Menos alegrías, cuentas claras
Hay quienes se van de fiesta para ahogar las penas y quienes prefieren tener menos alegrías para evitar la pena. Dos actitudes que revelan una filosofía de prudencia, y otra de frivolidad. El mensaje del Gobierno de hace unas semanas inducido por la nueva realidad fue claro: menos alegrías. Ante la opinión pública que ha advertido los riesgos de un descontrol económico, el Gobierno ha encontrado la justificación para adoptar medidas urgentes - de choque - si no se autoriza el uso del Fondo Fiduciario, teniendo presente que significa sacrificar los ahorros generados para las futuras generaciones. Pero también para reforzar una línea de gestión austera y previsora frente a quienes creen que aquí todo son vacas gordas.
Ante las presiones políticas para abordar la utilización del Fondo Fiduciario y la implacable realidad de la confirmación de las pretensiones sociales que afloran el Plan Financiero, el Gobierno debe dar un doble golpe de timón que le permita recuperar la iniciativa y el protagonismo. Al reiterar las previsiones de crecimiento económico, desempleo y déficit, sienta unas nuevas bases para construir el cuadro de la evolución macroeconómica que habrá de incluir en sus negociaciones con las diferentes bancadas partidistas en su afán de lograr un consenso. Y al iniciar, previsiblemente en los próximos días, un diálogo entre el movimiento de trabajadores y la empresa privada para la elevación del salario mínimo, esquiva el acoso oportunista de algunos políticos que en su intento de rentabilizar la artificial polémica sobre el Fondo, quieren capitalizar sobre las medidas aceleradas realizadas en estos primeros siete meses.
Según El Panamá América, en su portada del 22 de febrero, el "Gobierno advierte colapso económico", y otro diario titula en la misma fecha que "si no se aprueba el proyecto que autoriza el Fondo Fiduciario, el gobierno tendrá que recortar el Presupuesto de la Nación o pedir préstamos por unos 700 millones de balboas". Reiteramos, estas son noticias que denotan menos alegrías. Pero por otro lado, si la idea de austeridad en el programa de Gobierno es el comienzo de un esfuerzo cuyo objetivo último es conseguir reducir el déficit y endeudamiento, desde ya les digo que cuentan conmigo. Aquí es oportuno señalar que el objetivo de un plan social resulta en un juego de suma cero, porque se reduce la deuda pública o se reduce la deuda social, pero tienen que decidirse de cara a la realidad de que unos van a ganar y otros van perder, ya que un recurso no se puede asignar dos veces.. Y sobre esto existen precedentes interesantes. En 1990, con el Contralor Rubén Carles al frente de la Administración Pública, la noción de austeridad en la gestión pública cobró especial relevancia y se dio una respuesta satisfactoria a las demandas de los ciudadanos, conscientes de que se estaban acabando con los excesos y descontroles dentro de la Administración. Y al mismo tiempo, se creaban las bases para garantizar un nivel de crecimiento que no veíamos desde la bonanza de los años 60.
Una década más tarde, todo indica que debiéramos tomar de la misma medicina. Y es por eso que en atención a la actual realidad y evitando retrasos en la respuesta que ha de ofrecer la gestión pública a los problemas que se le plantean, el Gobierno debe aprobar tres Programas de racionalidad económica que constituyan el núcleo justificativo de un Plan Nacional de Austeridad.
La gestión pública, aunque se desenvuelve en un marco de especialidades jurídico-políticas, se ha de inspirar en el principio de eficiencia, tratando de conseguir el mejor uso de los fondos disponibles de por sí escasos. Este principio es una imprescindible guía para el perfeccionamiento de un sector público secularmente sometido a una preocupante tradición de derroche e indisciplina presupuestaria. Los Programas que componen esta propuesta se desarrollan en un marco de cautela, ortodoxia y rapidez, intentando explorar plenamente todas las oportunidades de ahorro, al tiempo que contribuyen a proyectar un cambio de imagen de la Administración, en términos de mayor responsabilidad, inspirado en el principio de respeto al último balboa del contribuyente. Analizamos, en un rápido recorrido, los objetivos de los distintos Programas.
En primer lugar, el Programa de Optimización del Patrimonio establece como objetivos prioritarios la modernización de la gestión, mejorar el uso y aprovechamiento, reducir al máximo los arrendamientos existentes y renegociar al mínimo los cánones, aprovechando la situación más competitiva del mercado. Se pretende concentrar los servicios administrativos en edificios del Estado, según tamaño y funcionalidad. Para ello, es necesario realizar la actualización de un inventario de bienes, el cual deberá ser analizado por ingenieros especialistas en proyectos de reubicación, reingeniería y calidad total que puedan diagnosticar y comprobar la localización, superficie, grados de ocupación, diseños de requerimientos por funciones, todo en un total compromiso con la modernización en la gestión pública.
El segundo aspecto es el relativo al Programa de Austeridad en sentido estricto, diseñado con doble finalidad. Por una parte, conseguir ahorros en determinados conceptos de gastos y servicios. Por otra, pretende alterar los hábitos de gastos de los responsables de los fondos públicos, auténtica modificación cultural en la gestión de recursos públicos. El programa se enfoca hacia una serie de gastos que han vivido una coyuntura expansiva y precisan de un exhaustivo control, y de unos de más bajos niveles, como por ejemplo, las comunicaciones, la gestión de edificios, la contratación externa, publicaciones, la adquisición de material no inventariable, el uso de las fotocopiadoras, la representación institucional, los viáticos y los viajes.
El tercer elemento es el Programa de Compras Públicas, cuyo objetivo es obtener las mejores condiciones económicas y de calidad así como optimizar los procedimientos en las adquisiciones, haciendo valer la condición de "buen cliente" de la Administración tanto en términos de volumen como de solvencia. En este sentido, proponemos que se implemente un sistema centralizado de compras, normalizando los bienes de caracteres comunes, unificando los criterios de su contratación con lo que se reducen los concursos a celebrar y obteniendo considerables descuentos que se pudieran cifrar en las decenas de millones de balboas.
La perspectiva de una posible aplicación de los distintos Programas generaría beneficios inmediatos para todos los panameños. Es obvio que todo esfuerzo de ahorro tiene sus limitaciones, por lo que pasados los primeros ejercicios en los que las medidas adoptadas originan ahorros significativos, es previsible que, restablecidos los principios de frugalidad y buena administración, el incremento marginal del ahorro tienda a reducirse. No obstante, la dimensión futura que el Plan contiene, es la razón que nos persuade para pensar que ahorros derivados de las acciones a emprender se reflejen en más ejercicios.
También somos conscientes de que implantar una cultura de eficiencia sobre la base de austeridad es una actitud con rasgos de permanencia que debe estar alejada de la política partidista. Seguir aplicados en reducir al máximo las desviaciones de gasto hasta la completa eliminación del déficit es uno de los objetivos que compromete nuestra credibilidad como país solvente en futuras negociaciones dentro del marco de los acuerdos comerciales y en aquellas donde intervengan inversionistas extranjeros, y la austeridad en el gasto colabora decididamente en esa tendencia a la vez que revitaliza la ética del servicio público.
La sociedad panameña hoy entiende bien que es mejor prevenir a quedarse a la intemperie. Eso significa que hay que enfatizar en el crecimiento del ahorro durante los próximos años y prudencia para salvaguardar el futuro. Un gobierno que se apoya sobre una reforma que revise las estructuras gubernamentales, corrija los aumentos de gastos innecesarios y sanee las cuentas públicas, no tendrá ningún problema en vender la idea que lo que realmente persigue con el uso del Fondo, es estimular la competitividad, la renovación tecnológica y el crecimiento sostenible. De lo contrario, con Fondo o sin Fondo, nada impedirá que la economía panameña se oriente al vaivén de los vientos por la línea de un crecimiento desacelerado y escuálido, la creación imperceptible de empleos y el empeoramiento de las cuentas públicas. A los panameños tal vez nos depara, como país subdesarrollado, un futuro con menos alegrías; pero inclusive así, no tendremos mayores problemas. El problema será si las cuentas públicas no están claras.
Ante las presiones políticas para abordar la utilización del Fondo Fiduciario y la implacable realidad de la confirmación de las pretensiones sociales que afloran el Plan Financiero, el Gobierno debe dar un doble golpe de timón que le permita recuperar la iniciativa y el protagonismo. Al reiterar las previsiones de crecimiento económico, desempleo y déficit, sienta unas nuevas bases para construir el cuadro de la evolución macroeconómica que habrá de incluir en sus negociaciones con las diferentes bancadas partidistas en su afán de lograr un consenso. Y al iniciar, previsiblemente en los próximos días, un diálogo entre el movimiento de trabajadores y la empresa privada para la elevación del salario mínimo, esquiva el acoso oportunista de algunos políticos que en su intento de rentabilizar la artificial polémica sobre el Fondo, quieren capitalizar sobre las medidas aceleradas realizadas en estos primeros siete meses.
Según El Panamá América, en su portada del 22 de febrero, el "Gobierno advierte colapso económico", y otro diario titula en la misma fecha que "si no se aprueba el proyecto que autoriza el Fondo Fiduciario, el gobierno tendrá que recortar el Presupuesto de la Nación o pedir préstamos por unos 700 millones de balboas". Reiteramos, estas son noticias que denotan menos alegrías. Pero por otro lado, si la idea de austeridad en el programa de Gobierno es el comienzo de un esfuerzo cuyo objetivo último es conseguir reducir el déficit y endeudamiento, desde ya les digo que cuentan conmigo. Aquí es oportuno señalar que el objetivo de un plan social resulta en un juego de suma cero, porque se reduce la deuda pública o se reduce la deuda social, pero tienen que decidirse de cara a la realidad de que unos van a ganar y otros van perder, ya que un recurso no se puede asignar dos veces.. Y sobre esto existen precedentes interesantes. En 1990, con el Contralor Rubén Carles al frente de la Administración Pública, la noción de austeridad en la gestión pública cobró especial relevancia y se dio una respuesta satisfactoria a las demandas de los ciudadanos, conscientes de que se estaban acabando con los excesos y descontroles dentro de la Administración. Y al mismo tiempo, se creaban las bases para garantizar un nivel de crecimiento que no veíamos desde la bonanza de los años 60.
Una década más tarde, todo indica que debiéramos tomar de la misma medicina. Y es por eso que en atención a la actual realidad y evitando retrasos en la respuesta que ha de ofrecer la gestión pública a los problemas que se le plantean, el Gobierno debe aprobar tres Programas de racionalidad económica que constituyan el núcleo justificativo de un Plan Nacional de Austeridad.
La gestión pública, aunque se desenvuelve en un marco de especialidades jurídico-políticas, se ha de inspirar en el principio de eficiencia, tratando de conseguir el mejor uso de los fondos disponibles de por sí escasos. Este principio es una imprescindible guía para el perfeccionamiento de un sector público secularmente sometido a una preocupante tradición de derroche e indisciplina presupuestaria. Los Programas que componen esta propuesta se desarrollan en un marco de cautela, ortodoxia y rapidez, intentando explorar plenamente todas las oportunidades de ahorro, al tiempo que contribuyen a proyectar un cambio de imagen de la Administración, en términos de mayor responsabilidad, inspirado en el principio de respeto al último balboa del contribuyente. Analizamos, en un rápido recorrido, los objetivos de los distintos Programas.
En primer lugar, el Programa de Optimización del Patrimonio establece como objetivos prioritarios la modernización de la gestión, mejorar el uso y aprovechamiento, reducir al máximo los arrendamientos existentes y renegociar al mínimo los cánones, aprovechando la situación más competitiva del mercado. Se pretende concentrar los servicios administrativos en edificios del Estado, según tamaño y funcionalidad. Para ello, es necesario realizar la actualización de un inventario de bienes, el cual deberá ser analizado por ingenieros especialistas en proyectos de reubicación, reingeniería y calidad total que puedan diagnosticar y comprobar la localización, superficie, grados de ocupación, diseños de requerimientos por funciones, todo en un total compromiso con la modernización en la gestión pública.
El segundo aspecto es el relativo al Programa de Austeridad en sentido estricto, diseñado con doble finalidad. Por una parte, conseguir ahorros en determinados conceptos de gastos y servicios. Por otra, pretende alterar los hábitos de gastos de los responsables de los fondos públicos, auténtica modificación cultural en la gestión de recursos públicos. El programa se enfoca hacia una serie de gastos que han vivido una coyuntura expansiva y precisan de un exhaustivo control, y de unos de más bajos niveles, como por ejemplo, las comunicaciones, la gestión de edificios, la contratación externa, publicaciones, la adquisición de material no inventariable, el uso de las fotocopiadoras, la representación institucional, los viáticos y los viajes.
El tercer elemento es el Programa de Compras Públicas, cuyo objetivo es obtener las mejores condiciones económicas y de calidad así como optimizar los procedimientos en las adquisiciones, haciendo valer la condición de "buen cliente" de la Administración tanto en términos de volumen como de solvencia. En este sentido, proponemos que se implemente un sistema centralizado de compras, normalizando los bienes de caracteres comunes, unificando los criterios de su contratación con lo que se reducen los concursos a celebrar y obteniendo considerables descuentos que se pudieran cifrar en las decenas de millones de balboas.
La perspectiva de una posible aplicación de los distintos Programas generaría beneficios inmediatos para todos los panameños. Es obvio que todo esfuerzo de ahorro tiene sus limitaciones, por lo que pasados los primeros ejercicios en los que las medidas adoptadas originan ahorros significativos, es previsible que, restablecidos los principios de frugalidad y buena administración, el incremento marginal del ahorro tienda a reducirse. No obstante, la dimensión futura que el Plan contiene, es la razón que nos persuade para pensar que ahorros derivados de las acciones a emprender se reflejen en más ejercicios.
También somos conscientes de que implantar una cultura de eficiencia sobre la base de austeridad es una actitud con rasgos de permanencia que debe estar alejada de la política partidista. Seguir aplicados en reducir al máximo las desviaciones de gasto hasta la completa eliminación del déficit es uno de los objetivos que compromete nuestra credibilidad como país solvente en futuras negociaciones dentro del marco de los acuerdos comerciales y en aquellas donde intervengan inversionistas extranjeros, y la austeridad en el gasto colabora decididamente en esa tendencia a la vez que revitaliza la ética del servicio público.
La sociedad panameña hoy entiende bien que es mejor prevenir a quedarse a la intemperie. Eso significa que hay que enfatizar en el crecimiento del ahorro durante los próximos años y prudencia para salvaguardar el futuro. Un gobierno que se apoya sobre una reforma que revise las estructuras gubernamentales, corrija los aumentos de gastos innecesarios y sanee las cuentas públicas, no tendrá ningún problema en vender la idea que lo que realmente persigue con el uso del Fondo, es estimular la competitividad, la renovación tecnológica y el crecimiento sostenible. De lo contrario, con Fondo o sin Fondo, nada impedirá que la economía panameña se oriente al vaivén de los vientos por la línea de un crecimiento desacelerado y escuálido, la creación imperceptible de empleos y el empeoramiento de las cuentas públicas. A los panameños tal vez nos depara, como país subdesarrollado, un futuro con menos alegrías; pero inclusive así, no tendremos mayores problemas. El problema será si las cuentas públicas no están claras.
