Ministros desinformados
Se ha vuelto una costumbre que cada vez que se pronuncia un ministro panameño sobre el Tapón del Darién lo hace para decir que la construcción de la carretera entre Colombia y Panamá no está dentro de las prioridades de su gobierno. En efecto, desde que Martín Torrijos asumió la Presidencia de Panamá hemos leído y escuchado diversos puntos de vista sobre el mismo asunto. Unos afirman que "es un asunto que sólo compete a Colombia", por lo tanto, "el Gobierno panameño no tiene ningún tipo de compromisos con Colombia". Otros consideran que "no se han estudiado rutas, ni se tiene planeado hacer ninguna carretera en la región"; y los más temerarios sostienen que "la construcción de una carretera desencadenaría una catástrofe ecológica en los bosques", y por consiguiente, "se incrementará el narcotráfico, la violencia, la emigración de indeseables y se propagará la aftosa hacia Panamá".
Da la impresión que los ministros no se han detenido a estudiar seriamente las certificaciones fitosanitarias, los últimos estudios técnicos y ambientales. Por eso sus opiniones, a pesar de ser respetables, son desactualizadas.
La carretera es vista por los opositores como una amenaza para la seguridad nacional y como un elemento que propiciará el desplazamiento económico de los panameños. Según sus criterios, el paso de los colombianos acabaría con las fuentes de empleo para los nativos y con el paraíso terrenal que viven los panameños.
Mientras los enemigos de la integración esgrimen toda clase de argumentos para evitar "la invasión de colombianos indeseables", los 363 kilómetros de frontera con Costa Rica están bajo el imperio de las mafias. De acuerdo con los reportes de los organismos de inteligencia panameños "existen más de 400 trochas clandestinas que utilizan los narcos para el trasiego de drogas, armas y seres humanos". ¿Y quién le pone cascabel al gato? Ni la violencia guerrillera ni el fenómeno del narcotráfico, y menos el paramilitarismo y la conservación extrema se pueden convertir en obstáculos para que avancemos en la construcción de vías hacia las naciones vecinas.
En el asunto de la conexión vial con Panamá, lo que más llama la atención no es en sí la postura de los ministros panameños sobre si es buena o si es mala para su país, sino la desinformación que tienen sobre los acuerdos multilaterales que ha suscrito el gobierno de Panamá con respecto a la carretera.
Es imperdonable que los altos funcionarios de Panamá, motivados por imaginarios y prejuicios contra los colombianos, desconozcan los convenios que ha firmado el Estado con el resto de naciones del continente, y más aún, cuando la construcción de esta carretera ha sido uno de los temas viales más discutidos en el continente y eje preponderante en la integración física de nuestras naciones.
Por la amnesia histórica, el ministro de Obras Públicas, Carlos Vallarino, dijo: "No tenemos ninguna ruta estudiada para integrarnos a Colombia", cuando hace más de 40 años ambos gobiernos definieron las rutas de empalme, los estudios técnicos y de factibilidad de la obra.
La manera más fácil que ha encontrado el Gobierno de Panamá para evadir los pactos son los argumentos retrógrados. Como he dicho antes, Panamá, como Estado soberano, está en su pleno derecho de admitir o rechazar un determinado acuerdo que lesione sus intereses como nación, pero de allí a desconocerlo, luego que son firmados y refrendado por el gobierno y el parlamento, no es de buen recaudo porque coloca en tela de juicio la credibilidad del país ante la comunidad internacional.
Tiene sobradas razones el doctor Guillermo Gaviria Echeverri, cuando en el pasado encuentro de dirigentes colombo-panameños en Cartagena afirmó: "El Gobierno de Panamá no tiene competencia jurídica para rechazar la construcción de la carretera". El tema debe ser llevado por Colombia a las discusiones de los organismos multilaterales de las naciones americanas.
(*)Escritor colombiano.
joemosbe@epm.net.co
Da la impresión que los ministros no se han detenido a estudiar seriamente las certificaciones fitosanitarias, los últimos estudios técnicos y ambientales. Por eso sus opiniones, a pesar de ser respetables, son desactualizadas.
La carretera es vista por los opositores como una amenaza para la seguridad nacional y como un elemento que propiciará el desplazamiento económico de los panameños. Según sus criterios, el paso de los colombianos acabaría con las fuentes de empleo para los nativos y con el paraíso terrenal que viven los panameños.
Mientras los enemigos de la integración esgrimen toda clase de argumentos para evitar "la invasión de colombianos indeseables", los 363 kilómetros de frontera con Costa Rica están bajo el imperio de las mafias. De acuerdo con los reportes de los organismos de inteligencia panameños "existen más de 400 trochas clandestinas que utilizan los narcos para el trasiego de drogas, armas y seres humanos". ¿Y quién le pone cascabel al gato? Ni la violencia guerrillera ni el fenómeno del narcotráfico, y menos el paramilitarismo y la conservación extrema se pueden convertir en obstáculos para que avancemos en la construcción de vías hacia las naciones vecinas.
En el asunto de la conexión vial con Panamá, lo que más llama la atención no es en sí la postura de los ministros panameños sobre si es buena o si es mala para su país, sino la desinformación que tienen sobre los acuerdos multilaterales que ha suscrito el gobierno de Panamá con respecto a la carretera.
Es imperdonable que los altos funcionarios de Panamá, motivados por imaginarios y prejuicios contra los colombianos, desconozcan los convenios que ha firmado el Estado con el resto de naciones del continente, y más aún, cuando la construcción de esta carretera ha sido uno de los temas viales más discutidos en el continente y eje preponderante en la integración física de nuestras naciones.
Por la amnesia histórica, el ministro de Obras Públicas, Carlos Vallarino, dijo: "No tenemos ninguna ruta estudiada para integrarnos a Colombia", cuando hace más de 40 años ambos gobiernos definieron las rutas de empalme, los estudios técnicos y de factibilidad de la obra.
La manera más fácil que ha encontrado el Gobierno de Panamá para evadir los pactos son los argumentos retrógrados. Como he dicho antes, Panamá, como Estado soberano, está en su pleno derecho de admitir o rechazar un determinado acuerdo que lesione sus intereses como nación, pero de allí a desconocerlo, luego que son firmados y refrendado por el gobierno y el parlamento, no es de buen recaudo porque coloca en tela de juicio la credibilidad del país ante la comunidad internacional.
Tiene sobradas razones el doctor Guillermo Gaviria Echeverri, cuando en el pasado encuentro de dirigentes colombo-panameños en Cartagena afirmó: "El Gobierno de Panamá no tiene competencia jurídica para rechazar la construcción de la carretera". El tema debe ser llevado por Colombia a las discusiones de los organismos multilaterales de las naciones americanas.
(*)Escritor colombiano.
joemosbe@epm.net.co
