Menos legisladores
Todos los sectores de la sociedad civil, a través de sus diversos voceros, incluyendo los de la llamada Visión 2020, están de acuerdo en que conviene a los mejores intereses nacionales disminuir el número de legisladores. En cambio, no concuerdan con esta opinión los partidos políticos que apoyan la actual fórmula de aumento periódico de legisladores, dependiendo del incremento de la población.
La mayoría de quienes comparten la idea de reducirlos discrepan en cambio en el modo de hacerlo. Son más los que favorecen una reforma constitucional, en la creencia de que no puede hacerse de otra forma. Una minoría es partidaria de cualquier otra alternativa sencilla que obvie el dilatado y costoso trámite constitucional. Los más reputados especialistas panameños en legislación electoral avalan, sin embargo, la posición de los últimos.
En efecto, algunos opinan que es cuestión de que el Tribunal Electoral reúna en uno a pequeños y poco poblados circuitos que hoy producen un legislador por cada uno. Otros sugieren la fórmula de una ley que haga esa tarea. Entre quienes respaldamos la forma sencilla de reducción de legisladores figuran los juristas Eugenio Morice, máximo conocedor nacional del tema, y Carlos Vásquez, presidente del Colegio de Abogados.
Nosotros igual hemos opinado en el mismo sentido en esta misma columna.
Ahora es el mejor momento para hacerlo. Antes, nos enfrentábamos a una robusta dictadura partidocrática, que detentaba en sus manos el monopolio del poder público como una especie de patrimonio propio, exclusivo y excluyente. La situación hoy ha cambiado en la medida que la correlación de fuerzas con respecto a la sociedad civil, empieza a equilibrarse, producto del debilitamiento y el desprestigio en que han caído los partidos y los políticos, a quienes se achaca todos los males, no sin algo de razón.
También ayuda la cercanía de las elecciones, que los hace vulnerables a un eventual castigo en las urnas. No ayuda, en cambio, una Corte Suprema sumisa. Pese a los riesgos, estimamos que es el momento de unir fuerzas para lograr disminuir el número de legisladores, buscando una fórmula sencilla y dejando para después la discusión de las reformas constitucionales. Ahora tenemos un problema inmediato, producto de las elecciones del próximo año. Si se brinda respaldo al Tribunal Electoral, seguramente resistirá las presiones de los partidos y los políticos, no de otro modo.
Podemos ahorrar al país varios millones de balboas y los inconvenientes de un parlamento hipertrofiado, injustificado en una nación pobre y pequeña, sumida en problemas.
La mayoría de quienes comparten la idea de reducirlos discrepan en cambio en el modo de hacerlo. Son más los que favorecen una reforma constitucional, en la creencia de que no puede hacerse de otra forma. Una minoría es partidaria de cualquier otra alternativa sencilla que obvie el dilatado y costoso trámite constitucional. Los más reputados especialistas panameños en legislación electoral avalan, sin embargo, la posición de los últimos.
En efecto, algunos opinan que es cuestión de que el Tribunal Electoral reúna en uno a pequeños y poco poblados circuitos que hoy producen un legislador por cada uno. Otros sugieren la fórmula de una ley que haga esa tarea. Entre quienes respaldamos la forma sencilla de reducción de legisladores figuran los juristas Eugenio Morice, máximo conocedor nacional del tema, y Carlos Vásquez, presidente del Colegio de Abogados.
Nosotros igual hemos opinado en el mismo sentido en esta misma columna.
Ahora es el mejor momento para hacerlo. Antes, nos enfrentábamos a una robusta dictadura partidocrática, que detentaba en sus manos el monopolio del poder público como una especie de patrimonio propio, exclusivo y excluyente. La situación hoy ha cambiado en la medida que la correlación de fuerzas con respecto a la sociedad civil, empieza a equilibrarse, producto del debilitamiento y el desprestigio en que han caído los partidos y los políticos, a quienes se achaca todos los males, no sin algo de razón.
También ayuda la cercanía de las elecciones, que los hace vulnerables a un eventual castigo en las urnas. No ayuda, en cambio, una Corte Suprema sumisa. Pese a los riesgos, estimamos que es el momento de unir fuerzas para lograr disminuir el número de legisladores, buscando una fórmula sencilla y dejando para después la discusión de las reformas constitucionales. Ahora tenemos un problema inmediato, producto de las elecciones del próximo año. Si se brinda respaldo al Tribunal Electoral, seguramente resistirá las presiones de los partidos y los políticos, no de otro modo.
Podemos ahorrar al país varios millones de balboas y los inconvenientes de un parlamento hipertrofiado, injustificado en una nación pobre y pequeña, sumida en problemas.
