Más coherencia, Sra. Presidenta
Este y otros diarios, el domingo pasado nos entregaron declaraciones de la Excelentísima Sra. Presidenta que se divulgaron mediante boletín de noticias de la Dirección General de Información y Relaciones Públicas del Estado. Nos parece insólito que la Excelentísima Sra. Presidenta declare que "se considera impedida para apoyar o recomendar investigaciones sobre el caso del CEMIS y la ratificación de los magistrados, así como sobre la disputa Tricom-BellSouth, ya que al hacerlo contraviene el principio de la separación de los poderes del Estado.
La Primera Mandataria igualmente se opuso a la creación de una entidad de lucha contra la corrupción con el simplista argumento de que hacerlo sería cercenar y cuestionar la facultad del Organo Judicial. Se resistió igualmente a suspender la contratación directa en el FIS, porque según su ilustre criterio esa recomendación obedece a generalizaciones que crean la percepción de corrupción y en cuanto al nepotismo, lo justificó con el inaudito argumento de que en "países que se caracterizan por su pequeñez poblacional y baja participación política, es casi inevitable el dar cargos y responsabilidades públicas a allegados y parientes".
Queremos hacer alusión a cada una de las orientaciones de la Primera Mandataria:
1º Referente a la declaración de que "se considera impedida para apoyar o recomendar investigaciones sobre el caso del CEMIS y la ratificación de los magistrados, así como sobre la disputa Tricom-BellSouth", porque al hacerlo se estaría inmiscuyendo en los asuntos de otros Organos del Estado, nadie va a creer este inusitado desvelo de la Primera Mandataria por la separación de los Organos del Estado cuando este gobierno, al igual que anteriores, se han caracterizado por ser presidencialistas: todo gira alrededor de la figura del Presidente de la República. Lo que parece realmente acontecer es que la Primera Mandataria tiene un profundo temor por los resultados que arrojen esas investigaciones, no tanto por su probable implicación, sino también por la de miembros de su gobierno.
2° Sobre la oposición de la Primera Mandataria a la creación de una entidad que combata la corrupción, porque se cercenaría y cuestionaría la facultad del Organo Judicial de administrar justicia, la invitamos a que haga valederas las mismas razones que la llevaron a crear la Comisión de la Verdad. Decía un cronista, en ocasión a la creación de la Comisión de la Verdad, que no es cierto que ella entorpece las facultades del Ministerio Público pues "en ninguna democracia el Ministerio Público -o sus equivalentes- monopoliza la investigación de hechos o eventos trascendentes. En tiempos normales, las comisiones parlamentarias asumen su papel de fiscalización y frecuentemente de investigación en todos aquellos asuntos de importancia pública que así lo ameritan. En circunstancias extraordinarias, como las que suceden a eventos remecedores o traumáticos, se forman comisiones especiales de investigación, integradas por personas de reconocida capacidad, honestidad y criterio, cuyo objetivo es descubrir y revelar públicamente la verdad buscada de los hechos. Las ha habido muy diferentes y con diversos grados de éxito (la comisión Sábato en Argentina; la Agranat en Israel; la Vargas Llosa en Perú; la Warren en Estados Unidos), pero todas han respondido a la exigencia pública de conocer, sin cortapisas ni filtros, la verdad".
3° Respecto a la inclusión al régimen de contratación pública las obras del FIS, la Primera Mandataria ha manifestado que se opone a esta recomendación de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción porque a su juicio, entre otras cosas, "responde a las generalizaciones que crean la percepción de corrupción". Dicho en otras palabras, no acepta la recomendación de la Comisión porque según ella se deriva de una percepción y no de hechos. Creo que lo primero que debe hacer la Primera Mandataria es ponerse de acuerdo con ella misma porque en el propio decreto, firmado por ella, mediante el que nombra la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, afirma que "la República sufre una profunda crisis de valores, que afecta todos los órdenes sociales, económicos y políticos". ¿En qué quedamos entonces? ¿Sí porque sí, y no porque no?
4° Referente al nepotismo, una nueva tesis aporta la Primera Mandataria, y todos nos preguntamos que si ese es su pensar ¿por qué engañó al electorado al prometer en su campaña que acabaría con el nepotismo? Por otro lado, la Ley 9 del 20 de junio de 1994, que reglamenta la Carrera Administrativa en Panamá, prohíbe a los servidores públicos incurrir en nepotismo y para que no haya lugar a dudas ni ambigüedades, el artículo 2 de dicha ley define al nepotismo como "la falta administrativa en que incurre la autoridad nominadora que beneficia con nombramientos en puestos públicos, a su cónyuge, pareja de unión consensual y otros parientes dentro del tercer grado de consaguinidad y segundo de afinidad". Por todo lo anterior pareciera que la Excelentísima Sra. Presidenta se ha constituido en promotora y auspiciadora del actual estado de corrupción existente.
*Coordinación Nacional para la Descentralización y el Desarrollo Local.
La Primera Mandataria igualmente se opuso a la creación de una entidad de lucha contra la corrupción con el simplista argumento de que hacerlo sería cercenar y cuestionar la facultad del Organo Judicial. Se resistió igualmente a suspender la contratación directa en el FIS, porque según su ilustre criterio esa recomendación obedece a generalizaciones que crean la percepción de corrupción y en cuanto al nepotismo, lo justificó con el inaudito argumento de que en "países que se caracterizan por su pequeñez poblacional y baja participación política, es casi inevitable el dar cargos y responsabilidades públicas a allegados y parientes".
Queremos hacer alusión a cada una de las orientaciones de la Primera Mandataria:
1º Referente a la declaración de que "se considera impedida para apoyar o recomendar investigaciones sobre el caso del CEMIS y la ratificación de los magistrados, así como sobre la disputa Tricom-BellSouth", porque al hacerlo se estaría inmiscuyendo en los asuntos de otros Organos del Estado, nadie va a creer este inusitado desvelo de la Primera Mandataria por la separación de los Organos del Estado cuando este gobierno, al igual que anteriores, se han caracterizado por ser presidencialistas: todo gira alrededor de la figura del Presidente de la República. Lo que parece realmente acontecer es que la Primera Mandataria tiene un profundo temor por los resultados que arrojen esas investigaciones, no tanto por su probable implicación, sino también por la de miembros de su gobierno.
2° Sobre la oposición de la Primera Mandataria a la creación de una entidad que combata la corrupción, porque se cercenaría y cuestionaría la facultad del Organo Judicial de administrar justicia, la invitamos a que haga valederas las mismas razones que la llevaron a crear la Comisión de la Verdad. Decía un cronista, en ocasión a la creación de la Comisión de la Verdad, que no es cierto que ella entorpece las facultades del Ministerio Público pues "en ninguna democracia el Ministerio Público -o sus equivalentes- monopoliza la investigación de hechos o eventos trascendentes. En tiempos normales, las comisiones parlamentarias asumen su papel de fiscalización y frecuentemente de investigación en todos aquellos asuntos de importancia pública que así lo ameritan. En circunstancias extraordinarias, como las que suceden a eventos remecedores o traumáticos, se forman comisiones especiales de investigación, integradas por personas de reconocida capacidad, honestidad y criterio, cuyo objetivo es descubrir y revelar públicamente la verdad buscada de los hechos. Las ha habido muy diferentes y con diversos grados de éxito (la comisión Sábato en Argentina; la Agranat en Israel; la Vargas Llosa en Perú; la Warren en Estados Unidos), pero todas han respondido a la exigencia pública de conocer, sin cortapisas ni filtros, la verdad".
3° Respecto a la inclusión al régimen de contratación pública las obras del FIS, la Primera Mandataria ha manifestado que se opone a esta recomendación de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción porque a su juicio, entre otras cosas, "responde a las generalizaciones que crean la percepción de corrupción". Dicho en otras palabras, no acepta la recomendación de la Comisión porque según ella se deriva de una percepción y no de hechos. Creo que lo primero que debe hacer la Primera Mandataria es ponerse de acuerdo con ella misma porque en el propio decreto, firmado por ella, mediante el que nombra la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, afirma que "la República sufre una profunda crisis de valores, que afecta todos los órdenes sociales, económicos y políticos". ¿En qué quedamos entonces? ¿Sí porque sí, y no porque no?
4° Referente al nepotismo, una nueva tesis aporta la Primera Mandataria, y todos nos preguntamos que si ese es su pensar ¿por qué engañó al electorado al prometer en su campaña que acabaría con el nepotismo? Por otro lado, la Ley 9 del 20 de junio de 1994, que reglamenta la Carrera Administrativa en Panamá, prohíbe a los servidores públicos incurrir en nepotismo y para que no haya lugar a dudas ni ambigüedades, el artículo 2 de dicha ley define al nepotismo como "la falta administrativa en que incurre la autoridad nominadora que beneficia con nombramientos en puestos públicos, a su cónyuge, pareja de unión consensual y otros parientes dentro del tercer grado de consaguinidad y segundo de afinidad". Por todo lo anterior pareciera que la Excelentísima Sra. Presidenta se ha constituido en promotora y auspiciadora del actual estado de corrupción existente.
*Coordinación Nacional para la Descentralización y el Desarrollo Local.
