Malapagas en áreas revertidas
Tardó casi un siglo para que Panamá pudiera recuperar la totalidad de las áreas revertidas de la antigua Zona del Canal. La belleza natural del entorno conservada por los norteamericanos tras el riguroso respeto y armonía entre urbanismo y medio ambiente, hizo de quienes tuvieron oportunidad de vivir en el lugar unos privilegiados. En verdad no era justo, pues se trataba de una conquista largamente acariciada, que costó mucha sangre y sudor a todas las generaciones de panameños desde la independencia del país, acaecida en 1903.
Torrijos, a quien correspondió cristalizar el sueño de suscribir el tratado de la reversión en 1977, esbozó entonces un concepto que a muchos pareció equitativo: Se daría a aquellos territorios "el mayor uso social posible".
En la práctica, por la razón que fuera, las áreas devueltas fueron a parar casi siempre a manos de entidades del Estado y en especial de las antiguas Fuerzas de Defensa de Panamá y sus favoritos. Fue algo repulsivo ver pintar las edificaciones de verde camuflaje. En fin, los gringos saliendo y los gorilas entrando. Se convirtieron en refugio barato de amigas y parientes de encumbrados.
Tras la restitución de la democracia en diciembre de 1989, cobró mayor impulso la nueva doctrina: La de la administración de bienes raíces, función que estaba a cargo de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), y empezaron los privilegios. En primer lugar se impusieron quienes más dinero ofrecieron en las subastas de tierra y bienes. Eso estaba bien, considerando la necesidad de incorporar dichas tierras a la actividad económica productiva. Pero luego los grupos de privilegiados que ocupaban las viviendas, gracias a la dictadura, lograron preferencia para adquirirlas a distinto título. Unos lograron que por vía legislativa les reconocieran preferencia para adquirirlas con descuento. Otros, entre políticos, magistrados y gente con influencia lograron lo mismo con arriendos ulteriores, provocando sonados escándalos.
Hoy, en la zona Atlántica, algunas decenas de arrendatarios de la ARI se dan el lujo de acumular B/.29 millones en morosidad. Lo que es del Estado, no es de nadie. Dos tercios de ellos son residentes de Pedro Miguel, Santa Cruz y Gamboa, con alquileres de entre B/.65 y B/.215 mensuales, correspondiente a viviendas edificadas en unas 250 hectáreas.
Algunos acumulan hasta dos años sin pagar. La ARI ha negado que planee desalojar de las viviendas a los morosos. Con semejante criterio, ¿cómo espera cobrar lo adeudado, renunciando al poder coactivo? No obstante, la ARI está en comunicación con los morosos con el fin de arreglar pagos, reubicar a unos y vender a otros.
Lo ideal sería pasar, por venta o administración, dichos inmuebles al sector privado, de modo que sea éste quien imponga a los arrendatarios rígidos criterios de cumplimiento de obligaciones, de modo que accedan a las viviendas quienes estén dispuestos a honrar su pago, y no los irresponsables acostumbrados a vivir a costa de los demás. Hay afuera demasiada gente que daría lo que fuera por tener la oportunidad de esos avivatos de adquirir una vivienda amplia y digna a bajo precio.
Torrijos, a quien correspondió cristalizar el sueño de suscribir el tratado de la reversión en 1977, esbozó entonces un concepto que a muchos pareció equitativo: Se daría a aquellos territorios "el mayor uso social posible".
En la práctica, por la razón que fuera, las áreas devueltas fueron a parar casi siempre a manos de entidades del Estado y en especial de las antiguas Fuerzas de Defensa de Panamá y sus favoritos. Fue algo repulsivo ver pintar las edificaciones de verde camuflaje. En fin, los gringos saliendo y los gorilas entrando. Se convirtieron en refugio barato de amigas y parientes de encumbrados.
Tras la restitución de la democracia en diciembre de 1989, cobró mayor impulso la nueva doctrina: La de la administración de bienes raíces, función que estaba a cargo de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), y empezaron los privilegios. En primer lugar se impusieron quienes más dinero ofrecieron en las subastas de tierra y bienes. Eso estaba bien, considerando la necesidad de incorporar dichas tierras a la actividad económica productiva. Pero luego los grupos de privilegiados que ocupaban las viviendas, gracias a la dictadura, lograron preferencia para adquirirlas a distinto título. Unos lograron que por vía legislativa les reconocieran preferencia para adquirirlas con descuento. Otros, entre políticos, magistrados y gente con influencia lograron lo mismo con arriendos ulteriores, provocando sonados escándalos.
Hoy, en la zona Atlántica, algunas decenas de arrendatarios de la ARI se dan el lujo de acumular B/.29 millones en morosidad. Lo que es del Estado, no es de nadie. Dos tercios de ellos son residentes de Pedro Miguel, Santa Cruz y Gamboa, con alquileres de entre B/.65 y B/.215 mensuales, correspondiente a viviendas edificadas en unas 250 hectáreas.
Algunos acumulan hasta dos años sin pagar. La ARI ha negado que planee desalojar de las viviendas a los morosos. Con semejante criterio, ¿cómo espera cobrar lo adeudado, renunciando al poder coactivo? No obstante, la ARI está en comunicación con los morosos con el fin de arreglar pagos, reubicar a unos y vender a otros.
Lo ideal sería pasar, por venta o administración, dichos inmuebles al sector privado, de modo que sea éste quien imponga a los arrendatarios rígidos criterios de cumplimiento de obligaciones, de modo que accedan a las viviendas quienes estén dispuestos a honrar su pago, y no los irresponsables acostumbrados a vivir a costa de los demás. Hay afuera demasiada gente que daría lo que fuera por tener la oportunidad de esos avivatos de adquirir una vivienda amplia y digna a bajo precio.
