Mantienen a Pérez Balladares despistado
Enrevesado en su ego y pensando que sus mágicos planes con Ardito quedarían frustrados, el Presidente Pérez Balladares (E.P.B.) la emprendió contra los trabajadores canaleros que se manifestaron el pasado 29 de diciembre en apoyo a la innovadora y hechizante tesis de la jurisdicción del Código Laboral de Panamá para los contratados a partir del 1 de octubre de 1979 cuando entró en vigor el tratado. Calificó a sus dirigentes de oportunistas y poco patriotas, pues cree que sólo tienen derecho a un "patriótico oportunismo" los perredés que transan los espacios y bienes revertidos entre voraces aprovechadores e inversionistas, a la vez que expresó su extrañeza porque durante la jefatura estadounidense esos millonarios y doctorales obreros no lo reclamaron; parece que él y su delfín Martín creen que ya los norteños se despidieron y están en el 2000 con el pastel y la velitas para hacer de las suyas con bienes decrépitos pero atractivamente maquillados.
Con sus palabras, su gobierno rechaza la tesis de los manifestantes y acepta que el bochornoso tratado canalero, gestado por personas que como él fueron prestos tentáculos civiles de la dictadura militar, Panamá concedió a los EE.UU. la jurisdicción laboral sobre los empleados panameños en sus agencias. Lamentablemente debo aceptar que efectivamente tanto en el Tratado como en sus acuerdos quedó plasmada la enajenación jurisdiccional.
Sería comprensible que las denostativas expresiones fuesen del Presidente estadounidense, porque estaría defendiendo los dólares de sus taxpayers(contribuyentes), pero han sido proferidas por el Presidente de Panamá quien, con ello antipatrióticamente transmite el nefasto mensaje que su gobierno no apoyará las otras reclamaciones válidas de los compatriotas que supone amparar, a la vez que revela que existe una desarticulada gestión del Ejecutivo, que está mal asesorado, que desconoce las situaciones y condiciones que han surgido de las cambiantes reglamentaciones laborales estadounidenses y bochornoso tratado y que, en suma, sus perredés de izquierda, centro, derecha, socialmente resentidos y añoradores de las botas, lo mantienen despistado.
El dirigente Ray Bishop declaró que la concentración era en respaldo a la Cancillería que reclama la obligación norteña de pagar retroactivamente el décimo tercer mes y antigüedad laboral conforme nuestro Código Laboral, a la vez que estimó la deuda en la colosal cifra de ¡$5,000 millones! Por supuesto que E.P.B. ignora el canje de notas entre la parte panameña y la norteamericana en el Comité Conjunto, dígase la Ccj No. 557-98 del ex alto oficial de las fenecidas FDP, Daniel Delgado Diamante, a quien E.P.B. nombró su Co-Presidente pues cree que ese Comité fue instituido para tan sólo deslindar asuntos de cascos y metralletas; así como la Ccj 368-98 del Coordinador nativo del Grupo de Subcomités de Servicios Jurídicos del Comité Conjunto.
A fin de convencer al Coronel David Hunt, su homólogo norteño en el Comité, Delgado en su nota insiste en el retroactivo (que E.P.B. denuncia como una actitud que no hace bien al país), con un disparatado análisis sintáctico del Artículo VII del Acuerdo para la Aplicación del Artículo IV del Tratado referente al empleo de civiles. En consecuencia, altos funcionarios estadounidenses han rechazado tajantemente su tesis, dígase, en las notas JC#437-98, JC# 186-98, JC# 254-98 y, para no dejar, la que a nombre del Administrador istmeño de la Comisión remitió el Director de Recursos Humanos.
Los negociadores del Mandatario aceptaron que las condiciones de trabajo se regirían por los reglamentos estadounidenses y que tales los facilitarían a Panamá a través del Comité Conjunto, obviamente, para cuando entró a regir el tratado; aunque, después de entregarlos y quedar formalizados, los norteños han hecho cambios que violentan los reglamentos originales en perjuicio de los trabajadores con el silencio inepto o complaciente del Comité y sindicatos norteamericanos del área (buenas razones que le explican a E.P.B. el por qué ahora brotan los problemas). Antes de emprender la aventura, Delgado debió consultar a Don Aristides Royo, signatario del Acuerdo y Embajador de E.P.B. en Francia, para que le aclarara el acertijo y, de paso, informar al Presidente.
He venido sosteniendo que, a satisfacción del patrono norteño, la innovadora pero equivocada tesis que imprudente e incompetentemente ha germinado el Departamento de Asuntos del Tratado, está distrayendo el abordamiento y rectificación de violaciones al tratado y reglamentos instituidos por los norteamericanos; a la vez que fomentado la fiebre de "El Dorado" entre los trabajadores que enfrentan la apesadumbrada remisión a la desnutrida bolsa de los feudales empleos del mercado istmeño. ¿Por qué le ha de extrañar a E.P.B. que los trabajadores, embelesados por el espejismo de su Cancillería, no imiten el arrojo de los conquistadores?
Estoy remitiéndole a E.P.B. un documento que he realizado junto a un grupo de empleados, donde exponemos las violaciones al Tratado y reglamentos estadounidenses en perjuicio de los panameños. Debido a que el tratado no dispone de arbitraje sino que deja todo a la buena de las partes, esperamos que - con los conocimientos y servidos de funcionarios idóneos, agudos y centrados - su gobierno concerte con el norteamericano la rectificación de los desafueros. Por tratarse de un asunto con ribetes esencialmente políticos debo mencionar que tan sólo el candidato Alberto Vallarino ha hecho planteamientos serios y bien sustentados que demuestran su capacidad y disposición de lograr la reivindicación de derechos conculcados a los panameños (pueden tomarlo, si les da su ánimo, como una cuña política). No creo que Martín, menos Mireya conozcan que centenares de esos trabajadores no tienen derecho a vacaciones y, que son incontables los que tras muchos años de servicio han sido y serán despidos con tan sólo las gracias.
Con sus palabras, su gobierno rechaza la tesis de los manifestantes y acepta que el bochornoso tratado canalero, gestado por personas que como él fueron prestos tentáculos civiles de la dictadura militar, Panamá concedió a los EE.UU. la jurisdicción laboral sobre los empleados panameños en sus agencias. Lamentablemente debo aceptar que efectivamente tanto en el Tratado como en sus acuerdos quedó plasmada la enajenación jurisdiccional.
Sería comprensible que las denostativas expresiones fuesen del Presidente estadounidense, porque estaría defendiendo los dólares de sus taxpayers(contribuyentes), pero han sido proferidas por el Presidente de Panamá quien, con ello antipatrióticamente transmite el nefasto mensaje que su gobierno no apoyará las otras reclamaciones válidas de los compatriotas que supone amparar, a la vez que revela que existe una desarticulada gestión del Ejecutivo, que está mal asesorado, que desconoce las situaciones y condiciones que han surgido de las cambiantes reglamentaciones laborales estadounidenses y bochornoso tratado y que, en suma, sus perredés de izquierda, centro, derecha, socialmente resentidos y añoradores de las botas, lo mantienen despistado.
El dirigente Ray Bishop declaró que la concentración era en respaldo a la Cancillería que reclama la obligación norteña de pagar retroactivamente el décimo tercer mes y antigüedad laboral conforme nuestro Código Laboral, a la vez que estimó la deuda en la colosal cifra de ¡$5,000 millones! Por supuesto que E.P.B. ignora el canje de notas entre la parte panameña y la norteamericana en el Comité Conjunto, dígase la Ccj No. 557-98 del ex alto oficial de las fenecidas FDP, Daniel Delgado Diamante, a quien E.P.B. nombró su Co-Presidente pues cree que ese Comité fue instituido para tan sólo deslindar asuntos de cascos y metralletas; así como la Ccj 368-98 del Coordinador nativo del Grupo de Subcomités de Servicios Jurídicos del Comité Conjunto.
A fin de convencer al Coronel David Hunt, su homólogo norteño en el Comité, Delgado en su nota insiste en el retroactivo (que E.P.B. denuncia como una actitud que no hace bien al país), con un disparatado análisis sintáctico del Artículo VII del Acuerdo para la Aplicación del Artículo IV del Tratado referente al empleo de civiles. En consecuencia, altos funcionarios estadounidenses han rechazado tajantemente su tesis, dígase, en las notas JC#437-98, JC# 186-98, JC# 254-98 y, para no dejar, la que a nombre del Administrador istmeño de la Comisión remitió el Director de Recursos Humanos.
Los negociadores del Mandatario aceptaron que las condiciones de trabajo se regirían por los reglamentos estadounidenses y que tales los facilitarían a Panamá a través del Comité Conjunto, obviamente, para cuando entró a regir el tratado; aunque, después de entregarlos y quedar formalizados, los norteños han hecho cambios que violentan los reglamentos originales en perjuicio de los trabajadores con el silencio inepto o complaciente del Comité y sindicatos norteamericanos del área (buenas razones que le explican a E.P.B. el por qué ahora brotan los problemas). Antes de emprender la aventura, Delgado debió consultar a Don Aristides Royo, signatario del Acuerdo y Embajador de E.P.B. en Francia, para que le aclarara el acertijo y, de paso, informar al Presidente.
He venido sosteniendo que, a satisfacción del patrono norteño, la innovadora pero equivocada tesis que imprudente e incompetentemente ha germinado el Departamento de Asuntos del Tratado, está distrayendo el abordamiento y rectificación de violaciones al tratado y reglamentos instituidos por los norteamericanos; a la vez que fomentado la fiebre de "El Dorado" entre los trabajadores que enfrentan la apesadumbrada remisión a la desnutrida bolsa de los feudales empleos del mercado istmeño. ¿Por qué le ha de extrañar a E.P.B. que los trabajadores, embelesados por el espejismo de su Cancillería, no imiten el arrojo de los conquistadores?
Estoy remitiéndole a E.P.B. un documento que he realizado junto a un grupo de empleados, donde exponemos las violaciones al Tratado y reglamentos estadounidenses en perjuicio de los panameños. Debido a que el tratado no dispone de arbitraje sino que deja todo a la buena de las partes, esperamos que - con los conocimientos y servidos de funcionarios idóneos, agudos y centrados - su gobierno concerte con el norteamericano la rectificación de los desafueros. Por tratarse de un asunto con ribetes esencialmente políticos debo mencionar que tan sólo el candidato Alberto Vallarino ha hecho planteamientos serios y bien sustentados que demuestran su capacidad y disposición de lograr la reivindicación de derechos conculcados a los panameños (pueden tomarlo, si les da su ánimo, como una cuña política). No creo que Martín, menos Mireya conozcan que centenares de esos trabajadores no tienen derecho a vacaciones y, que son incontables los que tras muchos años de servicio han sido y serán despidos con tan sólo las gracias.
