Más sobre el IDAAN
En la edición de El Panamá América del 10 de junio pasado, en la sección de “Opinión”, se incluyó un artículo de Roger Bate, Director de la Organización Africa Fighting Malaria, con el título “Privatización del agua, clave contra la mortalidad infantil”. El autor sostiene que la mortalidad infantil se redujo entre 5% y 7% en las zonas donde se privatizó el suministro de agua, y la reducción en la mortalidad infantil fue de hasta 24% en las áreas más pobres. Aunque ignoro la intención que llevó a incluir este artículo en la edición del diario; estoy seguro de que no faltarán los defensores de la privatización de los servicios públicos, que tratando como se dice de poner una pica en flandes, lo utilicen como un argumento válido para insistir en la necesidad de privatizar el IDAAN.
De lo que se olvidan, si así lo hicieren, o pecando quizás de ignorancia, es que los acueductos de las áreas rurales de nuestro país son administrados y operados no por el IDAAN sino por el Ministerio de Salud, precisamente porque por su reducido tamaño y dispersión en toda la extensión de la geografía nacional, tales actividades no son rentables; a menos que el agua producida se venda a precios exorbitantes reduciendo, como es lógico esperar, el consumo del vital líquido por debajo del mínimo aceptable de acuerdo con los patrones que se consideran normales, precisamente para mantener niveles de salud que permitan bajar los altos índices de las enfermedades hídricas y la mortalidad infantil que caracterizan, lamentablemente, estas áreas marginadas.
Lo que hay que hacer, en nuestra opinión, para reducir la mortalidad infantil en las precitadas zonas del país es, entre otras cosas, mantener como hasta ahora y aún mejorarla, una estricta vigilancia por parte del Ministerio de Salud, de la calidad del agua suministrada. Pero, además, tratar al máximo de lo posible, de proveer de agua potable a las zonas indígenas en las que se concentra el 10% de la población de la República, tratándolas, en forma especial, como sujeto de prioridad sanitaria, dado que en ellas se dan actualmente los más altos porcentajes de mortalidad infantil causados, en gran parte, por el consumo de agua contaminada.
En cuanto al IDAAN, opino que lo que se requiere no es la privatización de la institución, sino más bien una modificación de su estructura administrativa que tienda a su modernización tan necesaria, a fin de conseguir que, como entidad autónoma del Estado, opere con la misma eficiencia y efectividad de una empresa privada, que fue el objetivo de su creación en 1961, como sucesora de la Comisión de Acueductos y Alcantarillados de Panamá, todavía recordada por sus siglas de CAAP.
El inicio hacia el logro de esta meta se ha dado ya. Lo que se requiere, entonces, es perseverar en el intento, sin desviarse en ningún momento de la dirección correcta, independientemente de los cambios políticos que se produzcan en la conducción futura del país.
Si existe una cláusula de renegociación entre el Gobierno y la empresa portuaria en mención, ésta debe vivenciarse. Mas, no perdamos de vista que en nuestro medio, en nuestro territorio, ninguna empresa portuaria puede irrogarse o pretender adjudicarse el exclusivo derecho de dominar y sacar de la plaza a la competencia con ventas de “clichés” al pueblo panameño de que tal o cual empresa le han sido exonerados cientos o miles de millones de dólares.
Por mi dignidad y seriedad intelectual y profesional, me tomé el tiempo de ir a las fuentes y documentos que se relacionan con los puertos en Panamá y me encontré con la cláusula de la renegociación (Pactada en la cláusula 2.1-del Contrato Ley-Ley No.5 de enero 16 de 1997) ¿Qué intereses ocultos y turbios, qué mezquindades hay detrás de la desinformación? Amanecerá y veremos.
Por el momento anunciamos que nos oponemos a toda exoneración y toda regalía de tierras nacionales para que empresas portuarias incrementen sus negocios sin que haya aumento alguno en las condiciones de vida actual de los conciudadanos humildes y sufridos.de nuestra patria y que son, en definitiva, las grandes mayorías nacionales.
De lo que se olvidan, si así lo hicieren, o pecando quizás de ignorancia, es que los acueductos de las áreas rurales de nuestro país son administrados y operados no por el IDAAN sino por el Ministerio de Salud, precisamente porque por su reducido tamaño y dispersión en toda la extensión de la geografía nacional, tales actividades no son rentables; a menos que el agua producida se venda a precios exorbitantes reduciendo, como es lógico esperar, el consumo del vital líquido por debajo del mínimo aceptable de acuerdo con los patrones que se consideran normales, precisamente para mantener niveles de salud que permitan bajar los altos índices de las enfermedades hídricas y la mortalidad infantil que caracterizan, lamentablemente, estas áreas marginadas.
Lo que hay que hacer, en nuestra opinión, para reducir la mortalidad infantil en las precitadas zonas del país es, entre otras cosas, mantener como hasta ahora y aún mejorarla, una estricta vigilancia por parte del Ministerio de Salud, de la calidad del agua suministrada. Pero, además, tratar al máximo de lo posible, de proveer de agua potable a las zonas indígenas en las que se concentra el 10% de la población de la República, tratándolas, en forma especial, como sujeto de prioridad sanitaria, dado que en ellas se dan actualmente los más altos porcentajes de mortalidad infantil causados, en gran parte, por el consumo de agua contaminada.
En cuanto al IDAAN, opino que lo que se requiere no es la privatización de la institución, sino más bien una modificación de su estructura administrativa que tienda a su modernización tan necesaria, a fin de conseguir que, como entidad autónoma del Estado, opere con la misma eficiencia y efectividad de una empresa privada, que fue el objetivo de su creación en 1961, como sucesora de la Comisión de Acueductos y Alcantarillados de Panamá, todavía recordada por sus siglas de CAAP.
El inicio hacia el logro de esta meta se ha dado ya. Lo que se requiere, entonces, es perseverar en el intento, sin desviarse en ningún momento de la dirección correcta, independientemente de los cambios políticos que se produzcan en la conducción futura del país.
Si existe una cláusula de renegociación entre el Gobierno y la empresa portuaria en mención, ésta debe vivenciarse. Mas, no perdamos de vista que en nuestro medio, en nuestro territorio, ninguna empresa portuaria puede irrogarse o pretender adjudicarse el exclusivo derecho de dominar y sacar de la plaza a la competencia con ventas de “clichés” al pueblo panameño de que tal o cual empresa le han sido exonerados cientos o miles de millones de dólares.
Por mi dignidad y seriedad intelectual y profesional, me tomé el tiempo de ir a las fuentes y documentos que se relacionan con los puertos en Panamá y me encontré con la cláusula de la renegociación (Pactada en la cláusula 2.1-del Contrato Ley-Ley No.5 de enero 16 de 1997) ¿Qué intereses ocultos y turbios, qué mezquindades hay detrás de la desinformación? Amanecerá y veremos.
Por el momento anunciamos que nos oponemos a toda exoneración y toda regalía de tierras nacionales para que empresas portuarias incrementen sus negocios sin que haya aumento alguno en las condiciones de vida actual de los conciudadanos humildes y sufridos.de nuestra patria y que son, en definitiva, las grandes mayorías nacionales.
