Más empleo y la reducción de fuerza
En la campaña electoral, el presidente Torrijos enfatizó en tres promesas. La primera de ellas fue: "Más empleo". Pareciera paradójico que entre las primeras acciones del nuevo gobierno se planteara el despido de varios miles de servidores públicos. También ha insistido el mandatario en la necesidad de cumplir con la Ley y, así como han despedido funcionarios, también han nombrado asesores de vasta experiencia.
Especialmente los copartidarios del presidente Torrijos deben comprender que en el Panamá de hoy, "Más empleo" debe entenderse como más empleo en el sector privado. Con una planilla que consume casi la totalidad de los ingresos estatales corrientes, es impensable que un gobierno responsable fuera a abultarla aún más. Si, por otra parte, se comprobara la presunción de que hay una cantidad importante de personas que cobra sin trabajar, es lógico que la nueva administración procediera a despedirla; si hay dependencias que ya no tienen razón de ser, se entiende que deban ser disueltas y su personal reducido.
Si, además, existe una estrechez fiscal es lógico que se bajen los gastos, incluyendo el de planilla. Pero todo lo anterior debe ejecutarse de acuerdo con la Ley, y la Ley de Carrera Administrativa establece, claramente, un procedimiento para ejecutar un programa de Reducción de Fuerza.
Permitir que los ministros cometan el exabrupto de reducir la planilla sin cumplir con los procedimientos legales y reglamentarios, es exponer al Estado a demandas que, por acumulación de casos y de tiempo, se convertirán en deudas millonarias que afectarán doblemente al fisco. Decimos doblemente porque, si se incumple con la Ley, una vez se empiecen a acumular los salarios caídos, las costas y los gastos, el Estado estará pagando los sueldos de los reemplazos y acumulando deudas con los ilegalmente despedidos. Y atención, que puede haber justificación para hacer despidos, pero si no se hacen de acuerdo con la Ley, serán justos pero ilegales.
Todo lo anterior debiera ser conocido por los duchos y flamantes asesores del Ministerio de la Presidencia que ya esta quincena deben estar cobrando su primer cheque.
Si queremos ser realmente un país moderno y desarrollado, debemos dejar atrás el provincialismo de ver la planilla estatal como botín del gobierno de turno. No es posible que cada cinco años vivamos la angustia de la botadera de servidores públicos, seguida por maniobras para volver a colmar las planillas de copartidariosmás allá de lo razonable.
Una de las promesas de campaña del presidente Torrijos, que está recogida en la página 28 de su Plan de Gobierno, se refiere a implementar la Ley de Carrera Administrativa y presentar a la Asamblea Legislativa la Ley General de Sueldos. La principal forma de cumplir esa promesa es respetar dicha ley, no sólo en sus procedimientos de contratación sino, y muy especialmente, en sus procedimientos de despido.
Especialmente los copartidarios del presidente Torrijos deben comprender que en el Panamá de hoy, "Más empleo" debe entenderse como más empleo en el sector privado. Con una planilla que consume casi la totalidad de los ingresos estatales corrientes, es impensable que un gobierno responsable fuera a abultarla aún más. Si, por otra parte, se comprobara la presunción de que hay una cantidad importante de personas que cobra sin trabajar, es lógico que la nueva administración procediera a despedirla; si hay dependencias que ya no tienen razón de ser, se entiende que deban ser disueltas y su personal reducido.
Si, además, existe una estrechez fiscal es lógico que se bajen los gastos, incluyendo el de planilla. Pero todo lo anterior debe ejecutarse de acuerdo con la Ley, y la Ley de Carrera Administrativa establece, claramente, un procedimiento para ejecutar un programa de Reducción de Fuerza.
Permitir que los ministros cometan el exabrupto de reducir la planilla sin cumplir con los procedimientos legales y reglamentarios, es exponer al Estado a demandas que, por acumulación de casos y de tiempo, se convertirán en deudas millonarias que afectarán doblemente al fisco. Decimos doblemente porque, si se incumple con la Ley, una vez se empiecen a acumular los salarios caídos, las costas y los gastos, el Estado estará pagando los sueldos de los reemplazos y acumulando deudas con los ilegalmente despedidos. Y atención, que puede haber justificación para hacer despidos, pero si no se hacen de acuerdo con la Ley, serán justos pero ilegales.
Todo lo anterior debiera ser conocido por los duchos y flamantes asesores del Ministerio de la Presidencia que ya esta quincena deben estar cobrando su primer cheque.
Si queremos ser realmente un país moderno y desarrollado, debemos dejar atrás el provincialismo de ver la planilla estatal como botín del gobierno de turno. No es posible que cada cinco años vivamos la angustia de la botadera de servidores públicos, seguida por maniobras para volver a colmar las planillas de copartidariosmás allá de lo razonable.
Una de las promesas de campaña del presidente Torrijos, que está recogida en la página 28 de su Plan de Gobierno, se refiere a implementar la Ley de Carrera Administrativa y presentar a la Asamblea Legislativa la Ley General de Sueldos. La principal forma de cumplir esa promesa es respetar dicha ley, no sólo en sus procedimientos de contratación sino, y muy especialmente, en sus procedimientos de despido.
