasta ahora es que se iniciarán los procesos para ajustarnos a las exigencias mundiales; pero con un impacto en las sanciones que pueden prolongarse de seis meses a un año, los sectores que se dedican a la comercialización de especies de fauna y flora, no podrán soportar tanto tiempo.
No vivimos aislados. No actuar acorde a nuestros compromisos denota falta de previsión y negligencia.
La convención protege la fauna y flora en extinción, incluyendo productos y subproductos, de forma que las restricciones se extienden a cualesquiera de las 30 mil especies en peligro señaladas en la lista, muchas de ellas las comercializamos desde hace varios años, cercenando a un grupo económico activo del territorio panameño.
El impacto no se ha determinado, sin embargo es determinable, ya que afecta a todas las actividades que se gestionan actualmente y las que estaban preparándose para su ejecución.
Incide directamente en la reducción de inversiones nacionales y se aniquilan las exportaciones el no movilizar nuestros bienes a nivel internacional; ello nos cierra puertas y obstaculiza las alternativas de crecimiento. Nuestra imagen internacional se deteriora, afectando la credibilidad y, por ende, la confianza a posibles inversores.
La oportunidad de desarrollar el ecoturismo en el país, que es muy rentable en naciones como Costa Rica y Nueva Zelanda, se nos dificulta; adoptando un apelativo hasta cierto punto injusto por no contar con mecanismos adecuados de regulación, prevención y sanción para el trato con la vida animal y vegetal.
La falta de previsión de las autoridades panameñas en cuanto a un plan de gestión, y el acostumbrado ensayo y error, es pagado por los nacionales.
La posición de los que detenten el poder en la maquinaria estatal debe ser pro activa y no reactiva a las demandas y necesidades internacionales y nacionales.
Es motivo de reflexión que tantas señales de cuidado y peligro estén sonando, y que sea, precisamente, nuestra contraparte en el Tratado de Libre Comercio (TLC) quien suena las alarmas. Preocupante, en consecuencia, la reacción en cadena que esto conlleve a lo interno de los claustros de negociación y las posibles exigencias de las partes contratantes, ya que las decisiones tomadas tendrán su repercusión a largo plazo.
Las acciones deben estar amparadas no en un plan de gobierno, sino en una política de Estado que vele por los mejores intereses nacionales.
Somos puente del mundo y crisol de razas en un paraíso de biodiversidad. Salvaguardar la industria panameña dedicada a este rubro será consecuencia de la correcta administración de nuestros recursos renovables, con mesura y la atinada aplicación de disposiciones que persigan el bien común por encima de diatribas personales. ¡Ojalá mañana no amanezcamos en otra lista negra!
Nos han mencionado en el grupo de los ocho Estados que serán suspendidos de las gestiones comerciales por incumplir la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), la cual es la garante de la protección a nivel mundial de la vida silvestre, con poder de sanción en las importaciones y exportaciones.
La mayor contradicción es que nuestro país es considerado un paraíso tropical citado por expertos internacionales; sin embargo, de no contemplar las regulaciones apropiadas destruiremos la herencia de las futuras generaciones.
Anteponemos desarrollos urbanos sin ponderar la convivencia con la naturaleza. Los casos fueron dados a conocer ampliamente a la opinión pública. Parece que en las postrimerías de esta administración gubernamental, no queda más que esperar el traspaso al grupo político electo.
La transición se está convirtiendo en crónica de una muerte anunciada, nadie toma la batuta y la ciudadanía es la que sufre. No es momento de señalar a nadie, bien lo dijo Henry Ford: "No encuentres la falta, encuentra el remedio".
Lo incomprensible en este caso, es la irresponsabilidad y la desidia. Somos miembros signatarios desde 1978, nos dieron una prórroga que venció en abril de este año, y hasta ahora es que se iniciarán los procesos para ajustarnos a las exigencias mundiales; pero con un impacto en las sanciones que pueden prolongarse de seis meses a un año, los sectores que se dedican a la comercialización de especies de fauna y flora, no podrán soportar tanto tiempo.
No vivimos aislados. No actuar acorde a nuestros compromisos denota falta de previsión y negligencia.
La convención protege la fauna y flora en extinción, incluyendo productos y subproductos, de forma que las restricciones se extienden a cualesquiera de las 30 mil especies en peligro señaladas en la lista, muchas de ellas las comercializamos desde hace varios años, cercenando a un grupo económico activo del territorio panameño.
El impacto no se ha determinado, sin embargo es determinable, ya que afecta a todas las actividades que se gestionan actualmente y las que estaban preparándose para su ejecución.
Incide directamente en la reducción de inversiones nacionales y se aniquilan las exportaciones el no movilizar nuestros bienes a nivel internacional; ello nos cierra puertas y obstaculiza las alternativas de crecimiento. Nuestra imagen internacional se deteriora, afectando la credibilidad y, por ende, la confianza a posibles inversores.
La oportunidad de desarrollar el ecoturismo en el país, que es muy rentable en naciones como Costa Rica y Nueva Zelanda, se nos dificulta; adoptando un apelativo hasta cierto punto injusto por no contar con mecanismos adecuados de regulación, prevención y sanción para el trato con la vida animal y vegetal.
La falta de previsión de las autoridades panameñas en cuanto a un plan de gestión, y el acostumbrado ensayo y error, es pagado por los nacionales.
La posición de los que detenten el poder en la maquinaria estatal debe ser pro activa y no reactiva a las demandas y necesidades internacionales y nacionales.
Es motivo de reflexión que tantas señales de cuidado y peligro estén sonando, y que sea, precisamente, nuestra contraparte en el Tratado de Libre Comercio (TLC) quien suena las alarmas. Preocupante, en consecuencia, la reacción en cadena que esto conlleve a lo interno de los claustros de negociación y las posibles exigencias de las partes contratantes, ya que las decisiones tomadas tendrán su repercusión a largo plazo.
Las acciones deben estar amparadas no en un plan de gobierno, sino en una política de Estado que vele por los mejores intereses nacionales.
Somos puente del mundo y crisol de razas en un paraíso de biodiversidad. Salvaguardar la industria panameña dedicada a este rubro será consecuencia de la correcta administración de nuestros recursos renovables, con mesura y la atinada aplicación de disposiciones que persigan el bien común por encima de diatribas personales. ¡Ojalá mañana no amanezcamos en otra lista negra!
