Mi posición sobre la elección del Contralor
El 30 de agosto de este año firmé con 35 otros Legisladores un Acuerdo Legislativo donde nos comprometíamos a "garantizar la gobernabilidad y preservar el sistema democrático y en la búsqueda de un consenso nacional (para) modernizar el Estado e impulsar el desarrollo nacional", con la "determinación de conformar una Mayoría Parlamentaria que logre, durante el período 1999-2004, el apoyo necesario a las acciones... encaminadas a enfrentar los grandes problemas del desempleo y la pobreza."
No firmé una alianza para participar en el Ejecutivo y no solicité puesto alguno, ni menos aún beneficios financieros. Lo hice por el bien de Panamá y por respetar la voluntad popular que eligió presidenta a Doña Mireya Moscoso. No firmé un cheque en blanco, ni hice dejación de mi inteligencia y menos aún de mi conciencia moral. Por eso no me comprometí a ninguna legislación ni a ningún nombramiento específicos.
Mi Partido avaló otra dimensión del Acuerdo Legislativo sobre cuáles partidos propondrían los directivos de la Asamblea y cuáles el contralor y el subcontralor. Pero tampoco firmó un cheque en blanco ni adquirió compromiso sobre personas específicas. La prueba es que al Partido Solidaridad la presidenta le solicitó una terna de posibles candidatos para la Subcontraloría y no uno solo.
Hace semana y media la Comisión de Credenciales de la Asamblea, tres meses antes de la fecha límite, decidió que las candidaturas para contralor se debían presentar el 20 y 21 de septiembre. Se supo entonces con cierta formalidad que el Lic. Alvin Weeden era la persona propuesta por el Partido Arnulfista para contralor.
Por ello, el jueves 16 de septiembre llamé a la ministra de la Presidencia y le solicité le informara a la presidenta que yo no podía, por razones morales, votar por dicho candidato y que le solicitaba otros nombres. Le dije que estaba de acuerdo no fuera un adversario de la presidenta, sino un simpatizante de ella, pero que no debía ser un incondicional político de ella ni alguien cuya honorabilidad hubiera sido seriamente cuestionada. Le sugerí personas como el ministro Moisés Castillo, el banquero Luis H. Moreno, el banquero Isaac Btesh o el ex- contralor José de los Santos Chen Barría, y le dije estaba abierta a otras sugerencias de parte suya. Además, le entregué una copia de la transcripción de partes de una declaración del Sr. Steven Samos en 1985, que me habían hecho llegar de manera anónima y que contenía graves acusaciones contra el Lic. Alvin Weeden.
La única respuesta que recibí fue la reafirmación pública por la presidenta de la candidatura de Weeden. Por eso el domingo 19 le solicité al presidente de mi Partido una reunión ese mismo día con el Comité de Urgencia del Comité Político. l lo convocó y, aunque no asistió, el Comité de Urgencia sesionó con la presencia de los tres vicepresidentes y el secretario general del PDC y con la asistencia de su legislador suplente. Ante ellos expliqué mis objeciones de conciencia a votar por el Lic. Weeden y, después de discutir el tema, el Comité de Urgencia decidió "dejar en libertad a los legisladores de su Bancada Popular para que ejerzan su derecho a postular y elegir en el proceso de selección del contralor".
El PDC me dejó así en libertad de conciencia, como dejó en 1990 a sus legisladores con respecto a la votación por el procurador de ese entonces. Ello no implica, ni así lo entiendo, que se da por terminado el Acuerdo Legislativo de Gobernabilidad, que he honrado y honraré, sino que por razones de conciencia no puedo votar por la persona específica que, sin ninguna consulta, fue propuesta para el alto cargo de Contralor.
Al día siguiente, lunes 21, hice pública mi posición al declarar al Diario El Universal que considero que el Lic. Weeden "no reúne las características de honorabilidad y experiencia que lo hagan incuestionable."
Como resultado de la controversia que se suscitó, me vi en la obligación de precisar mis razones. He dicho y repito que el contralor no debe ser un adversario de la presidenta que pueda trabar su gestión de gobierno. Pero estoy convencida que no debe ser un incondicional político de la presidenta, pues debe estar dispuesto a "fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección y según lo establecido en la Ley", como lo estipula el artículo 276 de la Constitución.
Además, me referí al hecho de que en agosto de 1985, en el curso de un juicio contra cinco personas por lavado de dinero, en el Tribunal de Distrito de los E.U., del Sur de la Florida, el Sr. Steven Samos, como testigo de Estado, declaró que el Lic. Alvin Weeden había compartido con él algunas actividades de transportar a Panamá o a Costa Rica dinero perteneciente a un Sr. Tony Fernández, quien ha sido condenado por narcotráfico en los E.U.. Y cuando se le preguntó al Sr. Samos, si el Lic.Weeden sabía que era dinero proveniente del tráfico de marihuana, respondió que sí lo sabía "desde el mismo comienzo", "desde la primera vez que le solicitó que hiciera cualquiera cosa para él".
El Lic. Weeden ha intentado responder con un comunicado de prensa donde niega muchas cosas circunstanciales que yo nunca afirmé, como por ejemplo que hubiese sido citado como testigo o acusado criminalmente por las autoridades norteamericanas o que se le hubiera concedido inmunidad.
Pero no niega nada sustancial. No niega que hubo un juicio No. 84-853-CR-KEHOE en agosto de 1985 en el Tribunal de Distrito de los E.U., del Sur de la Florida, bajo el Juez James W. Kehoe. No niega que en dicho juicio declaró como testigo de Estado el Sr. Steven Samos. No niega que en los volúmenes IX a XVI de la transcripción de las declaraciones del Sr. Samos, el susodicho admite haber lavado dinero del Sr. Tony Fernández, procedente de la venta de marihuana. No niega que en sus declaraciones el Sr. Samos lo involucra a él, Alvin Weeden, en el transporte de dinero del Sr. Fernández a Panamá y Costa Rica, en este último caso $ 550,000 "al banco costarricense, el banco comercial". Y no niega que Samos afirma que al inicio de su participación le dijo a Weeden de donde provenía el dinero.
Tampoco niega el Sr. Weeden que el viernes 9 de mayo de 1986, el Sr. I. Roberto Eisenmann Jr. publicó en La Prensa un artículo sobre "El affaire Samos", donde con toda razón se defiende y defiende a otras personas que los periódicos de la dictadura quisieron involucrar injustamente en el asunto, cuando Samos los exoneraba de cualquier vínculo o conocimiento. Pero en ninguna parte de su artículo Eisenmann cuestiona la veracidad de lo que Samos afirma o niega. Por lo contrario, la supone.
Yo no sé personalmente si las declaraciones del Sr. Samos son ciertas. Yo sé que el Lic. Weeden, gravemente implicado por ellas, no las ha negado. En las actuales circunstancias, en que de él esperábamos una negación rotunda de todas y cada una de las afirmaciones del Sr. Samos, el hecho que no las niegue deja vigente su cuestionamiento. Su comunicado no hace desaparecer las dudas, las graves dudas, que suscitan las declaraciones de Samos.
Tengo ahora más razones de las que tenía para rehusarme votar por él para contralor. Como dije cuando postulé a Luis H. Moreno:
"No hay posibilidad de salir de la pobreza y superar la corrupción que corroe las entrañas mismas de nuestro país si no aceptamos que la administración de los fondos del Estado tiene que ser vigilada celosamente por personas cuya capacidad y honradez no puedan ser disputadas por nadie. Sin esos dos requisitos quienquiera que ocupe el puesto de Contralor estará sujeto a presiones y chantajes que le imposibilitarán cumplir con su misión."
No firmé una alianza para participar en el Ejecutivo y no solicité puesto alguno, ni menos aún beneficios financieros. Lo hice por el bien de Panamá y por respetar la voluntad popular que eligió presidenta a Doña Mireya Moscoso. No firmé un cheque en blanco, ni hice dejación de mi inteligencia y menos aún de mi conciencia moral. Por eso no me comprometí a ninguna legislación ni a ningún nombramiento específicos.
Mi Partido avaló otra dimensión del Acuerdo Legislativo sobre cuáles partidos propondrían los directivos de la Asamblea y cuáles el contralor y el subcontralor. Pero tampoco firmó un cheque en blanco ni adquirió compromiso sobre personas específicas. La prueba es que al Partido Solidaridad la presidenta le solicitó una terna de posibles candidatos para la Subcontraloría y no uno solo.
Hace semana y media la Comisión de Credenciales de la Asamblea, tres meses antes de la fecha límite, decidió que las candidaturas para contralor se debían presentar el 20 y 21 de septiembre. Se supo entonces con cierta formalidad que el Lic. Alvin Weeden era la persona propuesta por el Partido Arnulfista para contralor.
Por ello, el jueves 16 de septiembre llamé a la ministra de la Presidencia y le solicité le informara a la presidenta que yo no podía, por razones morales, votar por dicho candidato y que le solicitaba otros nombres. Le dije que estaba de acuerdo no fuera un adversario de la presidenta, sino un simpatizante de ella, pero que no debía ser un incondicional político de ella ni alguien cuya honorabilidad hubiera sido seriamente cuestionada. Le sugerí personas como el ministro Moisés Castillo, el banquero Luis H. Moreno, el banquero Isaac Btesh o el ex- contralor José de los Santos Chen Barría, y le dije estaba abierta a otras sugerencias de parte suya. Además, le entregué una copia de la transcripción de partes de una declaración del Sr. Steven Samos en 1985, que me habían hecho llegar de manera anónima y que contenía graves acusaciones contra el Lic. Alvin Weeden.
La única respuesta que recibí fue la reafirmación pública por la presidenta de la candidatura de Weeden. Por eso el domingo 19 le solicité al presidente de mi Partido una reunión ese mismo día con el Comité de Urgencia del Comité Político. l lo convocó y, aunque no asistió, el Comité de Urgencia sesionó con la presencia de los tres vicepresidentes y el secretario general del PDC y con la asistencia de su legislador suplente. Ante ellos expliqué mis objeciones de conciencia a votar por el Lic. Weeden y, después de discutir el tema, el Comité de Urgencia decidió "dejar en libertad a los legisladores de su Bancada Popular para que ejerzan su derecho a postular y elegir en el proceso de selección del contralor".
El PDC me dejó así en libertad de conciencia, como dejó en 1990 a sus legisladores con respecto a la votación por el procurador de ese entonces. Ello no implica, ni así lo entiendo, que se da por terminado el Acuerdo Legislativo de Gobernabilidad, que he honrado y honraré, sino que por razones de conciencia no puedo votar por la persona específica que, sin ninguna consulta, fue propuesta para el alto cargo de Contralor.
Al día siguiente, lunes 21, hice pública mi posición al declarar al Diario El Universal que considero que el Lic. Weeden "no reúne las características de honorabilidad y experiencia que lo hagan incuestionable."
Como resultado de la controversia que se suscitó, me vi en la obligación de precisar mis razones. He dicho y repito que el contralor no debe ser un adversario de la presidenta que pueda trabar su gestión de gobierno. Pero estoy convencida que no debe ser un incondicional político de la presidenta, pues debe estar dispuesto a "fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección y según lo establecido en la Ley", como lo estipula el artículo 276 de la Constitución.
Además, me referí al hecho de que en agosto de 1985, en el curso de un juicio contra cinco personas por lavado de dinero, en el Tribunal de Distrito de los E.U., del Sur de la Florida, el Sr. Steven Samos, como testigo de Estado, declaró que el Lic. Alvin Weeden había compartido con él algunas actividades de transportar a Panamá o a Costa Rica dinero perteneciente a un Sr. Tony Fernández, quien ha sido condenado por narcotráfico en los E.U.. Y cuando se le preguntó al Sr. Samos, si el Lic.Weeden sabía que era dinero proveniente del tráfico de marihuana, respondió que sí lo sabía "desde el mismo comienzo", "desde la primera vez que le solicitó que hiciera cualquiera cosa para él".
El Lic. Weeden ha intentado responder con un comunicado de prensa donde niega muchas cosas circunstanciales que yo nunca afirmé, como por ejemplo que hubiese sido citado como testigo o acusado criminalmente por las autoridades norteamericanas o que se le hubiera concedido inmunidad.
Pero no niega nada sustancial. No niega que hubo un juicio No. 84-853-CR-KEHOE en agosto de 1985 en el Tribunal de Distrito de los E.U., del Sur de la Florida, bajo el Juez James W. Kehoe. No niega que en dicho juicio declaró como testigo de Estado el Sr. Steven Samos. No niega que en los volúmenes IX a XVI de la transcripción de las declaraciones del Sr. Samos, el susodicho admite haber lavado dinero del Sr. Tony Fernández, procedente de la venta de marihuana. No niega que en sus declaraciones el Sr. Samos lo involucra a él, Alvin Weeden, en el transporte de dinero del Sr. Fernández a Panamá y Costa Rica, en este último caso $ 550,000 "al banco costarricense, el banco comercial". Y no niega que Samos afirma que al inicio de su participación le dijo a Weeden de donde provenía el dinero.
Tampoco niega el Sr. Weeden que el viernes 9 de mayo de 1986, el Sr. I. Roberto Eisenmann Jr. publicó en La Prensa un artículo sobre "El affaire Samos", donde con toda razón se defiende y defiende a otras personas que los periódicos de la dictadura quisieron involucrar injustamente en el asunto, cuando Samos los exoneraba de cualquier vínculo o conocimiento. Pero en ninguna parte de su artículo Eisenmann cuestiona la veracidad de lo que Samos afirma o niega. Por lo contrario, la supone.
Yo no sé personalmente si las declaraciones del Sr. Samos son ciertas. Yo sé que el Lic. Weeden, gravemente implicado por ellas, no las ha negado. En las actuales circunstancias, en que de él esperábamos una negación rotunda de todas y cada una de las afirmaciones del Sr. Samos, el hecho que no las niegue deja vigente su cuestionamiento. Su comunicado no hace desaparecer las dudas, las graves dudas, que suscitan las declaraciones de Samos.
Tengo ahora más razones de las que tenía para rehusarme votar por él para contralor. Como dije cuando postulé a Luis H. Moreno:
"No hay posibilidad de salir de la pobreza y superar la corrupción que corroe las entrañas mismas de nuestro país si no aceptamos que la administración de los fondos del Estado tiene que ser vigilada celosamente por personas cuya capacidad y honradez no puedan ser disputadas por nadie. Sin esos dos requisitos quienquiera que ocupe el puesto de Contralor estará sujeto a presiones y chantajes que le imposibilitarán cumplir con su misión."
