Minería, contaminación y desarrollo

En la última Conferencia Anual de Ejecutivos el señor Presidente reiteró la idea de que la minería constituía una de las mejores oportunidades para el desarrollo nacional. Llama la atención no solo porque la minería ni siquiera aparece como un sector priorizado dentro de lo que el “Plan Estratégico de Gobierno 2010 – 2014” denomina “motores de crecimiento,” mostrándose así una inconsistencia en el manejo de la política económica, sino porque sus efectos ambientales hacen de la misma una actividad no sostenible, con impactos negativos sobre el bienestar humano. Entre estos se pueden destacar los relacionados con la deforestación de las áreas dedicadas a la minería y la erosión que provoca, lo que se relaciona con la contaminación del aire con partículas de polvo, así como la pérdida de biodiversidad y la contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas. Este último tipo de contaminación se refiere a elementos muy peligrosos como lo es el drenaje mineral ácido, que termina contaminando las aguas con acido sulfúrico, a lo que se debe sumar el que se puede generar con los llamados metales pesados, los químicos utilizados como insumos en el procesamiento de los minerales, así como con los procesos de erosión y sedimentación. Todo esto impacta a las poblaciones, generalmente pobres, localizadas en el contorno de las explotaciones.

Herman Daly, fundador de la corriente de la Economía Ecológica, ha señalado que algunos de los costos ambientales de la minería van más allá de los generados durante el período de construcción y explotación, convirtiéndose en una pesada carga en el futuro. Este es el caso del drenaje mineral ácido el cual se sigue dando en minas que fueron explotadas por los Romanos hace cerca de 1,500 años. Son daños costosos de mitigar, lo que se puede observar en el hecho de que, según Daly, el saneamiento de 500,000 minas abandonadas en los Estados Unidos podría llegar a los 72 mil millones de dólares. Estos altos costos, tal como lo argumenta Jarred Diamond en su notable libro titulado “Collapse”, han llevado a que los gobiernos de los países desarrollados exijan a las empresas mineras que aseguren los fondos de dinero necesarios para mitigar cualquier daño ecológico que surja después del cierre de la operación de las minas. Esto ha promovido una tendencia destinada a relocalizar la actividad minera en países del tercer mundo, en los que la legislación resulta menos favorable al ambiente y más propicia al interés de las empresas que operan en el sector. Promover el crecimiento minero en nuestro país lleva a participar en una carrera hacia el fondo, en la cual el bienestar de las futuras generaciones de panameños y sobre todo de los más pobres que serán impactados por los proyectos que se quiere establecer en el país, se sacrifica en función de las ganancias de las transnacionales del sector y de sus aliados y socios locales.