Más sobre Impuestos Municipales
En esta columna nos hemos referido al tema de los impuestos que los municipios del país pretenden imponer a la prestación de los servicios públicos básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones y electricidad. Este tema es de gran trascendencia para los municipios, el Estado y los usuarios.
La primera ocasión que tocamos el tema sugerimos que era insensato de parte de los municipios pretender resolver sus problemas presupuestarios gravando las actividades mencionadas, las cuales ahora están (o próximamente estarán) bajo concesión pública a favor de empresas en las cuales el Estado y el sector privado participan conjuntamente, cuando antes de ser privatizadas no eran gravadas en consideración al fin social de las mismas, que es por ejemplo el actual caso del IRHE y sus múltiples distribuidoras.
En otra ocasión concluimos que los municipios deberían evitar gravar específicamente la prestación de los mencionados servicios públicos, con el propósito de propiciar que sus precios y tarifas fueran justos y razonables a la vez de que tiendan a reflejar los costos de proveer dichos servicios, asegurando la generación de los recursos para satisfacer los gastos de operación, mantenimiento y expansión de los mismos en beneficio de los consumidores.
Hoy reiteramos que al dictar la Resolución 973, el Ente Regulador no hizo más que poner en autos a los municipios del régimen legal vigente en materia de servicios públicos y del alcance de los compromisos adquiridos por (o que adquirirá) el Estado con los concesionarios de servicios públicos. Las tarifas reguladas ya fijadas reflejan el régimen jurídico-fiscal al momento de otorgarse la concesión correspondiente, los costos de administración y operación y las inversiones necesarias para llevar a cabo los planes de expansión y mejoramiento de estos servicios públicos.
Entendemos las muchas necesidades de recursos que tienen los municipios, pero tales no deben conducir a la imposición de nuevos y excesivos impuestos sobre las empresas concesionarias de tales servicios. Si bien el Ente Regulador ha permitido que dichas concesionarias traspasen dichos impuestos a los usuarios en cada municipio, tal ha sido para evitar que el Estado por incumplimiento de sus obligaciones se vea expuesto a demandas de los concesionarios.
El gobierno central y no sólo el Ente Regulador, debe tomar cartas en el asunto ya que todavía están en proceso de concretarse las privatizaciones de las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad y del IDAAN. La incertidumbre e inseguridad jurídica imperante en este tema, podría generar zozobra y desinterés de parte de los inversionistas extranjeros que ante todo exigen estabilidad de las reglas de su inversión.
La primera ocasión que tocamos el tema sugerimos que era insensato de parte de los municipios pretender resolver sus problemas presupuestarios gravando las actividades mencionadas, las cuales ahora están (o próximamente estarán) bajo concesión pública a favor de empresas en las cuales el Estado y el sector privado participan conjuntamente, cuando antes de ser privatizadas no eran gravadas en consideración al fin social de las mismas, que es por ejemplo el actual caso del IRHE y sus múltiples distribuidoras.
En otra ocasión concluimos que los municipios deberían evitar gravar específicamente la prestación de los mencionados servicios públicos, con el propósito de propiciar que sus precios y tarifas fueran justos y razonables a la vez de que tiendan a reflejar los costos de proveer dichos servicios, asegurando la generación de los recursos para satisfacer los gastos de operación, mantenimiento y expansión de los mismos en beneficio de los consumidores.
Hoy reiteramos que al dictar la Resolución 973, el Ente Regulador no hizo más que poner en autos a los municipios del régimen legal vigente en materia de servicios públicos y del alcance de los compromisos adquiridos por (o que adquirirá) el Estado con los concesionarios de servicios públicos. Las tarifas reguladas ya fijadas reflejan el régimen jurídico-fiscal al momento de otorgarse la concesión correspondiente, los costos de administración y operación y las inversiones necesarias para llevar a cabo los planes de expansión y mejoramiento de estos servicios públicos.
Entendemos las muchas necesidades de recursos que tienen los municipios, pero tales no deben conducir a la imposición de nuevos y excesivos impuestos sobre las empresas concesionarias de tales servicios. Si bien el Ente Regulador ha permitido que dichas concesionarias traspasen dichos impuestos a los usuarios en cada municipio, tal ha sido para evitar que el Estado por incumplimiento de sus obligaciones se vea expuesto a demandas de los concesionarios.
El gobierno central y no sólo el Ente Regulador, debe tomar cartas en el asunto ya que todavía están en proceso de concretarse las privatizaciones de las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad y del IDAAN. La incertidumbre e inseguridad jurídica imperante en este tema, podría generar zozobra y desinterés de parte de los inversionistas extranjeros que ante todo exigen estabilidad de las reglas de su inversión.
