Millonarios alquileres para oficinas públicas
UNA VERDADERA planificación de las áreas revertidas que no, solamente, atendiera intereses de transnacionales, sino también las necesidades más importantes de la comunidad nacional, habría logrado un alto porcentaje de áreas y edificios que resolvieran el grave problema de los millones de balboas que dedica el gobierno, al pago de alquileres para el funcionamiento de oficinas públicas.
Atendiendo a informaciones aparecidas en el Panamá América con fecha 3 de julio del presente año, el Estado dedicará cerca de 16 millones de balboas en el alquiler de oficinas gubernamentales en el 2006. Durante el régimen arnulfista, nos referimos al problema del alquiler de edificios para oficinas de la administración gubernamental y manifestábamos que era insólito que el Estado se gastara millonadas en arrendamiento de edificios para alojar oficinas, cuando el país había recibido, producto de los Tratados Torrijos-Carter, áreas y edificaciones que muy bien hubieran podido resolver, definitivamente, esta gran crisis por la falta de planeamiento gubernamental. Y es que durante la dictadura, este renglón de alquileres de edificios para oficinas públicas, fue manejado como un soborno, tráfico de influencias y coimas y esta situación no debe continuar, porque el actual gobierno está vivamente interesado en erradicar todo lo que sea corrupción. (Panamá América 19 febrero 2001).
Para que nuestros lectores tengan una idea de las grandes sumas de dinero que el Estado gasta en alquileres de oficinas, estamos en condiciones de informarles que sólo en el edificio Plaza Edison en donde funcionan cuatro ministerios, se desembolsan anualmente, cerca de 3.4 millones de balboas que bien pudieran emplearse en aliviar las grandes necesidades que confronta el país.
Así las cosas, el gobierno que lidera el presidente Martín Torrijos Espino, debe actuar cuanto antes, a fin de salvaguardar dineros que se necesitan para la realización de proyectos en beneficio de la educación, la salud, la vivienda y para contrarrestar la extrema pobreza a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.
Atendiendo a informaciones tomadas del Panamá América, el Señor Presidente está interesado en la solución del presente problema de los alquileres de edificios para el funcionamiento de oficinas gubernamentales y se propone llevar a cabo, un trabajo de planificación bien ordenado, para evitar el desgreño administrativo y ahorrar en beneficio del país, dineros que puedan contribuir al progreso de la nación. La información aparece publicada en el Panamá América con fecha 13 de mayo del año 2005 en donde se manifiesta que el gobierno contratará una firma consultora que deberá elaborar un diagnóstico de la situación de los contratos de alquileres de bienes inmuebles del gobierno, suscrito a la fecha. El propósito de este ordenamiento es economizar al máximo en alquileres y en pago de inmuebles dijo David Saied, Director de la Unidad de Políticas del Ministerio de Economía y Finanzas. El diagnóstico debe incluir el desarrollo y elaboración de políticas aplicables a los contratos de arrendamientos y compra de bienes inmuebles necesarios para el uso de oficinas. Y servirán para definir una política pública para el manejo de estos arrendamientos. Actualmente cada institución se maneja de forma independiente, de manera que al no centralizar estos costos el Estado termina pagando más. Si la contratación de estas oficinas se realizara en paquetes permitiría negociar contratos con conjunto, lograr mejores precios y un mayor ahorro al Estado señaló Saied. Inicialmente el estudio analizará todos los arrendamientos que sean superiores a los B/.150,000 anuales y las instalaciones están ubicadas en la ciudad capital.
En Panamá se han hecho intentos por resolver este grave problema de los alquileres de oficinas públicas. En el año 2002, durante la administración arnulfista, se pensó en una Ciudad Gubernamental con el propósito de ahorrarse en 20 años unos B/.7. millones de alquileres de oficinas privadas para sedes de ministerios e instituciones. El proyecto no se realizó, pero se alquilaron más edificios. Esperamos que este nuevo intento tenga el mejor de los éxitos y que en su ejecución, haya honestidad, sentido de patria y verdaderos deseos de acabar con esta grave situación de los alquileres de edificios para el funcionamiento de oficinas públicas gubernamentales.
Pero, en 2005 el país gastó 3.600 millones de dólares en el programa Beca Familia y 71.000 millones para pagar intereses de la deuda interna, en manos del 10% más rico. No extraña, pues, que también haya sido confirmado el actual vicepresidente, José Alencar, próspero empresario textil, quien garantiza el apoyo de buena parte de los empresarios privados.
Brasil siempre estuvo "orgulloso de su industria" (que maneja la poderosa burguesía paulista), a la que siempre "protegió" contra viento y marea (éste es el verdadero motivo del Mercosur), provocando una brutal transferencia de ingresos desde los sectores pobres que pagan altísimos precios por productos importados, en beneficio de los ricos y protegidos industriales brasileños.
Entonces, no sorprende que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, de centro derecha apoye a Lula, lo mismo que el Partido Comunista. Y así, que siga el carnaval.
(*) Analista político argentino.
www.aipenet.com
Atendiendo a informaciones aparecidas en el Panamá América con fecha 3 de julio del presente año, el Estado dedicará cerca de 16 millones de balboas en el alquiler de oficinas gubernamentales en el 2006. Durante el régimen arnulfista, nos referimos al problema del alquiler de edificios para oficinas de la administración gubernamental y manifestábamos que era insólito que el Estado se gastara millonadas en arrendamiento de edificios para alojar oficinas, cuando el país había recibido, producto de los Tratados Torrijos-Carter, áreas y edificaciones que muy bien hubieran podido resolver, definitivamente, esta gran crisis por la falta de planeamiento gubernamental. Y es que durante la dictadura, este renglón de alquileres de edificios para oficinas públicas, fue manejado como un soborno, tráfico de influencias y coimas y esta situación no debe continuar, porque el actual gobierno está vivamente interesado en erradicar todo lo que sea corrupción. (Panamá América 19 febrero 2001).
Para que nuestros lectores tengan una idea de las grandes sumas de dinero que el Estado gasta en alquileres de oficinas, estamos en condiciones de informarles que sólo en el edificio Plaza Edison en donde funcionan cuatro ministerios, se desembolsan anualmente, cerca de 3.4 millones de balboas que bien pudieran emplearse en aliviar las grandes necesidades que confronta el país.
Así las cosas, el gobierno que lidera el presidente Martín Torrijos Espino, debe actuar cuanto antes, a fin de salvaguardar dineros que se necesitan para la realización de proyectos en beneficio de la educación, la salud, la vivienda y para contrarrestar la extrema pobreza a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.
Atendiendo a informaciones tomadas del Panamá América, el Señor Presidente está interesado en la solución del presente problema de los alquileres de edificios para el funcionamiento de oficinas gubernamentales y se propone llevar a cabo, un trabajo de planificación bien ordenado, para evitar el desgreño administrativo y ahorrar en beneficio del país, dineros que puedan contribuir al progreso de la nación. La información aparece publicada en el Panamá América con fecha 13 de mayo del año 2005 en donde se manifiesta que el gobierno contratará una firma consultora que deberá elaborar un diagnóstico de la situación de los contratos de alquileres de bienes inmuebles del gobierno, suscrito a la fecha. El propósito de este ordenamiento es economizar al máximo en alquileres y en pago de inmuebles dijo David Saied, Director de la Unidad de Políticas del Ministerio de Economía y Finanzas. El diagnóstico debe incluir el desarrollo y elaboración de políticas aplicables a los contratos de arrendamientos y compra de bienes inmuebles necesarios para el uso de oficinas. Y servirán para definir una política pública para el manejo de estos arrendamientos. Actualmente cada institución se maneja de forma independiente, de manera que al no centralizar estos costos el Estado termina pagando más. Si la contratación de estas oficinas se realizara en paquetes permitiría negociar contratos con conjunto, lograr mejores precios y un mayor ahorro al Estado señaló Saied. Inicialmente el estudio analizará todos los arrendamientos que sean superiores a los B/.150,000 anuales y las instalaciones están ubicadas en la ciudad capital.
En Panamá se han hecho intentos por resolver este grave problema de los alquileres de oficinas públicas. En el año 2002, durante la administración arnulfista, se pensó en una Ciudad Gubernamental con el propósito de ahorrarse en 20 años unos B/.7. millones de alquileres de oficinas privadas para sedes de ministerios e instituciones. El proyecto no se realizó, pero se alquilaron más edificios. Esperamos que este nuevo intento tenga el mejor de los éxitos y que en su ejecución, haya honestidad, sentido de patria y verdaderos deseos de acabar con esta grave situación de los alquileres de edificios para el funcionamiento de oficinas públicas gubernamentales.
Pero, en 2005 el país gastó 3.600 millones de dólares en el programa Beca Familia y 71.000 millones para pagar intereses de la deuda interna, en manos del 10% más rico. No extraña, pues, que también haya sido confirmado el actual vicepresidente, José Alencar, próspero empresario textil, quien garantiza el apoyo de buena parte de los empresarios privados.
Brasil siempre estuvo "orgulloso de su industria" (que maneja la poderosa burguesía paulista), a la que siempre "protegió" contra viento y marea (éste es el verdadero motivo del Mercosur), provocando una brutal transferencia de ingresos desde los sectores pobres que pagan altísimos precios por productos importados, en beneficio de los ricos y protegidos industriales brasileños.
Entonces, no sorprende que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, de centro derecha apoye a Lula, lo mismo que el Partido Comunista. Y así, que siga el carnaval.
(*) Analista político argentino.
www.aipenet.com
