Modernización o burocracia
Desde hace muchísimo tiempo está pendiente una reorganización a fondo de la Administración Pública. Somos un país demasiado pequeño y de recursos muy limitados para tener una burocracia tan frondosa. Y lo grave es que la tendencia a seguir aumentándola no se detiene sino que se incrementa. Hasta la década de los cuarentas, el número de los ministerios era de siete y las entidades autónomas eran casi inexistentes.
Sería ilógico pensar que la cantidad de ministerios no aumentara, porque durante las últimas décadas han surgido necesidades que justificaban la creación de nuevos ministerios y, también, de instituciones descentralizadas o autónomas con competencias específicas. Sin embargo, dado que la tendencia es a seguir aumentando su número, sería oportuno hacer un alto en ese camino e iniciar una evaluación de toda la burocracia que hemos creado para determinar si con el incremento de las reparticiones administrativas se ha logrado el objetivo de tener una administración pública más eficaz.
En nuestro país hay la creencia generalizada, y por supuesto errónea, de que la creación de nuevos ministerios y entidades autónomas es la única forma idónea para garantizar la atención y solución de los problemas que se atribuyen al lento funcionamiento de la Administración Pública. Y con esa mentalidad, estamos prestos a seguir incrementando la burocracia, cuando ese remedio puede resultar peor que el mal que se pretende corregir.
Cada vez que se crea un nuevo ministerio o una nueva entidad autónoma se multiplica el número de funcionarios públicos. La nueva dependencia repite toda la estructura del ente del cual se separó. Cada ministro estará secundado por sus respectivos viceministros, asesores, directores generales, departamentos de compras, de seguridad, y todo lo que sigue. E igual ocurrirá si se trata de una nueva entidad autónoma.
El resultado es más burocracia, pero no necesariamente más eficiencia, porque se copian los mismos modelos que se pretenden superar. El problema es mucho más complejo y no se elimina con la sola creación de nuevas entidades. Hace falta meterse más a fondo. Hay que examinar con mente objetiva y abierta todo el funcionamiento de la Administración Pública. También hay que superar algunas concepciones, condicionadas por criterios electoralistas, que resisten el cambio por considerar que podría afectar "sus espacios políticos".
Panamá necesita a gritos una Administración Pública más moderna y para empezar a caminar en firme en el sendero para lograrla, hay que comenzar por una evaluación, esencialmente objetiva, de la que hasta ahora hemos creado. El primer paso debe ser una auditoría administrativa, impulsada desde el Organo Ejecutivo, pero encomendada a sectores externos al gobierno, para determinar, de acuerdo a las funciones y los servicios que deben prestar el Estado, si los recursos, incluidos los humanos, repartidos entre las diferentes ramificaciones de la Administración Pública son suficientes y están siendo bien empleados. El resultado de esa primera fase dirá si para las funciones que se realizan necesitamos más estructuras burocráticas o si debemos reduciarlas o concentrarlas. Y también decirnos dónde estamos desperdiciando recursos.
El segundo paso debe ser una verdadera profesionalización del servicio público, que sólo se consigue dándole a los servidores públicos las garantías de que al ingresar al servicio del Estado se incorporan a una carrera administrativa con oportunidades de ascensos y reconocimientos a su dedicación y méritos personales.
Ahora están sobre el tapete las propuestas para crear un ministerio de Comercio Exterior y una entidad autónoma para la Pequeña Empresa. Las dos nuevas entidades propuestas saldrían del fraccionamiento del actual Ministerio de Comercio e Industrias. Tal vez sus gestores consideren que ese es el único camino para impulsar las áreas sobre las cuales tendrían competencia. Discrepo con ellos, respetuosamente. Y recuerdo, por ejemplo, que del Ministerio de Educación salieron dos entidades autónomas: El Instituto Nacional de Cultura (INAC) y el Instituto Nacional de Deportes (INDE), que todavía se debaten entre la falta de presupuestos y la pobreza de sus resultados, después de veinte o más años de existencia.
En España, con una población trece veces mayor que la nuestra, hace sólo un par de años se llegó a la conclusión de que no era conveniente tener ministerios separados para Educación y Cultura y se optó por integrarlos.
Insisto que en mi interés no es combatir a los gestores de las propuestas que están sobre la mesa, pero estimo que la decisión final sobre la conveniencia de su creación debiera posponerse. Antes debiera realizarse esa evaluación integral de la Administración Pública, sin la cual corremos el riesgo de que cualquier aumento de las reparticiones públicas se traduzca, con seguridad, en fuente de más burocracia, pero no de soluciones.
Sería ilógico pensar que la cantidad de ministerios no aumentara, porque durante las últimas décadas han surgido necesidades que justificaban la creación de nuevos ministerios y, también, de instituciones descentralizadas o autónomas con competencias específicas. Sin embargo, dado que la tendencia es a seguir aumentando su número, sería oportuno hacer un alto en ese camino e iniciar una evaluación de toda la burocracia que hemos creado para determinar si con el incremento de las reparticiones administrativas se ha logrado el objetivo de tener una administración pública más eficaz.
En nuestro país hay la creencia generalizada, y por supuesto errónea, de que la creación de nuevos ministerios y entidades autónomas es la única forma idónea para garantizar la atención y solución de los problemas que se atribuyen al lento funcionamiento de la Administración Pública. Y con esa mentalidad, estamos prestos a seguir incrementando la burocracia, cuando ese remedio puede resultar peor que el mal que se pretende corregir.
Cada vez que se crea un nuevo ministerio o una nueva entidad autónoma se multiplica el número de funcionarios públicos. La nueva dependencia repite toda la estructura del ente del cual se separó. Cada ministro estará secundado por sus respectivos viceministros, asesores, directores generales, departamentos de compras, de seguridad, y todo lo que sigue. E igual ocurrirá si se trata de una nueva entidad autónoma.
El resultado es más burocracia, pero no necesariamente más eficiencia, porque se copian los mismos modelos que se pretenden superar. El problema es mucho más complejo y no se elimina con la sola creación de nuevas entidades. Hace falta meterse más a fondo. Hay que examinar con mente objetiva y abierta todo el funcionamiento de la Administración Pública. También hay que superar algunas concepciones, condicionadas por criterios electoralistas, que resisten el cambio por considerar que podría afectar "sus espacios políticos".
Panamá necesita a gritos una Administración Pública más moderna y para empezar a caminar en firme en el sendero para lograrla, hay que comenzar por una evaluación, esencialmente objetiva, de la que hasta ahora hemos creado. El primer paso debe ser una auditoría administrativa, impulsada desde el Organo Ejecutivo, pero encomendada a sectores externos al gobierno, para determinar, de acuerdo a las funciones y los servicios que deben prestar el Estado, si los recursos, incluidos los humanos, repartidos entre las diferentes ramificaciones de la Administración Pública son suficientes y están siendo bien empleados. El resultado de esa primera fase dirá si para las funciones que se realizan necesitamos más estructuras burocráticas o si debemos reduciarlas o concentrarlas. Y también decirnos dónde estamos desperdiciando recursos.
El segundo paso debe ser una verdadera profesionalización del servicio público, que sólo se consigue dándole a los servidores públicos las garantías de que al ingresar al servicio del Estado se incorporan a una carrera administrativa con oportunidades de ascensos y reconocimientos a su dedicación y méritos personales.
Ahora están sobre el tapete las propuestas para crear un ministerio de Comercio Exterior y una entidad autónoma para la Pequeña Empresa. Las dos nuevas entidades propuestas saldrían del fraccionamiento del actual Ministerio de Comercio e Industrias. Tal vez sus gestores consideren que ese es el único camino para impulsar las áreas sobre las cuales tendrían competencia. Discrepo con ellos, respetuosamente. Y recuerdo, por ejemplo, que del Ministerio de Educación salieron dos entidades autónomas: El Instituto Nacional de Cultura (INAC) y el Instituto Nacional de Deportes (INDE), que todavía se debaten entre la falta de presupuestos y la pobreza de sus resultados, después de veinte o más años de existencia.
En España, con una población trece veces mayor que la nuestra, hace sólo un par de años se llegó a la conclusión de que no era conveniente tener ministerios separados para Educación y Cultura y se optó por integrarlos.
Insisto que en mi interés no es combatir a los gestores de las propuestas que están sobre la mesa, pero estimo que la decisión final sobre la conveniencia de su creación debiera posponerse. Antes debiera realizarse esa evaluación integral de la Administración Pública, sin la cual corremos el riesgo de que cualquier aumento de las reparticiones públicas se traduzca, con seguridad, en fuente de más burocracia, pero no de soluciones.
