Martín Torrijos: F.O.D.A. presidencial
Cualquier individuo que esté o haya estado vinculado al mercadeo y la mercadotecnia sabe lo que significa un análisis F.O.D.A. Pero hay personas que no lo conocen, ni lo han oído mencionar, así que allí les va la explicación: Un análisis F.O.D.A. es una herramienta que sirve para conformar un cuadro de la situación actual de una empresa, permitiendo obtener un diagnóstico preciso para que, en función de ello, se tomen decisiones acordes con los objetivos y políticas previamente formuladas.
El término es un acróstico conformado por las primeras siglas de las palabras Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza. De estas cuatro variables, las fortalezas como las debilidades son factores internos de la organización. En cambio, las oportunidades y las amenazas están relacionadas con factores externos.
Al trasladar esta forma de estudio al campo político panameño, específicamente sobre los candidatos presidenciales, para el proceso electoral de mayo de 2004, el resultado puede ser extremadamente productivo. Habría entonces que ver a Martín Torrijos, Guillermo Endara, Ricardo Martinelli, José Miguel Alemán y, por qué no, a Iván Blasser como “empresas” que venden un “producto” (ellos mismos), a un “mercado meta” (nosotros), para conseguir un voto (ganancia).
Bajo un humilde espíritu crítico, me permito realizar un análisis F.O.D.A. de uno de los aspirantes al sillón presidencial. No cabe la menor duda que este ejercicio funcionará para verle un matiz más “empresarial” a su candidatura, ya que siempre he sostenido que el Estado panameño debe verse, medirse, controlarse y administrarse como si fuese una organización.
Entremos en materia. Su principal fortaleza es su apellido o legado familiar. Se tiene la convicción de que porque es hijo de Omar Torrijos Herrera, va a seguir los pasos de su padre. Está también su juventud, porque con ella representa a una nueva generación de panameños que necesita alguien con quién identificarse. El colectivo que lo apoya no puede quedarse atrás. Una maquinaria política que tiene y contiene una amalgama de individuos hábiles, sagaces y preparados en todas las áreas sociales, empresariales y políticas, quienes pueden llegar a asesorarlo y proporcionarle un respaldo económico inimaginable. Una fuerza revolucionaria sólida y democrática. Como oportunidad, se encuentra esa misma generación joven de Panamá.
Mercadológicamente hablando, la juventud panameña es y debe ser su “target”; porque vamos a jugar un papel preponderante, teniendo quizás la última palabra en lo que a la elección presidencial se refiere. Los informes del Tribunal Electoral señalan que el número de adolescentes mayores de 18 años, hasta un rango de 35, representan una cantidad “muy significativa” en el grupo de personas hábiles para el sufragio. Martín puede transformar a este grupo electoral en su “tabla de salvación”, si hace calar su mensaje. No es fácil, tampoco imposible.
Si bien el PRD es una agrupación con trayectoria y sapiencia política, representa un arma de doble filo para Martín Torrijos, en cuanto a debilidades se refiere. Existen personas que reconocen que el tiempo de la dictadura ya pasó. Sin embargo, hay otros que no lo sienten así. Piensan que aquellos que conforman el PRD son gente del noriegato y comunistas de la peor calaña. El estigma militar está arraigado en la memoria de miles de panameños. También está el problema de la “lucha interna por el poder” y la “manipulación” a la que en algún momento podría estar sometido Martín por la “cúpula del partido”; en buen panameño, por los “mandamases del PRD” (a quienes conocemos de vicio).
Aunque sus discursos en las convenciones perredistas han sido directos, fuertes y opositores contra la administración Moscoso y el tema de la corrupción, su patrullaje interno y comunitario ha sido escaso, quedando demostrado en las primarias con el leve porcentaje de copartidarios que asistieron a las urnas para respaldarlo; dejando la impresión que su candidatura no es del todo aceptada. También oímos cómo le achacan su “falta de experiencia política”, hecho que podría repercutir en el manejo de las cosas del Estado y en la tan polémica “gobernabilidad”.
Por último, las amenazas. En este renglón sólo hay dos. Una se traduce en los demás candidatos; todos y cada uno, sin excepción. Según LatiNetwork Ditcher & Neira, Martín va a la cabeza en cuanto a la intención del voto con respecto de los otros tres; entre ellos, “pisándole los talones”, está Guillermo Endara. Pero eso no significa que los demás no hagan o puedan hacer lo suyo (especialmente, el “Ungido”). Hay mucho camino por delante. Siempre es bueno recordar el cuento de la “liebre y la tortuga” (más cuando esta “tortuguita” tiene “propulsores gubernamentales” que podrían hacer “magia”).
Pese a la consistente ventaja de Torrijos, Endara, Martinelli y Alemán pueden hacer de las elecciones un evento de “photo finish” o, peor aún, “no apto para cardíacos”.
La otra amenaza es la supuesta “campaña difamatoria o de desprestigio” que le pueden montar a Martín Torrijos. Sólo falta esperar a que presente su plan de gobierno y los integrantes de su terna, pero eso es “harina de otro costal”.
(jayamal@hotmail.com)
Para la legisladora se mencionan 52 pueblos para comunidades indígenas, aduciendo que son éstos los que quedaron fuera, sin embargo, para ella no son más que “52 comarcas, pues el régimen que plantea el proyecto es estrictamente comarcal sin una estructura geopolítica y administrativa definida”.
En términos numéricos Milanés de Lay sostiene que del 16% adjudicable para la provincia, los indígenas que discuten tierras colectivas adquirirían un 10%, porque el 84% del territorio del Darién es área protegida y dentro de este porcentaje se incluyen las Comarcas Emberá – Wounaán y la kuna de Wargandi, restándonos únicamente el “6%, siendo una mayoría abismal los no indígenas”.
Según dijo, de los más de 4 mil 200 kilómetros que componen las tierras comarcales, un 97% está “baldío, desocupado... ocioso”.
Desde su punto de vista “chiricanos, santeños, veragüenses, no podrían venir a estas tierras ocupadas por los indios a trabajarlas pero ellos sí pueden hacerlo en estas provincias”.
“Nuestra propuesta”, resume Milanés, “es que la comarca es para los emberá – wounaán y la provincia de Darién para los no indígenas”.
El campesino Ramiro Barrios, representante de los interioranos de Darién, también está dispuesto para la lucha. “Somos más de 40 mil no indígenas que necesitamos esos terrenos, ellos tienen comarcas con exceso de tierra y son sólo unos 8 mil, para qué quieren más”.
Además, indica Barrios, radicado en Santa Fe desde 1995, “el presupuesto para los indígenas es sólo para ellos, el de los no indígenas es para el negro, el campesino y también el indio. Salen doblemente favorecidos en todo”.
¿Y qué hay de la tala?, preguntamos y Barrios admite: “sí, lo aceptamos, pero lo hacemos porque no se nos enseñó otra cosa. Es por necesidad, aunque el indígena tala la madera con aprobación de las autoridades”.
Por su parte, María Sujey Blanco, dirigente de los grupos afros de la región no pierde la esperanza de que los emberá reconozcan que debe haber punto intermedio para este conflicto.
“Estamos aún a la espera de las acciones de nuestros hermanos de tierras colectivas. Ojalá recapaciten”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
El término es un acróstico conformado por las primeras siglas de las palabras Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza. De estas cuatro variables, las fortalezas como las debilidades son factores internos de la organización. En cambio, las oportunidades y las amenazas están relacionadas con factores externos.
Al trasladar esta forma de estudio al campo político panameño, específicamente sobre los candidatos presidenciales, para el proceso electoral de mayo de 2004, el resultado puede ser extremadamente productivo. Habría entonces que ver a Martín Torrijos, Guillermo Endara, Ricardo Martinelli, José Miguel Alemán y, por qué no, a Iván Blasser como “empresas” que venden un “producto” (ellos mismos), a un “mercado meta” (nosotros), para conseguir un voto (ganancia).
Bajo un humilde espíritu crítico, me permito realizar un análisis F.O.D.A. de uno de los aspirantes al sillón presidencial. No cabe la menor duda que este ejercicio funcionará para verle un matiz más “empresarial” a su candidatura, ya que siempre he sostenido que el Estado panameño debe verse, medirse, controlarse y administrarse como si fuese una organización.
Entremos en materia. Su principal fortaleza es su apellido o legado familiar. Se tiene la convicción de que porque es hijo de Omar Torrijos Herrera, va a seguir los pasos de su padre. Está también su juventud, porque con ella representa a una nueva generación de panameños que necesita alguien con quién identificarse. El colectivo que lo apoya no puede quedarse atrás. Una maquinaria política que tiene y contiene una amalgama de individuos hábiles, sagaces y preparados en todas las áreas sociales, empresariales y políticas, quienes pueden llegar a asesorarlo y proporcionarle un respaldo económico inimaginable. Una fuerza revolucionaria sólida y democrática. Como oportunidad, se encuentra esa misma generación joven de Panamá.
Mercadológicamente hablando, la juventud panameña es y debe ser su “target”; porque vamos a jugar un papel preponderante, teniendo quizás la última palabra en lo que a la elección presidencial se refiere. Los informes del Tribunal Electoral señalan que el número de adolescentes mayores de 18 años, hasta un rango de 35, representan una cantidad “muy significativa” en el grupo de personas hábiles para el sufragio. Martín puede transformar a este grupo electoral en su “tabla de salvación”, si hace calar su mensaje. No es fácil, tampoco imposible.
Si bien el PRD es una agrupación con trayectoria y sapiencia política, representa un arma de doble filo para Martín Torrijos, en cuanto a debilidades se refiere. Existen personas que reconocen que el tiempo de la dictadura ya pasó. Sin embargo, hay otros que no lo sienten así. Piensan que aquellos que conforman el PRD son gente del noriegato y comunistas de la peor calaña. El estigma militar está arraigado en la memoria de miles de panameños. También está el problema de la “lucha interna por el poder” y la “manipulación” a la que en algún momento podría estar sometido Martín por la “cúpula del partido”; en buen panameño, por los “mandamases del PRD” (a quienes conocemos de vicio).
Aunque sus discursos en las convenciones perredistas han sido directos, fuertes y opositores contra la administración Moscoso y el tema de la corrupción, su patrullaje interno y comunitario ha sido escaso, quedando demostrado en las primarias con el leve porcentaje de copartidarios que asistieron a las urnas para respaldarlo; dejando la impresión que su candidatura no es del todo aceptada. También oímos cómo le achacan su “falta de experiencia política”, hecho que podría repercutir en el manejo de las cosas del Estado y en la tan polémica “gobernabilidad”.
Por último, las amenazas. En este renglón sólo hay dos. Una se traduce en los demás candidatos; todos y cada uno, sin excepción. Según LatiNetwork Ditcher & Neira, Martín va a la cabeza en cuanto a la intención del voto con respecto de los otros tres; entre ellos, “pisándole los talones”, está Guillermo Endara. Pero eso no significa que los demás no hagan o puedan hacer lo suyo (especialmente, el “Ungido”). Hay mucho camino por delante. Siempre es bueno recordar el cuento de la “liebre y la tortuga” (más cuando esta “tortuguita” tiene “propulsores gubernamentales” que podrían hacer “magia”).
Pese a la consistente ventaja de Torrijos, Endara, Martinelli y Alemán pueden hacer de las elecciones un evento de “photo finish” o, peor aún, “no apto para cardíacos”.
La otra amenaza es la supuesta “campaña difamatoria o de desprestigio” que le pueden montar a Martín Torrijos. Sólo falta esperar a que presente su plan de gobierno y los integrantes de su terna, pero eso es “harina de otro costal”.
(jayamal@hotmail.com)
Para la legisladora se mencionan 52 pueblos para comunidades indígenas, aduciendo que son éstos los que quedaron fuera, sin embargo, para ella no son más que “52 comarcas, pues el régimen que plantea el proyecto es estrictamente comarcal sin una estructura geopolítica y administrativa definida”.
En términos numéricos Milanés de Lay sostiene que del 16% adjudicable para la provincia, los indígenas que discuten tierras colectivas adquirirían un 10%, porque el 84% del territorio del Darién es área protegida y dentro de este porcentaje se incluyen las Comarcas Emberá – Wounaán y la kuna de Wargandi, restándonos únicamente el “6%, siendo una mayoría abismal los no indígenas”.
Según dijo, de los más de 4 mil 200 kilómetros que componen las tierras comarcales, un 97% está “baldío, desocupado... ocioso”.
Desde su punto de vista “chiricanos, santeños, veragüenses, no podrían venir a estas tierras ocupadas por los indios a trabajarlas pero ellos sí pueden hacerlo en estas provincias”.
“Nuestra propuesta”, resume Milanés, “es que la comarca es para los emberá – wounaán y la provincia de Darién para los no indígenas”.
El campesino Ramiro Barrios, representante de los interioranos de Darién, también está dispuesto para la lucha. “Somos más de 40 mil no indígenas que necesitamos esos terrenos, ellos tienen comarcas con exceso de tierra y son sólo unos 8 mil, para qué quieren más”.
Además, indica Barrios, radicado en Santa Fe desde 1995, “el presupuesto para los indígenas es sólo para ellos, el de los no indígenas es para el negro, el campesino y también el indio. Salen doblemente favorecidos en todo”.
¿Y qué hay de la tala?, preguntamos y Barrios admite: “sí, lo aceptamos, pero lo hacemos porque no se nos enseñó otra cosa. Es por necesidad, aunque el indígena tala la madera con aprobación de las autoridades”.
Por su parte, María Sujey Blanco, dirigente de los grupos afros de la región no pierde la esperanza de que los emberá reconozcan que debe haber punto intermedio para este conflicto.
“Estamos aún a la espera de las acciones de nuestros hermanos de tierras colectivas. Ojalá recapaciten”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
