Más negros nubarrones en el horizonte
EN LA COLUMNA con la que cerré el año 2006, hice una recapitulación, muy sumaria por cierto, de "los logros" de "la patria nueva". Como todavía no se había producido, no comenté la reelección "por unanimidad", según cuentan, del magistrado del Tribunal Electoral que nombra la Asamblea Nacional de los Diputados. Si es cierto que todos los diputados de "la oposición" se regocijaron y celebraron esa decisión, también sería oportuno que le explicaran al país cuáles fueron sus motivaciones. Que después no nos salgan, tardíamente, con otra justificación parecida a la que dieron cuando "por unanimidad" votaron a favor de la celebración del referendo sobre la ampliación del Canal.
Como al susodicho magistrado lo acaban de reencauchar, es de suponer que el Estado deberá abonarle los 120,000 balboas que dice se le deben, por concepto de las vacaciones que nunca tomó, para limpiar esa "vieja fuentecita". ¡Y que siga la fiesta!
Tal y como era previsible que ocurriera, ya se ha avanzado que muy pronto se producirá la designación de un nuevo subdirector de la Policía Técnica Judicial, con base en la reforma a su ley orgánica, que faculta a la procuradora para nombrar o botar a sus directores, cuando a ella se le antoje. Y, después, no demorará la del director. En el caso del subdirector, aún está pendiente que la Corte Suprema se pronuncie sobre el recurso que éste interpuso cuando se le separó del cargo. Entonces, cabe preguntar cuál será la naturaleza y la validez legal de esos nuevos nombramientos. Con seguridad, los eternos justificadores de todas las arbitrariedades oficiales argumentarán que al atribuírsele a la procuradora la facultad de nombrar y remover a las cabezas de la PTJ, automáticamente quedaron sin efecto los períodos de siete años para los cuales fueron nombrados los actuales titulares de esos cargos.
Tanto el director como el actual subdirector de la PTJ fueron nombrados para períodos de siete años. A menos que ellos "renuncien voluntariamente", como ocurrió no hace mucho tiempo con la superintendente de bancos, esos períodos deben respetarse. Y sin son removidos en violación de los mismos, sin que medie una justificación legal y un debido proceso, estarán en su derecho de reclamar que se les restituya en sus cargos y se le abonen los salarios caídos. Y si, eventualmente, el Estado fuera condenado, ¿qué responsabilidad cabría a los responsables de sus remociones? Por ahora, lo dejamos de ese tamaño.
El pasado viernes leí, en este mismo diario, destacada con grandes titulares, la noticia sobre "las ayudas entregadas" a los familiares de las personas fallecidas y a las víctimas sobrevivientes de los envenenamientos causados por los medicamentos fabricados en los laboratorios de la Caja de Seguro Social. A este tema me he referido anteriormente. Estimo absolutamente impropio calificar como "ayudas" las pequeñísimas asignaciones entregadas. En el caso de las personas envenenadas por los medicamentos salidos de los laboratorios del Seguro Social, se trata de un caso, incuestionable, de responsabilidad objetiva y, por tanto, también es incuestionable la obligación que tiene el Estado de indemnizar a los familiares de las personas fallecidas y a las víctimas sobrevivientes. Esa responsabilidad existe, independientemente de quienes hayan podido ser los posibles o reales causantes de la tragedia; y nada tiene que ver con las investigaciones que se puedan adelantar para esclarecerla.
En mi anterior comentario sobre la tragedia de los envenenamientos, decía que la primera responsabilidad del Estado es aceptar que tiene la obligación de indemnizar a los familiares y los sobrevivientes. Y, en ese sentido, todas las sumas que se les adelanten deben considerarse como un anticipo a las indemnizaciones que deberán recibir. A los afectados por la tragedia no les corresponde promover la investigación de los hechos que la causaron ni convertirse en acusadores de los posibles responsables. Su acción debe estar encaminada contra el Estado, como responsable objetivo.
A los familiares de las víctimas fallecidas y a las sobrevivientes, les repito mi consejo de que promuevan los juicios para solicitar las indemnizaciones por las vías que les garantiza la Ley, para prevenirse contra sorpresas desagradables.
En el año que se inicia, el gobierno de "la patria nueva" se lanzará como alma que lleva el diablo a adjudicar contratos y contratitos para las obras de la ampliación. Ya apropiaron 120 millones para comenzar el reparto de los panes, que le tocarán a muy pocos. Aquí los "garantes oficiosos" de los partidos políticos, por conducto de las "comisiones ad-hoc" que crearon dizque para supervisar la pulcra adjudicación de las licitaciones y concursos tienen una responsabilidad que espero sepan cumplir. Pero si la cumplen con la misma diligencia que demostraron para confabularse con "la patria nueva" en la aprobación de las reformas electorales y para la elección "por unanimidad" del infrascrito ya mencionado, mis esperanzas de días mejores son muy escuálidas
En resumen, si usted agrega estas nuevas situaciones a las comentadas en mi columna anterior, seguramente convendrá conmigo en que, para el 2007, el horizonte patrio, en lugar de despejarse, sigue poblándose de negros nubarrones.
Según Carías, en cuanto a problemas sanitarios, reciben unas de 30 llamadas diarias. Mientras que a la fecha existe 151 reportes de desbordamiento de aguas servidas en el área metropolitana.
Carías dijo a Panamá América que utilizan dos camiones limpiadores y dos cuadrillas, pero que estos días de fiesta solo labora una cuadrilla.
Como al susodicho magistrado lo acaban de reencauchar, es de suponer que el Estado deberá abonarle los 120,000 balboas que dice se le deben, por concepto de las vacaciones que nunca tomó, para limpiar esa "vieja fuentecita". ¡Y que siga la fiesta!
Tal y como era previsible que ocurriera, ya se ha avanzado que muy pronto se producirá la designación de un nuevo subdirector de la Policía Técnica Judicial, con base en la reforma a su ley orgánica, que faculta a la procuradora para nombrar o botar a sus directores, cuando a ella se le antoje. Y, después, no demorará la del director. En el caso del subdirector, aún está pendiente que la Corte Suprema se pronuncie sobre el recurso que éste interpuso cuando se le separó del cargo. Entonces, cabe preguntar cuál será la naturaleza y la validez legal de esos nuevos nombramientos. Con seguridad, los eternos justificadores de todas las arbitrariedades oficiales argumentarán que al atribuírsele a la procuradora la facultad de nombrar y remover a las cabezas de la PTJ, automáticamente quedaron sin efecto los períodos de siete años para los cuales fueron nombrados los actuales titulares de esos cargos.
Tanto el director como el actual subdirector de la PTJ fueron nombrados para períodos de siete años. A menos que ellos "renuncien voluntariamente", como ocurrió no hace mucho tiempo con la superintendente de bancos, esos períodos deben respetarse. Y sin son removidos en violación de los mismos, sin que medie una justificación legal y un debido proceso, estarán en su derecho de reclamar que se les restituya en sus cargos y se le abonen los salarios caídos. Y si, eventualmente, el Estado fuera condenado, ¿qué responsabilidad cabría a los responsables de sus remociones? Por ahora, lo dejamos de ese tamaño.
El pasado viernes leí, en este mismo diario, destacada con grandes titulares, la noticia sobre "las ayudas entregadas" a los familiares de las personas fallecidas y a las víctimas sobrevivientes de los envenenamientos causados por los medicamentos fabricados en los laboratorios de la Caja de Seguro Social. A este tema me he referido anteriormente. Estimo absolutamente impropio calificar como "ayudas" las pequeñísimas asignaciones entregadas. En el caso de las personas envenenadas por los medicamentos salidos de los laboratorios del Seguro Social, se trata de un caso, incuestionable, de responsabilidad objetiva y, por tanto, también es incuestionable la obligación que tiene el Estado de indemnizar a los familiares de las personas fallecidas y a las víctimas sobrevivientes. Esa responsabilidad existe, independientemente de quienes hayan podido ser los posibles o reales causantes de la tragedia; y nada tiene que ver con las investigaciones que se puedan adelantar para esclarecerla.
En mi anterior comentario sobre la tragedia de los envenenamientos, decía que la primera responsabilidad del Estado es aceptar que tiene la obligación de indemnizar a los familiares y los sobrevivientes. Y, en ese sentido, todas las sumas que se les adelanten deben considerarse como un anticipo a las indemnizaciones que deberán recibir. A los afectados por la tragedia no les corresponde promover la investigación de los hechos que la causaron ni convertirse en acusadores de los posibles responsables. Su acción debe estar encaminada contra el Estado, como responsable objetivo.
A los familiares de las víctimas fallecidas y a las sobrevivientes, les repito mi consejo de que promuevan los juicios para solicitar las indemnizaciones por las vías que les garantiza la Ley, para prevenirse contra sorpresas desagradables.
En el año que se inicia, el gobierno de "la patria nueva" se lanzará como alma que lleva el diablo a adjudicar contratos y contratitos para las obras de la ampliación. Ya apropiaron 120 millones para comenzar el reparto de los panes, que le tocarán a muy pocos. Aquí los "garantes oficiosos" de los partidos políticos, por conducto de las "comisiones ad-hoc" que crearon dizque para supervisar la pulcra adjudicación de las licitaciones y concursos tienen una responsabilidad que espero sepan cumplir. Pero si la cumplen con la misma diligencia que demostraron para confabularse con "la patria nueva" en la aprobación de las reformas electorales y para la elección "por unanimidad" del infrascrito ya mencionado, mis esperanzas de días mejores son muy escuálidas
En resumen, si usted agrega estas nuevas situaciones a las comentadas en mi columna anterior, seguramente convendrá conmigo en que, para el 2007, el horizonte patrio, en lugar de despejarse, sigue poblándose de negros nubarrones.
Según Carías, en cuanto a problemas sanitarios, reciben unas de 30 llamadas diarias. Mientras que a la fecha existe 151 reportes de desbordamiento de aguas servidas en el área metropolitana.
Carías dijo a Panamá América que utilizan dos camiones limpiadores y dos cuadrillas, pero que estos días de fiesta solo labora una cuadrilla.
