Ministerio quiere derogar Ley 28
La educación es un tema que nos comparte a todos los panameños, educadores, padres de familia, y en este caso, nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, ya que el devenir de nuestros hijos, y las futuras generaciones de este país, aves agoreras, se dejan sentir en los horizontes de la Patria. Tal es el caso del proyecto de ley que intenta derogar la Ley 28, del 1 de agosto de 1997. Por el cual se crean las Juntas Educativas regionales y las Juntas Educativas escolares y se dictan otras disposiciones. Deseamos hacernos solidarios con la posición de las organizaciones de padres y madres de familias de la República de Panamá.
Sobre los motivos que llevaron a promulgar la Ley 28, queremos realizar un análisis consciente y tangible de lo que desea hacer el Ministerio de Educación. La ley 28 es parte de un conjunto de cambios con la orientación a cambiar el Estado panameño, y por ende, a cambiar y modernizar la Educación Nacional para mejorar su calidad, equidad y eficiencia. La misma responde a la Ley 47 Orgánica de Educación de 1946; reformada y actualizada por la ley 34 de julio de 1995, con el fin primordial de la modernización de la Educación panameña (1997-2006), que fue suscrita mediante el pacto nacional por los distintos gremios docentes, padres de familia, estudiantes, trabajadores, empresarios, iglesia, partidos políticos y autoridades nacionales. Hay gran cantidad de organismos especializados como: UNESCO, SECAB, OEI y OEA, en los cuales Panamá ha participado y suscrito resoluciones y declaraciones que comprometen al país a trabajar por la descentralización de la administración y promover la participación de los actores como parte de las políticas públicas nacionales destinadas a mejorar la educación.
Lo que se persigue es la transferencia de poder y capacidad de tomar decisiones del nivel central del Ministerio de Educación, a las instancias regionales, locales e institucionales. Esta ley crea las juntas educativas regionales y escolares, y también pueden participar los dirigentes comunitarios y permite que cada centro escolar tenga un organismo como las juntas escolares, que coadministran los centros educativos con la participación no sólo de docentes y padres de familias, sino con otros sectores de la comunidad, clubes cívicos, organizaciones sindicales, religiosas, empresas privadas, autoridades locales, creando una vinculación y cooperación material hacia el plantel educativo, de tal manera que garantiza aporte al mantenimiento de la infraestructura, implementación de proyectos productivos y padagógicos y, como consecuencia, un ahorro millonario en la inversión financiera del Ministerio de Educación y por ende del presupuesto nacional. Podemos manifestar que esta ley representa avance significativo en el devenir futuro en la educación panameña y aunque no somos educadores, sí nos une un gran vínculo con muchos. Tocaremos el proyecto leonino con el cual se quiere derogar la Ley 28. El mismo crea la dirección regional de recursos humanos y las comisiones nacionales de selección del personal docente y se dictan otras medidas; este proyecto presenta los siguientes defectos e inconsistencias: el mismo representa, a todas luces, un retroceso al proponerse llevar la administración de la educación panameña al estado de situación en que se encontraba antes del año 97, cuando la gestión del Ministerio era caracterizada como centralista y verticalista.
Elimina las Juntas Educativas Escolares, una instancia de participación integrada por el director, padres de familia, docentes y estudiantes, que tienen un papel importante que cumplir en el desarrollo de las escuelas del país.
Igualmente, se crean comisiones regionales de selección de personal de tres regiones escolares, generando una instancia burocrática, con mayores dificultades para los docentes que realizan sus procesos de reclutamientos y solicitudes de traslados, tampoco se ha demostrado mediante estudio serio. El proyecto en sus conjuntos es contrario a la Ley Orgánica. Por las razones antes expuestas con toda franqueza, la cual siempre ha sido nuestro norte, tenemos que concluir que apoyamos irrestrictamente y solidariamente la posición de los padres y madres de familia organizados de nuestra República de rechazar el proyecto de ley que deroga la Ley 28, ya que no contribuye al mejoramiento de la educación nacional y representa un retroceso en materia de descentralización y participación de la comunidad educativa.
Sobre los motivos que llevaron a promulgar la Ley 28, queremos realizar un análisis consciente y tangible de lo que desea hacer el Ministerio de Educación. La ley 28 es parte de un conjunto de cambios con la orientación a cambiar el Estado panameño, y por ende, a cambiar y modernizar la Educación Nacional para mejorar su calidad, equidad y eficiencia. La misma responde a la Ley 47 Orgánica de Educación de 1946; reformada y actualizada por la ley 34 de julio de 1995, con el fin primordial de la modernización de la Educación panameña (1997-2006), que fue suscrita mediante el pacto nacional por los distintos gremios docentes, padres de familia, estudiantes, trabajadores, empresarios, iglesia, partidos políticos y autoridades nacionales. Hay gran cantidad de organismos especializados como: UNESCO, SECAB, OEI y OEA, en los cuales Panamá ha participado y suscrito resoluciones y declaraciones que comprometen al país a trabajar por la descentralización de la administración y promover la participación de los actores como parte de las políticas públicas nacionales destinadas a mejorar la educación.
Lo que se persigue es la transferencia de poder y capacidad de tomar decisiones del nivel central del Ministerio de Educación, a las instancias regionales, locales e institucionales. Esta ley crea las juntas educativas regionales y escolares, y también pueden participar los dirigentes comunitarios y permite que cada centro escolar tenga un organismo como las juntas escolares, que coadministran los centros educativos con la participación no sólo de docentes y padres de familias, sino con otros sectores de la comunidad, clubes cívicos, organizaciones sindicales, religiosas, empresas privadas, autoridades locales, creando una vinculación y cooperación material hacia el plantel educativo, de tal manera que garantiza aporte al mantenimiento de la infraestructura, implementación de proyectos productivos y padagógicos y, como consecuencia, un ahorro millonario en la inversión financiera del Ministerio de Educación y por ende del presupuesto nacional. Podemos manifestar que esta ley representa avance significativo en el devenir futuro en la educación panameña y aunque no somos educadores, sí nos une un gran vínculo con muchos. Tocaremos el proyecto leonino con el cual se quiere derogar la Ley 28. El mismo crea la dirección regional de recursos humanos y las comisiones nacionales de selección del personal docente y se dictan otras medidas; este proyecto presenta los siguientes defectos e inconsistencias: el mismo representa, a todas luces, un retroceso al proponerse llevar la administración de la educación panameña al estado de situación en que se encontraba antes del año 97, cuando la gestión del Ministerio era caracterizada como centralista y verticalista.
Elimina las Juntas Educativas Escolares, una instancia de participación integrada por el director, padres de familia, docentes y estudiantes, que tienen un papel importante que cumplir en el desarrollo de las escuelas del país.
Igualmente, se crean comisiones regionales de selección de personal de tres regiones escolares, generando una instancia burocrática, con mayores dificultades para los docentes que realizan sus procesos de reclutamientos y solicitudes de traslados, tampoco se ha demostrado mediante estudio serio. El proyecto en sus conjuntos es contrario a la Ley Orgánica. Por las razones antes expuestas con toda franqueza, la cual siempre ha sido nuestro norte, tenemos que concluir que apoyamos irrestrictamente y solidariamente la posición de los padres y madres de familia organizados de nuestra República de rechazar el proyecto de ley que deroga la Ley 28, ya que no contribuye al mejoramiento de la educación nacional y representa un retroceso en materia de descentralización y participación de la comunidad educativa.
