Menores infractores
Panamá atraviesa uno de sus momentos más cruciales en materia de seguridad pública por el incremento desmesurado de la violencia, en donde los menores de edad se convierten en principales protagonistas de este triste escenario. El problema se ha intentado corregir, pero la mayoría de los intentos son mermados por la intervención de entidades gubernamentales y algunas organizaciones que salen en defensa de los derechos de estos jóvenes.
Cuando se trató el aumento de penas a los menores de edad, la ministra de Desarrollo Social salió a rendir declaraciones contra el proyecto, bajo el argumento de que aumentando la pena no se solucionaría el problema de la criminalidad en el país. En aquel entonces, la ministra se basó en que sólo el 5% de los crímenes había sido perpetrado por menores infractores. Para nadie es un secreto que este porcentaje aumentó posteriormente. Traigo a colación las atinadas palabras del filósofo griego Aristóteles: "Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia: tiene una importancia absoluta".
Considero que el Código de la Familia introdujo algunas normas que han mermado la capacidad de autoridad de los padres frente a sus hijos. Ahora los menores denuncian a éstos sólo por reprimirles. ¿De cuando acá un correazo mata? E, irónicamente, esta popular medida aplicada por nuestros abuelos y tutores fueron efectivas para enderezar las inquietudes y ocurrencias de muchos jóvenes y, que hoy son testimonio de que, gracias a las correcciones, que no se circunscribían al castigo físico, son hombres y mujeres de bien en el campo familiar y el profesional.
Compartimos la tesis que es en el hogar donde se deben hacer los primeros correctivos. Lastimosamente, la mayoría de los hogares de estos jóvenes en los sectores populares presentan deficiencias que los empujan a buscar otras alternativas fuera de su entorno familiar. También la complicidad de algunos padres de familia que prefieren callar por temor a represalias porque, irónicamente, estos menores infractores se convierten en cabeza de familia ofreciendo sustento a sus hogares, con los emolumentos percibidos ilícitamente.
Lo triste es que el tema continúa dando vueltas en la cabeza del ciudadano común al sentir que la guerra contra el crimen está perdida; a la vez, los menores se jactan de su impunidad e incursionan en delitos a gran escala como homicidios por encargo, "tumbes" de droga, venta de estupefacientes en los centros educativos, entre otras actividades que repercuten en la paz social de todos. Es tiempo de tomar medidas enérgicas independientemente que el problema haya escapado de las manos de las autoridades. No queremos para nuestro país un drama similar a los que se vive en Colombia y México. Somos un país muy privilegiado, y no podemos darnos el lujo de pasar por alto un problema inminente y que salta a la vista. Los jóvenes son víctimas de sus propios actos y es deber de las autoridades guiar los senderos de todo menor de edad infractor tanto en la represión como en la resocialización.
