Memorando causa revuelo en EU
Ni las exequias del ex presidente Ronald Reagan lograron opacar la crisis desatada por la violación de los derechos humanos de los prisioneros en Irak. Algunas de las denuncias más contundentes no provienen de los críticos del gobierno de Bush, sino de una investigación realizada por los altos mandos militares del Pentágono que contradice la actitud complaciente del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.
El memorando, aparentemente, fue aprobado por el ministro de Justicia, John Ashcroft, quien está siendo sometido a duras críticas por miembros de la Comision Jurídica del Senado donde varios demócratas lo acusaron de haber violado la Constitución y solicitaron su renuncia ante el estrepitoso silencio de los miembros de la mayoría Republicana.
El revuelo fue parcialmente provocado por un memorando preparado en marzo de 2003 para el propio Rumsfeld por los expertos jurídicos de la Casa Blanca, que alega que el presidente goza de "total autoridad sobre la conducta de la Guerra", lo que le daría justificación para pasar por alto leyes nacionales y tratados internacionales, inclusive la Convención de Ginebra, que prohíbe las torturas contra prisioneros de guerra.
También se han incrementado las críticas en el área diplomática, especialmente en lo que respecta los lazos con las otras repúblicas americanas. Así, los diplomáticos latinoamericanos recuerdan cómo a inicios de septiembre de 2001, el Congreso de EU estaba inmerso en el debate de algunos temas de seguridad nacional relacionados, entre ellos, la nueva Iniciativa Andina Antidrogas propuesta por la administración Bush y la continuidad de la presencia militar en la isla puertorriqueña de Vieques. Pero, después del 11 de septiembre, y a pesar de su importancia crucial en la región, ambos asuntos pasaron a ser señales casi imperceptibles en la pantalla del radar político de Washington, y si bien es cierto que los programas militares que EU desarrollan en América Latina no se detendrán, es posible anticipar algunos cambios en su desarrollo como respuesta a los ataques terroristas a este país del norte.
Este año, el paquete más importante de asistencia para América Latina, una vez más, se orienta al apoyo militar a la guerra contra los narcóticos que se libra en Colombia y la región andina. EU se mantiene en que dicha asistencia está destinada a apoyar la lucha contra los cultivos de droga, pero luego de los ataques terroristas, la tenue línea que ha venido diferenciando la lucha contra los narcóticos y la insurgencia podría desaparecer, y para confirmar esto, se escuchan voces que reclaman mayor flexibilidad en la aplicación de las condiciones que sobre derechos humanos imponen las leyes estadounidenses a los programas militares que desarrolla en el mundo.
Líderes del movimiento pro-derechos humanos lanzaron nuevas críticas contra el gobierno de Bush, acusándolo de "burlarse" de las leyes que rigen a la observación de los derechos humanos tras la publicación de un memorando interno del gobierno que alega que el presidente de EU no está obligado a regirse por las leyes y los tratados que prohíben el uso de la tortura.
"Nos hemos enterado de que los niveles más altos del Pentágono han demostrado un repugnante interés en el uso de la tortura, a la vez que han hecho todo lo posible para evadir las consecuencias que dispone el derecho criminal" acusó Kenneth Roth, presidente del Human Rights Watch, organismo no gubernamental. Roth declaró que el memorando propuso que se haga caso omiso de las prohibiciones contra la tortura en todas las circunstancias, inclusive en tiempos de Guerra, ya sea con relación a las leyes nacionales o del derecho internacional.
"Si este argumento legal fuera aceptado, los dictadores alrededor del mundo recibirían una pronta excusa para ignorar una de las más contundentes prohibiciones de los derechos humanos" afirmó Roth.
El memorando fue dado a conocer por primera vez por el diario Wall Street Journal, que considera que el documento fue elaborado para ser usado como justificación para rudas interrogaciones en la base de Guantánamo donde aún permanecen centenarios del Talibán, de quienes se sospecha tienen lazos con Al-Queda en Afganistán.
El memorando, aparentemente, fue aprobado por el ministro de Justicia, John Ashcroft, quien está siendo sometido a duras críticas por miembros de la Comision Jurídica del Senado donde varios demócratas lo acusaron de haber violado la Constitución y solicitaron su renuncia ante el estrepitoso silencio de los miembros de la mayoría Republicana.
El revuelo fue parcialmente provocado por un memorando preparado en marzo de 2003 para el propio Rumsfeld por los expertos jurídicos de la Casa Blanca, que alega que el presidente goza de "total autoridad sobre la conducta de la Guerra", lo que le daría justificación para pasar por alto leyes nacionales y tratados internacionales, inclusive la Convención de Ginebra, que prohíbe las torturas contra prisioneros de guerra.
También se han incrementado las críticas en el área diplomática, especialmente en lo que respecta los lazos con las otras repúblicas americanas. Así, los diplomáticos latinoamericanos recuerdan cómo a inicios de septiembre de 2001, el Congreso de EU estaba inmerso en el debate de algunos temas de seguridad nacional relacionados, entre ellos, la nueva Iniciativa Andina Antidrogas propuesta por la administración Bush y la continuidad de la presencia militar en la isla puertorriqueña de Vieques. Pero, después del 11 de septiembre, y a pesar de su importancia crucial en la región, ambos asuntos pasaron a ser señales casi imperceptibles en la pantalla del radar político de Washington, y si bien es cierto que los programas militares que EU desarrollan en América Latina no se detendrán, es posible anticipar algunos cambios en su desarrollo como respuesta a los ataques terroristas a este país del norte.
Este año, el paquete más importante de asistencia para América Latina, una vez más, se orienta al apoyo militar a la guerra contra los narcóticos que se libra en Colombia y la región andina. EU se mantiene en que dicha asistencia está destinada a apoyar la lucha contra los cultivos de droga, pero luego de los ataques terroristas, la tenue línea que ha venido diferenciando la lucha contra los narcóticos y la insurgencia podría desaparecer, y para confirmar esto, se escuchan voces que reclaman mayor flexibilidad en la aplicación de las condiciones que sobre derechos humanos imponen las leyes estadounidenses a los programas militares que desarrolla en el mundo.
Líderes del movimiento pro-derechos humanos lanzaron nuevas críticas contra el gobierno de Bush, acusándolo de "burlarse" de las leyes que rigen a la observación de los derechos humanos tras la publicación de un memorando interno del gobierno que alega que el presidente de EU no está obligado a regirse por las leyes y los tratados que prohíben el uso de la tortura.
"Nos hemos enterado de que los niveles más altos del Pentágono han demostrado un repugnante interés en el uso de la tortura, a la vez que han hecho todo lo posible para evadir las consecuencias que dispone el derecho criminal" acusó Kenneth Roth, presidente del Human Rights Watch, organismo no gubernamental. Roth declaró que el memorando propuso que se haga caso omiso de las prohibiciones contra la tortura en todas las circunstancias, inclusive en tiempos de Guerra, ya sea con relación a las leyes nacionales o del derecho internacional.
"Si este argumento legal fuera aceptado, los dictadores alrededor del mundo recibirían una pronta excusa para ignorar una de las más contundentes prohibiciones de los derechos humanos" afirmó Roth.
El memorando fue dado a conocer por primera vez por el diario Wall Street Journal, que considera que el documento fue elaborado para ser usado como justificación para rudas interrogaciones en la base de Guantánamo donde aún permanecen centenarios del Talibán, de quienes se sospecha tienen lazos con Al-Queda en Afganistán.
