¡Más información, por favor!
El etiquetado de los alimentos y productos perecederos ha tomado importancia en los últimos días principalmente por la acción que ha emprendido la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) de denunciar ante las autoridades sanitarias competentes, la venta y distribución de productos que puedan estar contaminados con plaguicidas y puedan representar un riesgo o peligro para la salud. En este sentido, la CLICAC procura implementar el artículo 31 de la Ley 29 de 1996 que establece las obligaciones del proveedor, especialmente en lo referente a la información veraz que debe proporcionársele al consumidor en cuanto a las características de los productos, tales como toxicidad, origen, precauciones y cualquiera otra condición determinante. Y esta labor de la CLICAC tiene sus buenas razones además porque los consumidores tienen el derecho universal a ser informados acerca de los productos que compran.
Considere como ejemplo una simple lata de vegetales en agua natural. ¿Cuáles son los ingredientes? La etiqueta debe indicar que contiene sólo vegetales, agua y sal. Pero si inclusive el tipo de vegetales y la concentración del agua con sal estuvieran señalados en la etiqueta, el asunto no termina allí. Aquí es donde realmente empieza lo interesante.
¿Cómo fueron cultivados y cosechados los vegetales? ¿Se usaron semillas importadas transgénicas. ¿Y si los fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas aplicados son prohibidos en su país de origen? ¿Guardan los agricultores los períodos de reingreso y carencia antes de la cosecha? ¿Quién garantiza que la concentración de plaguicidas no presenta riesgos para la salud humana? ¿Quién fiscalizó la utilización de los plaguicidas si son de uso restringido? El consumidor tal vez necesita, por razones culturales, saber si los vegetales fueron llevados al estilo "interiorano", sin guardar la cadena fría y transportados "al rejo limpio", uno encima del otro, a la merced de la intemperie y en contacto con todas las inclemencias del tiempo. Aquí también sería necesario informar al consumidor sobre el tiempo que tardan los vegetales en llegar desde el lugar de la cosecha hasta la fábrica de envasado, y el tiempo de espera desde que el camión llega a la envasadora hasta que se decide recibir el producto.
Un consumidor sensitivo tiene todo el derecho de saber sobre el dolor que causan sobre el cuerpo humano los efectos de la exposición indebida de plaguicidas, y además conocer acerca de las intoxicaciones graves y secuelas importantes para la salud de los consumidores que causa el consumo sistemático de alimentos que contienen residuos de plaguicidas. En algún lugar del mundo se puede estar realizando una conferencia o investigación para determinar la posibilidad de supervivencia de la especie humana o su posible extinción si se sigue abusando de los agrotóxicos. Las conclusiones, sin ningún reparo, deben aparecer en la etiqueta. El consumidor tiene el derecho a saber.
Además, los vegetales en la lata tienen su historia. ¿En qué zonas productoras fueron cultivados? ¿Estaban las aguas de riego contaminadas? ¿Qué otros cultivos estaban sembrados en áreas aledañas que requerían del uso de plaguicidas más fuertes y venenosos como el gramoxone? ¿Ayuda o perjudica esto al balance ecológico? El consumidor tiene el derecho a saber.
Y qué es del agua con sal. La sal no es sólo algo que la gente adiciona a las papas fritas o a una lata de vegetales. Es un producto que causa enfermedades coronarias y muerte prematura. Los consumidores tenemos el derecho a estar alertados de los últimos descubrimientos acerca del peligro de la sal en una lata de vegetales - tal vez con base a un estudio realizado en Escandinavia que determine que los ratones se mueren por comer dietas que contengan solamente sal. De nada sirve que esta información aparezca en libros y enciclopedias; debiera suministrarse en el momento apropiado cuando los consumidores se encuentran haciendo sus compras y en el lugar apropiado, que es en la etiqueta.
A los consumidores conscientes tal vez les interesa conocer acerca de las empresas que empacan la lata de vegetales, es decir si contratan el número correcto de mujeres o minusválidos. Igualmente, sería insultante si los consumidores compráramos inocentemente productos de empresas que maltratan a niños en países tercermundistas y que no capacitan a sus trabajadores ni les cubren los gastos médicos. Esa información también debe aparecer en la etiqueta, y no entre líneas por favor; los derechos humanos no son un tema para mantener fuera de vista.
Eso es sobre los vegetales. Ahora vamos a la hojalata. ¿De qué material está fabricado y cuáles son los efectos de su producción sobre el medio ambiente, el desarrollo sostenible, y la salud de los trabajadores de la fábrica? ¿Y la caja en que viene empacada la lata? También sobre esa información debieran conocer los consumidores.
Y por supuesto sobre la misma etiqueta. ¿Es de papel reciclado? ¿Si la firma que produce la tinta solicitó algún préstamo bancario de algún inversionista de Africa del Sur antes del final del Apartheid? ¿Era la tinta transportada en camiones que usaban gasolina Texaco producida en Refinería Panamá? Los consumidores que se sientan a comer una ensalada de vegetales no quisieran sentirse que están mordiendo el callo de un monopolio privado con cada masticada.
Las compañías que fabrican productos alimenticios son cosa seria. Seguro que les encantaría vender más vegetales para promover la venta de aderezos. La etiqueta debiera advertir sobre los riesgos a la salud de los aderezos, especialmente aquellos a base de mayonesa y mantequilla. Inclusive, es importante si la ensalada de vegetales es consumida por niños, mujeres embarazadas o personas obesas que intentan perder peso. Ellos también tienen el derecho a saber, y la etiqueta debiera ser el lugar indicado para advertir sobre los conceptos perjudiciales.
Sin embargo nace una interrogante. Después que los volúmenes de información necesaria para satisfacer el derecho del consumidor a ser informado sean colocados sobre los anaqueles de los supermercados, ¿a dónde vamos a colocar las latas de vegetales? Una respuesta razonable sería dejar que el consumidor decida qué es importante y qué no es relevante. Mientras tanto, la CLICAC seguirá denunciando a las autoridades sanitarias competentes en el tema de los plaguicidas para que asuman su responsabilidad de fiscalización, cumplan con las disposiciones legales que los facultan a realizar los análisis de contenido residual, promuevan las buenas prácticas de producción de alimentos, fiscalicen la entrada de productos importados y garanticen que los consumidores tengan acceso a la información necesaria para discernir y decidir racionalmente.
Considere como ejemplo una simple lata de vegetales en agua natural. ¿Cuáles son los ingredientes? La etiqueta debe indicar que contiene sólo vegetales, agua y sal. Pero si inclusive el tipo de vegetales y la concentración del agua con sal estuvieran señalados en la etiqueta, el asunto no termina allí. Aquí es donde realmente empieza lo interesante.
¿Cómo fueron cultivados y cosechados los vegetales? ¿Se usaron semillas importadas transgénicas. ¿Y si los fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas aplicados son prohibidos en su país de origen? ¿Guardan los agricultores los períodos de reingreso y carencia antes de la cosecha? ¿Quién garantiza que la concentración de plaguicidas no presenta riesgos para la salud humana? ¿Quién fiscalizó la utilización de los plaguicidas si son de uso restringido? El consumidor tal vez necesita, por razones culturales, saber si los vegetales fueron llevados al estilo "interiorano", sin guardar la cadena fría y transportados "al rejo limpio", uno encima del otro, a la merced de la intemperie y en contacto con todas las inclemencias del tiempo. Aquí también sería necesario informar al consumidor sobre el tiempo que tardan los vegetales en llegar desde el lugar de la cosecha hasta la fábrica de envasado, y el tiempo de espera desde que el camión llega a la envasadora hasta que se decide recibir el producto.
Un consumidor sensitivo tiene todo el derecho de saber sobre el dolor que causan sobre el cuerpo humano los efectos de la exposición indebida de plaguicidas, y además conocer acerca de las intoxicaciones graves y secuelas importantes para la salud de los consumidores que causa el consumo sistemático de alimentos que contienen residuos de plaguicidas. En algún lugar del mundo se puede estar realizando una conferencia o investigación para determinar la posibilidad de supervivencia de la especie humana o su posible extinción si se sigue abusando de los agrotóxicos. Las conclusiones, sin ningún reparo, deben aparecer en la etiqueta. El consumidor tiene el derecho a saber.
Además, los vegetales en la lata tienen su historia. ¿En qué zonas productoras fueron cultivados? ¿Estaban las aguas de riego contaminadas? ¿Qué otros cultivos estaban sembrados en áreas aledañas que requerían del uso de plaguicidas más fuertes y venenosos como el gramoxone? ¿Ayuda o perjudica esto al balance ecológico? El consumidor tiene el derecho a saber.
Y qué es del agua con sal. La sal no es sólo algo que la gente adiciona a las papas fritas o a una lata de vegetales. Es un producto que causa enfermedades coronarias y muerte prematura. Los consumidores tenemos el derecho a estar alertados de los últimos descubrimientos acerca del peligro de la sal en una lata de vegetales - tal vez con base a un estudio realizado en Escandinavia que determine que los ratones se mueren por comer dietas que contengan solamente sal. De nada sirve que esta información aparezca en libros y enciclopedias; debiera suministrarse en el momento apropiado cuando los consumidores se encuentran haciendo sus compras y en el lugar apropiado, que es en la etiqueta.
A los consumidores conscientes tal vez les interesa conocer acerca de las empresas que empacan la lata de vegetales, es decir si contratan el número correcto de mujeres o minusválidos. Igualmente, sería insultante si los consumidores compráramos inocentemente productos de empresas que maltratan a niños en países tercermundistas y que no capacitan a sus trabajadores ni les cubren los gastos médicos. Esa información también debe aparecer en la etiqueta, y no entre líneas por favor; los derechos humanos no son un tema para mantener fuera de vista.
Eso es sobre los vegetales. Ahora vamos a la hojalata. ¿De qué material está fabricado y cuáles son los efectos de su producción sobre el medio ambiente, el desarrollo sostenible, y la salud de los trabajadores de la fábrica? ¿Y la caja en que viene empacada la lata? También sobre esa información debieran conocer los consumidores.
Y por supuesto sobre la misma etiqueta. ¿Es de papel reciclado? ¿Si la firma que produce la tinta solicitó algún préstamo bancario de algún inversionista de Africa del Sur antes del final del Apartheid? ¿Era la tinta transportada en camiones que usaban gasolina Texaco producida en Refinería Panamá? Los consumidores que se sientan a comer una ensalada de vegetales no quisieran sentirse que están mordiendo el callo de un monopolio privado con cada masticada.
Las compañías que fabrican productos alimenticios son cosa seria. Seguro que les encantaría vender más vegetales para promover la venta de aderezos. La etiqueta debiera advertir sobre los riesgos a la salud de los aderezos, especialmente aquellos a base de mayonesa y mantequilla. Inclusive, es importante si la ensalada de vegetales es consumida por niños, mujeres embarazadas o personas obesas que intentan perder peso. Ellos también tienen el derecho a saber, y la etiqueta debiera ser el lugar indicado para advertir sobre los conceptos perjudiciales.
Sin embargo nace una interrogante. Después que los volúmenes de información necesaria para satisfacer el derecho del consumidor a ser informado sean colocados sobre los anaqueles de los supermercados, ¿a dónde vamos a colocar las latas de vegetales? Una respuesta razonable sería dejar que el consumidor decida qué es importante y qué no es relevante. Mientras tanto, la CLICAC seguirá denunciando a las autoridades sanitarias competentes en el tema de los plaguicidas para que asuman su responsabilidad de fiscalización, cumplan con las disposiciones legales que los facultan a realizar los análisis de contenido residual, promuevan las buenas prácticas de producción de alimentos, fiscalicen la entrada de productos importados y garanticen que los consumidores tengan acceso a la información necesaria para discernir y decidir racionalmente.
