A mayor consulta, menor equivocación
La sociedad civil organizada no es relevante para el nuevo orden gubernamental. Así lo indican sus representantes, algunos portadores de marchitados laureles civilistas, quienes han sido claros al manifestar que en sus decisiones administrativas no la consultarán, no la escucharán ni la tomarán en cuenta.
Mal se vislumbra entonces el futuro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Concertación Nacional para el Desarrollo, Transparencia Internacional, el Pacto de Estado por la Justicia y Fudespa, entre otras personificaciones de la sociedad civil que, sin pasar inadvertidas, se ven injustamente despreciadas por las autoridades de turno.
No es intención de los nuevos funcionarios escuchar a las voces comunitarias en el proceso de formulación de anteproyectos de ley, incluyendo algunos sobre seguridad pública impulsados por el Órgano Ejecutivo. Su respuesta generalizada es que la Asamblea Nacional, en vez del Gobierno Central, es la única instancia en donde las opiniones ciudadanas han de ser presentadas y consideradas.
Quienes así piensan se equivocan. Asumen que el Ejecutivo puede trasladar su deber de consulta al Órgano Legislativo, sin prever que los diputados también pueden rehusarse a escuchar al mismo pueblo que los eligió. Si la Asamblea ignorara a la sociedad civil en sus debates cometería una aberración autoritaria, pero sería ella la que cargaría con su propia responsabilidad.
El Ejecutivo no puede legalmente obligar a la Asamblea a que atienda a la sociedad civil. Moralmente le es imposible, en especial si ese órgano no lo hace cuando debe y menos si los anteproyectos de ley han emanado del Consejo de Gabinete, no de los diputados.
Quien más escucha menos yerra. El devenir del anteproyecto de ley sobre el registro de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico recuerda al antiguo adagio. Formulado con inusitado hermetismo, no fue sino hasta el 4 de agosto, gracias a un reportaje de portada de PA, que la comunidad se enteró de su existencia. Esa misma tarde el Consejo de Gabinete aprobó el anteproyecto por unanimidad sin haberlo hecho público, generando múltiples suspicacias.
Al igual que la sociedad civil, tanto el Órgano Judicial como el Ministerio Público fueron ignorados, al punto que el presidente de la Corte Suprema de Justicia y la Procuradora General de la Nación declararon no saber nada de su contenido.
El ministro de Gobierno y Justicia pronto reconoció que el documento contenía fallas graves. Días después el Consejo de Gabinete aprobó, también de manera unánime, varias reformas al anteproyecto, el cual fue remitido al día siguiente a la Asamblea. Tan mal siguió redactado que durante su primer debate legislativo el ministro presentó reformas adicionales, ninguna en respuesta a la sociedad civil. El documento se ha convertido en la Ley 51 de 2009 publicada en la Gaceta Oficial del 23 de septiembre y continúa siendo ampliamente cuestionado.
La unanimidad en el Consejo de Gabinete no garantiza que un anteproyecto de ley sea inmune a los defectos y a las críticas. En una democracia los errores y el rechazo social se previenen a través de la consulta pública, elemento esencial de todo régimen de participación ciudadana como debe ser nuestra República.
