Martín y la Policía
Como consecuencia de la invasión militar del 20 de diciembre de 1989 contra Panamá por parte de los Estados Unidos, el gobierno del licenciado Guillermo Endara Galimany y actual candidato Arnulfista, recurrió al desmantelamiento radical de todo el aparato de seguridad y defensa de Estado Panameño organizado en las llamadas Fuerzas de Defensa.
Esta acción se da al margen del diseño de un nuevo sistema de seguridad y defensa que suplantara al anterior, el cual hubiera permitido la renovación gradual de la estructura militar desgastada y que antagonizaba con los planes de democratización que el país requería.
Lo anterior significa que el gobierno del hoy candidato Arnulfista; Guillermo Endara Galimany dejó desprovisto al país de su capacidad para defenderse y de garantizarse su propia seguridad pública, toda vez que no fue capaz, de diseñar una política de Estado sobre seguridad nacional que le permitiera al gobierno tener control sobre las organizaciones criminales, garantizar la seguridad de la vida humana y los bienes de la sociedad.
Desde que el gobierno del licenciado Guillermo Endara Galimany destruyó todos los estamentos de seguridad, el país se ha visto envuelto en una vorágine de violencia social, los panameños desde ese momento y hasta hoy, somos testigos de crímenes que a diario estremecen nuestra conciencia y lesionan nuestro espíritu: asesinatos de taxistas, profesionales, jóvenes, niños, adolescentes, sacerdotes, en nuestras calles reina el imperio de las pandillas, las cuales han logrado que nuestras calles se vuelvan intransitables por su peligrosidad.
Ante el avance incontrolable del hampa, mejor armado que la Fuerza Pública, ante lo atormentado que está el país, ante el hecho de que el hampa no respeta ya ni los cuartos de urgencia ni los quirófanos de los hospitales, debido a que la comunidad no tolera más la inseguridad ni la incapacidad de quien dirige la policía, surge la preocupación del candidato de la oposición política panameña Martín Torrijos, cuando expresó su inquietud en cuanto a que la ley "debería permitirle al Presidente de la República decidir entre un civil o un policía para dirigir la Fuerza Pública". En este planteamiento se destaca el reconocimiento y respeto a la ley tal como está, en ningún momento el candidato Martín Torrijos ha manifestado ninguna intención en transgredir el mandato de esta ley.
La Fuerza Pública debe estar dirigida a mi juicio como ciudadano que ha visto la violencia en el barrio donde reside, por un especialista de las artes policiales, que sea un profesional respetuoso de la ley, respetuoso del poder civil y que esté dispuesto a subordinarse a el, que respete los derechos humanos, que tenga capacidad de mando y que ostente un liderazgo que permita a que nuestros policías cuenten con una alta moral policial, que conviva con sus unidades durante todas sus experiencias.
La institucionalidad democrática se ha fortalecido en este país, la población ha dado muestras de querer la democracia y también su disposición de defenderla, la jefatura de un policía en la Fuerza Pública no representa un peligro para la democracia, la vida de ella sólo peligra, por la existencia de un Órgano Ejecutivo corrupto, de un Órgano Legislativo revestido con blindaje de impunidad, con un Órgano Judicial que estremece la conciencia de la nación sepultando en la impunidad, a uno de los escándalos de corrupción más vergonzosos de los cien años de República y porque un magistrado confiesa que hubo sobornos. Podemos tener entonces la seguridad que Martín Torrijos no desconocerá la ley, pero quiero dejarle al lector la siguiente reflexión e interrogante: ¿Si a usted le correspondiere escoger entre un vendedor de autos o un policía para que dirija la Fuerza Pública por quién se inclinaría?
Esta acción se da al margen del diseño de un nuevo sistema de seguridad y defensa que suplantara al anterior, el cual hubiera permitido la renovación gradual de la estructura militar desgastada y que antagonizaba con los planes de democratización que el país requería.
Lo anterior significa que el gobierno del hoy candidato Arnulfista; Guillermo Endara Galimany dejó desprovisto al país de su capacidad para defenderse y de garantizarse su propia seguridad pública, toda vez que no fue capaz, de diseñar una política de Estado sobre seguridad nacional que le permitiera al gobierno tener control sobre las organizaciones criminales, garantizar la seguridad de la vida humana y los bienes de la sociedad.
Desde que el gobierno del licenciado Guillermo Endara Galimany destruyó todos los estamentos de seguridad, el país se ha visto envuelto en una vorágine de violencia social, los panameños desde ese momento y hasta hoy, somos testigos de crímenes que a diario estremecen nuestra conciencia y lesionan nuestro espíritu: asesinatos de taxistas, profesionales, jóvenes, niños, adolescentes, sacerdotes, en nuestras calles reina el imperio de las pandillas, las cuales han logrado que nuestras calles se vuelvan intransitables por su peligrosidad.
Ante el avance incontrolable del hampa, mejor armado que la Fuerza Pública, ante lo atormentado que está el país, ante el hecho de que el hampa no respeta ya ni los cuartos de urgencia ni los quirófanos de los hospitales, debido a que la comunidad no tolera más la inseguridad ni la incapacidad de quien dirige la policía, surge la preocupación del candidato de la oposición política panameña Martín Torrijos, cuando expresó su inquietud en cuanto a que la ley "debería permitirle al Presidente de la República decidir entre un civil o un policía para dirigir la Fuerza Pública". En este planteamiento se destaca el reconocimiento y respeto a la ley tal como está, en ningún momento el candidato Martín Torrijos ha manifestado ninguna intención en transgredir el mandato de esta ley.
La Fuerza Pública debe estar dirigida a mi juicio como ciudadano que ha visto la violencia en el barrio donde reside, por un especialista de las artes policiales, que sea un profesional respetuoso de la ley, respetuoso del poder civil y que esté dispuesto a subordinarse a el, que respete los derechos humanos, que tenga capacidad de mando y que ostente un liderazgo que permita a que nuestros policías cuenten con una alta moral policial, que conviva con sus unidades durante todas sus experiencias.
La institucionalidad democrática se ha fortalecido en este país, la población ha dado muestras de querer la democracia y también su disposición de defenderla, la jefatura de un policía en la Fuerza Pública no representa un peligro para la democracia, la vida de ella sólo peligra, por la existencia de un Órgano Ejecutivo corrupto, de un Órgano Legislativo revestido con blindaje de impunidad, con un Órgano Judicial que estremece la conciencia de la nación sepultando en la impunidad, a uno de los escándalos de corrupción más vergonzosos de los cien años de República y porque un magistrado confiesa que hubo sobornos. Podemos tener entonces la seguridad que Martín Torrijos no desconocerá la ley, pero quiero dejarle al lector la siguiente reflexión e interrogante: ¿Si a usted le correspondiere escoger entre un vendedor de autos o un policía para que dirija la Fuerza Pública por quién se inclinaría?
