Malversación y subsidios electorales
Cuando el gobierno del PRD, por boca de Torrijos y de su flamante canciller, insistía en asegurar la “inminente aprobación” del tratado de libre comercio firmado con los Estados Unidos, en varios artículos recalqué que se trataba de otra de las innumerables patrañas de la extinta “patria nueva”. Al haberse descarrilado, con la irresponsable elección del diputado González para presidir la Asamblea, la posibilidad de que el tratado fuera ratificado por la vía del “fast track”, vigente hasta diciembre del 2007 y que impedía al Congreso de los Estados Unidos introducirle enmiendas, la ratificación del TPC quedó en el limbo. Sin embargo, el gobierno del PRD continuó, también irresponsablemente, gastando millones de dólares, a razón de cerca de 100,000 mensuales, en “cabilderos” para que, supuestamente, “nos ayudaran” con la ratificación.
Según información publicada en varios medios, los contratos de los cabilderos han sido cancelados. Esa medida es correcta; pero es incompleta. Hace falta que sea complementada con información detallada sobre los contratados y los pagos que recibieron, para que podamos saber cuánto fue el dinero despilfarrado por la irresponsabilidad del gobierno del PRD.
Es igualmente correcto que se haya decidido eliminar, por lo menos así fue anunciado, los contratos de las decenas de asesores y las asesorías que, también, alegre e irresponsablemente, proliferaron bajo el pasado gobierno. Sólo en el MOP, según trasciende de la noticia, se gastaron más de 20 millones en asesorías para, dizque, “buscar soluciones al problema del transporte”. Si se sumaran a éstas, las otorgadas por los otros ministerios y entidades autónomas, las cifras rondarían, fácilmente, el centenar de millones de gastos innecesarios; típicas bellaquerías que no deben quedar impunes. Alguien debe responder por esas sumas, deliberada y calculadamente estafadas al erario, en una afrenta directa a la pobreza que padecen muchos miles de nuestros compatriotas.
De entre todas las malversaciones y despilfarros de fondos públicos que, impunemente, se repiten en nuestro país, hay que destacar en lugar cimero a los subsidios electorales que, para el presente quinquenio político alcanzarán la escandalosa cifra de treinta y ocho (38) millones de balboas, de los cuales al PRD le tocarán unos diez (10) millones, en las cuotas pre y post electoral.
Sobre la iniquidad que son los subsidios electorales deben tomarse correctivos para eliminarlos o sustituirlos por la contratación de espacios en los medios de comunicación a los que tengan acceso, en condiciones equitativas, todos los partidos y candidatos. Otra buena medida sería deducir de ellos las sumas que, en función de gobierno, hubieren malversado o despilfarrado los respectivos partidos. Así, por ejemplo, comprobado que el PRD, o cualquier otro partido, han utilizado indebidamente dineros públicos para favorecer con contratos de asesoría a cabilderos y allegados políticos, sin justificación por su inutilidad, los montos de esos despilfarros debieran restarse de sus subsidios electorales.
Hay un proyecto de ley en la Asamblea que pretende responsabilizar a los funcionarios por las lesiones patrimoniales que sufra el Estado, como consecuencia de actos o decisiones declaradas ilegales por los tribunales, como ocurrió con las arbitrarias destituciones de la procuradora Gómez, posteriormente revocadas por la Corte Suprema de Justicia. Sugiero que sea aprovechado para incluir en sus disposiciones la obligación de los funcionarios, y de los partidos políticos, de devolver al Estado los dineros que malgasten en violación de la Ley o para conceder favores sin beneficio para el interés nacional.
