Malas políticas, mala distribución
Hay tres políticas "emblemáticas", "de país", "de Estado", que garantizan una gran masa de pobres y la mala distribución del ingreso.
Una es la imposibilidad del pleno empleo, por un costo artificial elevado del trabajo, por el salario mínimo, las indemnizaciones forzadas y los límites a las jornadas, a las horas extraordinarias, al trabajo de fines de semana y al trabajo juvenil.
Lo anterior, más los costos incalculables de inspectores, juicios y exigencias laborales tontas.
Si la llamada inactividad se mide bien, tenemos como un millón de chilenos a los que el gobierno les prohíbe trabajar.
Otras son las dificultades para el emprendimiento popular. Fuera de los malabaristas en las esquinas, el microtráfico de drogas y el robo en calles y casas, todo lo demás está sobre regulado. Instalar un pequeño establecimiento comercial, de comida o de bebidas, es una hazaña, por los inspectores y organismos municipales y oficiales de alimentación, ambientales, tributarios, de patentes, salud, laborales, etcétera. Salir a vender algo ya no se puede. Y no es claro por qué, ya que la variedad de prohibiciones es improcesable.
Pareciera que nuestra dirigencia nunca fue pobre, no los conoció, no emprendió nada, ni trabajó. Salvo con el Estado que, como decía Bastiat, es ese invento de algunos para vivir a costa de los demás.
La tercera es la mala calidad de la educación media, completamente regimentada, sin libertad, mal administrada, sin incentivos para profesores ni alumnos.
No hay forma de que nuestros sabios e intelectuales entiendan que, sin gestión libre y competencia, no hay calidad y que, por su culpa, nuestras clases populares están condenadas a la mediocridad.
Aquí son culpables todos, comenzando por Ricardo Lagos, cuando comandaba el Ministerio de Educación, que debería transformarse en una oficina de subsidios a la demanda para los necesitados y asignación de algunos fondos, ¡evaluados!
La botadera es de miles de millones de pesos. Se les quita el dinero a los chilenos, vía tributos, para un tonel sin fondo, sin mayores beneficios para la gente. Si a ésta le devolviéramos la plata de su trabajo, ésta crearía oportunidades de empleo, educación, ingresos y el desarrollo que nos falta y que explica el número elevado de pobres.
Obvio, si crecemos más, tendremos menos pobres, así como también si abriéramos más la economía ellos tendrían alimentos, ropa y crédito más baratos y hasta autos usados que podrían trabajar como taxis. Pero, ¡claro!, siempre que los políticos profesionales de la desigualdad abran esta actividad que cerraron en los años 90.
Los que nunca entendieron que la gente libre es la que crea la riqueza son los culpables de la pobreza y la mala distribución.
¿Y quiénes son? El ciento por ciento de los comunistas, socialistas, ambientalistas y la Central Unitaria de Trabajadores; el 80% del Partido por la Democracia; el 50% de Renovación Nacional; intelectuales, obispos, cientistas sociales, educadores y economistas, y el 10% de la Unión Democrática Independiente.
Los radicales y democristianos, que antes creían en la persona humana, se hicieron socialistas. No debe quedar más de un 10 por ciento rescatable.
¿Y los grandes empresarios? Usted sabe; la primera lección para el oficio es la navegación.
Y la segunda, que los reguladores siempre pueden ser capturados por los regulados.
*Profesor de economía, Universidad Finis Terrae, fue presidente del Banco Central de Chile.
©www.aipenet.com
Una es la imposibilidad del pleno empleo, por un costo artificial elevado del trabajo, por el salario mínimo, las indemnizaciones forzadas y los límites a las jornadas, a las horas extraordinarias, al trabajo de fines de semana y al trabajo juvenil.
Lo anterior, más los costos incalculables de inspectores, juicios y exigencias laborales tontas.
Si la llamada inactividad se mide bien, tenemos como un millón de chilenos a los que el gobierno les prohíbe trabajar.
Otras son las dificultades para el emprendimiento popular. Fuera de los malabaristas en las esquinas, el microtráfico de drogas y el robo en calles y casas, todo lo demás está sobre regulado. Instalar un pequeño establecimiento comercial, de comida o de bebidas, es una hazaña, por los inspectores y organismos municipales y oficiales de alimentación, ambientales, tributarios, de patentes, salud, laborales, etcétera. Salir a vender algo ya no se puede. Y no es claro por qué, ya que la variedad de prohibiciones es improcesable.
Pareciera que nuestra dirigencia nunca fue pobre, no los conoció, no emprendió nada, ni trabajó. Salvo con el Estado que, como decía Bastiat, es ese invento de algunos para vivir a costa de los demás.
La tercera es la mala calidad de la educación media, completamente regimentada, sin libertad, mal administrada, sin incentivos para profesores ni alumnos.
No hay forma de que nuestros sabios e intelectuales entiendan que, sin gestión libre y competencia, no hay calidad y que, por su culpa, nuestras clases populares están condenadas a la mediocridad.
Aquí son culpables todos, comenzando por Ricardo Lagos, cuando comandaba el Ministerio de Educación, que debería transformarse en una oficina de subsidios a la demanda para los necesitados y asignación de algunos fondos, ¡evaluados!
La botadera es de miles de millones de pesos. Se les quita el dinero a los chilenos, vía tributos, para un tonel sin fondo, sin mayores beneficios para la gente. Si a ésta le devolviéramos la plata de su trabajo, ésta crearía oportunidades de empleo, educación, ingresos y el desarrollo que nos falta y que explica el número elevado de pobres.
Obvio, si crecemos más, tendremos menos pobres, así como también si abriéramos más la economía ellos tendrían alimentos, ropa y crédito más baratos y hasta autos usados que podrían trabajar como taxis. Pero, ¡claro!, siempre que los políticos profesionales de la desigualdad abran esta actividad que cerraron en los años 90.
Los que nunca entendieron que la gente libre es la que crea la riqueza son los culpables de la pobreza y la mala distribución.
¿Y quiénes son? El ciento por ciento de los comunistas, socialistas, ambientalistas y la Central Unitaria de Trabajadores; el 80% del Partido por la Democracia; el 50% de Renovación Nacional; intelectuales, obispos, cientistas sociales, educadores y economistas, y el 10% de la Unión Democrática Independiente.
Los radicales y democristianos, que antes creían en la persona humana, se hicieron socialistas. No debe quedar más de un 10 por ciento rescatable.
¿Y los grandes empresarios? Usted sabe; la primera lección para el oficio es la navegación.
Y la segunda, que los reguladores siempre pueden ser capturados por los regulados.
*Profesor de economía, Universidad Finis Terrae, fue presidente del Banco Central de Chile.
©www.aipenet.com
