Migración y seguridad
Según las Naciones Unidas, en el año 2000 había 175 millones de migrantes internacionales cuyos desplazamientos han producido serios problemas sociales, políticos, económicos y humanos, además de los relacionados con temas de seguridad como son el terrorismo, el narcotráfico, las pandemias y el tráfico de seres humanos.
Desde hace varios años en Panamá sabemos que la legislación vigente en materia migratoria es obsoleta e ineficiente y, por ende, campo fértil para la corrupción y la proliferación de otros delitos. Por eso es acertada la iniciativa de incluir la aprobación de una nueva Ley de Migración a través de los poderes extraordinarios otorgados al Ejecutivo, pues la complejidad y gravedad de esta materia no debe dar cabida ni a las manipulaciones de grupos con intereses particulares ni a la demagogia.
En el anteproyecto que se ha dado a conocer se establece que la nueva ley regulará el movimiento migratorio de nacionales y extranjeros, la estadía de estos en el país y los requisitos y procedimientos para adquirir la nacionalidad panameña por naturalización, a través del Servicio Nacional de Migración. También se crean la Carrera de Seguridad Migratoria y el Consejo Consultivo de Migración.
En 162 artículos se desarrolla una compleja normativa que incluye, entre otras cosas, una nueva clasificación migratoria y los tipos de visas correspondientes, las autorizaciones de ingresos y salidas múltiples, la deportación y expulsión de extranjeros, la instauración de un Registro Único de Extranjería y la eliminación del requisito de contar con un abogado para realizar algunos trámites migratorios.
Sin desconocer el enorme esfuerzo de esta iniciativa, preocupa la preeminencia que se da a la seguridad en el tema migratorio, ignorando otros componentes que contribuyen a la complejidad de este fenómeno. Este sesgo queda plasmado en el artículo 2, cuando se define el Servicio Nacional de Migración como una entidad de seguridad pública y, nuevamente, cuando en el artículo 4 se afirma que el Servicio Nacional de Migración presta un servicio público de seguridad del Estado, dando prioridad a un aspecto que, aunque importante, no debe de ser el eje de las políticas migratorias. En ese sentido, el ex director de Migración, Ramón Lima, señala que el principal objetivo es facilitar que la mayoría de quienes llegan a nuestro país se registren debidamente, como un primer paso hacia su integración.
Si este espíritu logra introducirse en la nueva ley y la misma se reglamenta con rapidez, simplificando los procedimientos y eliminando las trabas burocráticas, no sólo se habrá contribuido a resolver un problema que cada día se incrementa, sino que habremos avanzado en la eliminación de una serie de actividades generadoras de corrupción y de violación de los derechos humanos.
