Ministerio Público en el banquillo
En nuestro sistema penal, el Ministerio Público investiga los delitos y el Aparato Judicial los juzga. Son parte del primero, los personeros y fiscales; y son parte del segundo, los jueces y magistrados, repartiéndose los casos según la menor o mayor gravedad o importancia, en ese orden. Hasta allí todo es normal. El problema es que los agentes del Ministerio Público, encargados de investigar los delitos, son los mismos que deben decidir si se otorga o no una medida cautelar, lo cual se presta a corrupción, favoritismo y abusos. Esa fue una de las causas por las cuales sacaron hace poco preso de su casa a un fiscal con más de 15 años de servicios. Pero eso no es lo peor.
Lo peor es que, siendo esos agentes los encargados de adelantar las pesquisas, interrogar, indagar, reunir documentos y ordenar peritajes e inspecciones, tienen por función acusar a los mismos sujetos que están investigando. Y eso no debe ser.
Un fiscal debe buscar la verdad en forma objetiva e imparcial; pero al estar obligado por ley a acusar a los mismos sujetos que investiga, pierde la objetividad. Eso viola el principio constitucional del debido proceso y de doble instancia, según el cual -entre otras cosas- no puede recaer en un mismo funcionario el papel de juez y de parte. Además, no hay equilibrio, desde el momento que quien investiga y acusa, lleva la ventaja.
Un fiscal hace de juez, porque acusa; y de parte, porque investiga. En ambos casos, en la misma causa. Y de hecho, su rendimiento y calidad profesional suelen ser calificados en función, no de su talento investigador, sino de su habilidad acusadora y la cantidad de condenas que logre.
A Rafael Rodríguez, quizás el mejor acusador de todos los tiempos, lo llamaban "Fiscal de Hierro", ante cuya presencia temblaban acusados, magistrados y defensores. Un buen fiscal, se estima, debe ser capaz de enviar a la cárcel hasta a un inocente; mientras que, un buen abogado ha de ser capaz de sacar libre al más culpable. Es un duelo, un pugilato personal, entre acusador y defensor, en el que ambos sienten que se juegan su prestigio; y, cuya única perdedora es la Justicia.
Como alternativa, proponemos un sistema simple, pero más justo. Un fiscal imparcial que investigue, otro que acuse o recomiende la inocencia, y otro que califique y juzgue.
Lo peor es que, siendo esos agentes los encargados de adelantar las pesquisas, interrogar, indagar, reunir documentos y ordenar peritajes e inspecciones, tienen por función acusar a los mismos sujetos que están investigando. Y eso no debe ser.
Un fiscal debe buscar la verdad en forma objetiva e imparcial; pero al estar obligado por ley a acusar a los mismos sujetos que investiga, pierde la objetividad. Eso viola el principio constitucional del debido proceso y de doble instancia, según el cual -entre otras cosas- no puede recaer en un mismo funcionario el papel de juez y de parte. Además, no hay equilibrio, desde el momento que quien investiga y acusa, lleva la ventaja.
Un fiscal hace de juez, porque acusa; y de parte, porque investiga. En ambos casos, en la misma causa. Y de hecho, su rendimiento y calidad profesional suelen ser calificados en función, no de su talento investigador, sino de su habilidad acusadora y la cantidad de condenas que logre.
A Rafael Rodríguez, quizás el mejor acusador de todos los tiempos, lo llamaban "Fiscal de Hierro", ante cuya presencia temblaban acusados, magistrados y defensores. Un buen fiscal, se estima, debe ser capaz de enviar a la cárcel hasta a un inocente; mientras que, un buen abogado ha de ser capaz de sacar libre al más culpable. Es un duelo, un pugilato personal, entre acusador y defensor, en el que ambos sienten que se juegan su prestigio; y, cuya única perdedora es la Justicia.
Como alternativa, proponemos un sistema simple, pero más justo. Un fiscal imparcial que investigue, otro que acuse o recomiende la inocencia, y otro que califique y juzgue.
