Modernización del Estado
El Gobierno Nacional ha nombrado una comisión encargada de organizar la modernización del Estado mediante redes de computarización. La electrónica es una herramienta auxiliar que no basta para sacar a la administración estatal del anacronismo que la empantana, pero que es indispensable en los tiempos actuales.
Al respecto, existe una entidad adscrita a la Procuraduría de la Administración, que debería ser el eje de los cambios del sistema estatal de empleo, que es el Centro Istmeño de Modernización de la Administración Pública (CIMAP), que próximamente inaugurará su nuevo local.
La Procuraduría de la Administración, que dirige la licenciada Alma Montenegro de Fletcher, creó la Dirección de Investigación y Fortalecimiento de la Administración Pública, que ha venido realizando una labor de formación de funcionarios públicos. De esta dirección surgió el CIMAP como el brazo operativo de la Procuraduría de la Administración para la mejora de la gestión pública, a través de la investigación, formación y la asistencia técnica en materia legal administrativa.
Como la Procuraduría tiene el seguimiento de la Carrera Administrativa y atiende consultas sobre este punto, el CIMAP, en nuestro criterio, debería constituirse en el centro del estudio sobre la modernización del Estado, o por lo menos, deben considerarse prioritariamente sus investigaciones y experiencias sobre esta materia estratégica. No es admisible que se desaproveche los avances del CIMAP, pues sus objetivos son impulsar la calidad, productividad y excelencia en el desempeño de los funcionarios públicos del gobierno central, entidades descentralizadas y municipales, con énfasis en materia legal- administrativa. Asimismo el CIMAP se ocupa de promover en la administración pública el uso de la tecnología de la información. Es decir, la función asignada a la comisión presidida por el segundo vicepresidente Kaiser Bazán, ya la realiza el CIMAP.
En los dos años posteriores a la incorporación, de 2004 a 2006, la UE podrá dejar en suspenso cualquier capítulo relacionado con el mercado único (todo el ámbito comercial y de ayudas) o con las áreas de justicia e interior (política de inmigración o colaboración judicial y policial.
Al respecto, existe una entidad adscrita a la Procuraduría de la Administración, que debería ser el eje de los cambios del sistema estatal de empleo, que es el Centro Istmeño de Modernización de la Administración Pública (CIMAP), que próximamente inaugurará su nuevo local.
La Procuraduría de la Administración, que dirige la licenciada Alma Montenegro de Fletcher, creó la Dirección de Investigación y Fortalecimiento de la Administración Pública, que ha venido realizando una labor de formación de funcionarios públicos. De esta dirección surgió el CIMAP como el brazo operativo de la Procuraduría de la Administración para la mejora de la gestión pública, a través de la investigación, formación y la asistencia técnica en materia legal administrativa.
Como la Procuraduría tiene el seguimiento de la Carrera Administrativa y atiende consultas sobre este punto, el CIMAP, en nuestro criterio, debería constituirse en el centro del estudio sobre la modernización del Estado, o por lo menos, deben considerarse prioritariamente sus investigaciones y experiencias sobre esta materia estratégica. No es admisible que se desaproveche los avances del CIMAP, pues sus objetivos son impulsar la calidad, productividad y excelencia en el desempeño de los funcionarios públicos del gobierno central, entidades descentralizadas y municipales, con énfasis en materia legal- administrativa. Asimismo el CIMAP se ocupa de promover en la administración pública el uso de la tecnología de la información. Es decir, la función asignada a la comisión presidida por el segundo vicepresidente Kaiser Bazán, ya la realiza el CIMAP.
En los dos años posteriores a la incorporación, de 2004 a 2006, la UE podrá dejar en suspenso cualquier capítulo relacionado con el mercado único (todo el ámbito comercial y de ayudas) o con las áreas de justicia e interior (política de inmigración o colaboración judicial y policial.
