Mujeres vulnerables
Pareciera que en nuestra vida política municipal, cuando de acusaciones se trata, la androlatría, que no es otra cosa que el culto dedicado a una figura masculina, predomina sobre la consideración femenina, de tal manera que nuestras mentes varoniles hacen de la misoginia, o la aversión u odio a las mujeres, un tabú político. Durante los últimos años hemos estado observando que existe una serie de denuncias de carácter electoral unas, civiles o penales las otras, las cuales han afectado a algunas de las alcaldías de los distintos municipios de la República de Panamá ocupadas por mujeres.
Algunas de estas acusaciones han producido la separación de las alcaldesas de nuestro país, entre las que puedo recordar la del distrito de Colón del actual período, la cual fue apartada de su cargo debido a supuestas actividades irregulares que se efectuaron con el concurso de autoridades de este municipio y que tiene que ver con la intención de vender bonos a través de una empresa de los Estados Unidos de América, denuncia esta que se originó por decisión de la Contraloría General de la República.
Recientemente, la alcaldesa del distrito de La Chorrera, Brenda De Icaza, también fue separada de su cargo a instancias de la Fiscalía Electoral por supuestas transgresiones de la ley, ocasionada por la destitución de un funcionario de este ayuntamiento, no obstante contar éste con la protección del fuero electoral.
Creo recordar que con anterioridad, la alcaldesa del distrito de Ocú estuvo sujeta a investigaciones debido a que durante el último período eleccionario se produjeron cambios ilegales de residencia originados, supuestamente, por esta funcionaria.
También recuerdo haber escuchado algunas acusaciones hechas contra la Alcaldesa del distrito de David, así como contra la de Parita, en la provincia de Herrera, por supuestas infracciones a distintos códigos, normas o disposiciones legales, aparentemente debido a violaciones de las leyes de nuestro país.
Tal vez el más sonado caso de separaciones del cargo alcaldicio fue el que afectó a Mayín Correa, debido a denuncias en su contra que trajeron como consecuencia que el Alcalde Suplente, Heriberto Martínez, asumiera esta posición durante el período que estuvo separada la funcionaria titular.
Todo este recuento histórico de los últimos diez años de la vida y suerte de nuestras autoridades en la República de Panamá, pareciera tener su génesis en el hecho de que las leyes punitivas aplicadas contra las primeras autoridades de los distritos han encontrado frágil las figuras de todas estas mujeres políticas. Destaco este hecho frente a una situación totalmente sorprendente, como es el caso de los que, perteneciendo al género masculino, parecieran tener un cerco protector que les hace inmunes a todas las supuestas transgresiones denunciadas por los ciudadanos de este país lo cual es, a mi juicio, un caso de androlatría.
He escuchado con asombro cómo en muy repetidas ocasiones, la ex alcaldesa Mayín Correa, señala una y otra vez supuestas faltas a distintas leyes y códigos por parte de la hoy primera autoridad del distrito de Panamá.
Pareciera que, según Mayín Correa, sus señalamientos no encuentran eco en nuestras autoridades judiciales, administrativas y electorales; y no es porque Mayín Correa no hable alto y claro sino que, por el contrario, las autoridades responsables de investigar las denuncias parecen hacerse de los oídos sordos.
Es sorprendente lo que aquí ocurre. No sé si la voz casi chillona de Mayín Correa afecta el tímpano de quienes deben escucharla o al contrario, los receptores de sus acusaciones actúan más con relación a éstas por simpatía, afinidad, identificación y relación con el denunciado.
No sé si ahora la voz varonil de Enrique "Chito" Montenegro sobrepasará los intentos de Maryín Correa, particularmente cuando se hace acompañar de sendos jurisconsultos, cuyos apellidos no sólo hacen honor a su prestigio o identifican sus actividades con los sonoros apellidos que suenan a confrontación o a "guerra".
Desafortunado es tener que vivir en una sociedad en donde se vulnera la fragilidad de nuestras alcaldesas y se sobre estima el poderío político y económico o la simpatía personal de un alcalde: El señor Alcalde de la muy noble y leal Ciudad de Panamá. Será entonces cierto el tópico de este artículo: ¿Hay o no hay impunidad para unos y sanciones para otras?
Algunas de estas acusaciones han producido la separación de las alcaldesas de nuestro país, entre las que puedo recordar la del distrito de Colón del actual período, la cual fue apartada de su cargo debido a supuestas actividades irregulares que se efectuaron con el concurso de autoridades de este municipio y que tiene que ver con la intención de vender bonos a través de una empresa de los Estados Unidos de América, denuncia esta que se originó por decisión de la Contraloría General de la República.
Recientemente, la alcaldesa del distrito de La Chorrera, Brenda De Icaza, también fue separada de su cargo a instancias de la Fiscalía Electoral por supuestas transgresiones de la ley, ocasionada por la destitución de un funcionario de este ayuntamiento, no obstante contar éste con la protección del fuero electoral.
Creo recordar que con anterioridad, la alcaldesa del distrito de Ocú estuvo sujeta a investigaciones debido a que durante el último período eleccionario se produjeron cambios ilegales de residencia originados, supuestamente, por esta funcionaria.
También recuerdo haber escuchado algunas acusaciones hechas contra la Alcaldesa del distrito de David, así como contra la de Parita, en la provincia de Herrera, por supuestas infracciones a distintos códigos, normas o disposiciones legales, aparentemente debido a violaciones de las leyes de nuestro país.
Tal vez el más sonado caso de separaciones del cargo alcaldicio fue el que afectó a Mayín Correa, debido a denuncias en su contra que trajeron como consecuencia que el Alcalde Suplente, Heriberto Martínez, asumiera esta posición durante el período que estuvo separada la funcionaria titular.
Todo este recuento histórico de los últimos diez años de la vida y suerte de nuestras autoridades en la República de Panamá, pareciera tener su génesis en el hecho de que las leyes punitivas aplicadas contra las primeras autoridades de los distritos han encontrado frágil las figuras de todas estas mujeres políticas. Destaco este hecho frente a una situación totalmente sorprendente, como es el caso de los que, perteneciendo al género masculino, parecieran tener un cerco protector que les hace inmunes a todas las supuestas transgresiones denunciadas por los ciudadanos de este país lo cual es, a mi juicio, un caso de androlatría.
He escuchado con asombro cómo en muy repetidas ocasiones, la ex alcaldesa Mayín Correa, señala una y otra vez supuestas faltas a distintas leyes y códigos por parte de la hoy primera autoridad del distrito de Panamá.
Pareciera que, según Mayín Correa, sus señalamientos no encuentran eco en nuestras autoridades judiciales, administrativas y electorales; y no es porque Mayín Correa no hable alto y claro sino que, por el contrario, las autoridades responsables de investigar las denuncias parecen hacerse de los oídos sordos.
Es sorprendente lo que aquí ocurre. No sé si la voz casi chillona de Mayín Correa afecta el tímpano de quienes deben escucharla o al contrario, los receptores de sus acusaciones actúan más con relación a éstas por simpatía, afinidad, identificación y relación con el denunciado.
No sé si ahora la voz varonil de Enrique "Chito" Montenegro sobrepasará los intentos de Maryín Correa, particularmente cuando se hace acompañar de sendos jurisconsultos, cuyos apellidos no sólo hacen honor a su prestigio o identifican sus actividades con los sonoros apellidos que suenan a confrontación o a "guerra".
Desafortunado es tener que vivir en una sociedad en donde se vulnera la fragilidad de nuestras alcaldesas y se sobre estima el poderío político y económico o la simpatía personal de un alcalde: El señor Alcalde de la muy noble y leal Ciudad de Panamá. Será entonces cierto el tópico de este artículo: ¿Hay o no hay impunidad para unos y sanciones para otras?
