Más salarios para empleados públicos
Funcionarios de la Universidad y la Caja de Seguro Social (incluyendo personal médico y la FENASEP (federación de empleados públicos) presionan otra vez por aumentos de salario que dicen se les adeuda como resultado de compromisos previamente pactados en negociaciones verificadas y suscritas desde hace años. Eso no incluye el pago de vigencias expiradas, horas extras y sobresueldos, que son palabra prohibida para quienes elaboran las planillas en Contraloría y en las entidades respectivas.
Los empleados administrativos del Seguro Social declararon un paro escalonado en procura del cobro de B/.14 millones que reclaman y piquetean al Ministerio de Economía y Finanzas que hace causa común en la negativa con la Contraloría.
Los médicos de la misma entidad también han advertido que si no se cumple con los aumentos pactados, habría una deserción de médicos a partir del próximo enero. No lo creemos. Más son preocupantes los consabidos paros, recurso extremo que traslada el sufrimiento a quienes menos tienen.
El presupuesto nacional viene aquejado desde hace años por dos grandes males. Uno es la deuda pública cuyo servicio ( abono a intereses) que consume cerca del 25% del presupuesto cada año, y el otro es la planilla estatal que a la fecha consume cerca de B/.1,086 millones anual (o sea, 20% del presupuesto). Así las cosas, entre pago de deuda y de planillas, muy poco queda para inversiones (carreteras, escuelas, hospitales, viviendas, seguridad, atención de los pobres, etc.), pues entre ambos se llevan el 45% de todo el presupuesto nacional. Además, el 55% restante no se destina todo a inversiones, pues hay viajes, luz, teléfono, alquileres, etc. que no son propiamente inversión.
El escenario es aterrador porque por más que las privatizaciones podaron parte del frondoso bosque de la burocracia gubernamental, pasando decenas de miles de funcionarios a las empresas que operan concesiones de servicios públicos (electricidad, teléfonos, puertos), la planilla sigue aumentando.
Por eso, en buena medida, el que el Seguro Social continúe comprando y operando más hospitales, en vez de subcontratar los servicios al sector privado -con lo cual se ahorraría el pago de planilla, horas extras, adquisición y mantenimiento, depreciación, etc. - tiene connotaciones de suicidio. A más hospitales, más personal, más alta planilla, más gastos y no necesariamente más ingresos en cuotas obrero patronales.
No creemos en despidos en tiempos de crisis. Lo ideal es capear al temporal hasta que pase la tormenta. Pero superada ésta, en la primera oportunidad, hay que dictar una ley general de sueldos con base a méritos, que al mismo tiempo consulte la situación real de las finanzas públicas. Además, debe irse reduciendo la planilla estatal conforme a fórmulas que sean lo menos traumáticas posibles. Una de ellas es no reemplazar a quienes se retiran o renuncian.
(*)Director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.
(c)www.aipenet.com
Los empleados administrativos del Seguro Social declararon un paro escalonado en procura del cobro de B/.14 millones que reclaman y piquetean al Ministerio de Economía y Finanzas que hace causa común en la negativa con la Contraloría.
Los médicos de la misma entidad también han advertido que si no se cumple con los aumentos pactados, habría una deserción de médicos a partir del próximo enero. No lo creemos. Más son preocupantes los consabidos paros, recurso extremo que traslada el sufrimiento a quienes menos tienen.
El presupuesto nacional viene aquejado desde hace años por dos grandes males. Uno es la deuda pública cuyo servicio ( abono a intereses) que consume cerca del 25% del presupuesto cada año, y el otro es la planilla estatal que a la fecha consume cerca de B/.1,086 millones anual (o sea, 20% del presupuesto). Así las cosas, entre pago de deuda y de planillas, muy poco queda para inversiones (carreteras, escuelas, hospitales, viviendas, seguridad, atención de los pobres, etc.), pues entre ambos se llevan el 45% de todo el presupuesto nacional. Además, el 55% restante no se destina todo a inversiones, pues hay viajes, luz, teléfono, alquileres, etc. que no son propiamente inversión.
El escenario es aterrador porque por más que las privatizaciones podaron parte del frondoso bosque de la burocracia gubernamental, pasando decenas de miles de funcionarios a las empresas que operan concesiones de servicios públicos (electricidad, teléfonos, puertos), la planilla sigue aumentando.
Por eso, en buena medida, el que el Seguro Social continúe comprando y operando más hospitales, en vez de subcontratar los servicios al sector privado -con lo cual se ahorraría el pago de planilla, horas extras, adquisición y mantenimiento, depreciación, etc. - tiene connotaciones de suicidio. A más hospitales, más personal, más alta planilla, más gastos y no necesariamente más ingresos en cuotas obrero patronales.
No creemos en despidos en tiempos de crisis. Lo ideal es capear al temporal hasta que pase la tormenta. Pero superada ésta, en la primera oportunidad, hay que dictar una ley general de sueldos con base a méritos, que al mismo tiempo consulte la situación real de las finanzas públicas. Además, debe irse reduciendo la planilla estatal conforme a fórmulas que sean lo menos traumáticas posibles. Una de ellas es no reemplazar a quienes se retiran o renuncian.
(*)Director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.
(c)www.aipenet.com
