Mujeres vulnerables (V)
En entregas anteriores hemos señalado algunos casos que nos han parecido discriminatorios contra las mujeres de nuestro país que se desenvuelven en los ámbitos público y privado. Entre los más conocidos de los últimos diez años están las acusaciones hechas contra mujeres destacadas en las actividades públicas, como fueron las alcaldesas de los municipios de Panamá, Colón, La Chorrera, Parita, Ocú y David, así como otras cinco funcionarias separadas o sancionadas por supuestas transgresiones a distintas leyes. En el caso del distrito de Panamá, la ex jefa de la comuna capitalina, Mayín Correa, el Secretario del Frente Nacional contra la Corrupción, Enrique Montenegro y el abogado Ramiro Guerra, han presentado varias acusaciones por actos irregulares contra el alcalde actual, quien hasta el momento parece no ser investigado por ninguna de las autoridades correspondientes, lo cual hace pensar que actúa con absoluta impunidad.
Algunos procesos han involucrado entidades bancarias, como ha sido el caso del Banco Agro Industrial y Comercial (BANAICO), donde la licenciada Irasema Subía, fue considerada como una de las responsables de su colapso, sin que se haya divulgado que sus superiores jerárquicos varones hayan recibido el debido proceso judicial ni la sanción moral correspondiente.
Otros descalabros financieros fueron los del Grupo Adelag, S.A., y la corporación Estrella Mar, en el sector privado, en donde se vieron perjudicados los accionistas del primero y los derecho habientes del segundo y cuyos responsables varones, aparentemente, no han sido encausados por los tribunales de justicia.
Luego de una investigación de la televisión española, a Madame Tonya se le endosó, casi de manera exclusiva, la responsabilidad de la trata de blancas de menores de edad en nuestro país, sin siquiera recordar que la mayoría de los dueños de casas de ocasión y otros sitios de tolerancia que funcionan en Panamá desde hace décadas son de origen europeo, varones y ni siquiera fueron blanco de las cámaras de los periodistas ni del cuestionamiento ciudadano, como tampoco se señalaron que las redes que controlan el proxenetismo en Panamá, seguramente están en manos de varones. En muchos de los casos mencionados, los hombres han tenido diversos grados de participación y responsabilidad y en la mayoría han actuado con aparente impunidad. En esta oportunidad, queremos ampliar el marco de referencia sobre la discriminación sufrida por las mujeres en otras latitudes.
Hace poco, por ejemplo, los medios internacionales de prensa destacaron la condena a muerte por lapidación impuesta a una mujer en la República de Nigeria en Africa. Según los jueces de este Estado, Zafia Hussaini, debía morir apedreada por disposiciones de un tribunal islámico, luego de habérsele comprobado, según la rígida legislatura coránica, la comisión de adulterio. Afortunadamente, la presión encabezada por la Organización de Amnistía Internacional (sustentada por más de cien mil firmas), forzó al gobierno de Lagos a declarar inconstitucional esta sentencia. Esta es apenas una muestra de la infamia cometida contra las mujeres en otras regiones del planeta y tal vez, podamos vanagloriarnos de no matar a pedradas a nuestras compatriotas, pero debemos reconocer la lapidación moral a que las sometemos de manera implacable.
Estos actos contra las mujeres están basados en una perversa discriminación, por parte de hombres que tal vez han cometido mayores abusos y han observado conductas menos decorosas. ¿Por qué la vida privada de una mujer pública tiene más atractivo para la crítica, que la de los hombres?.
Desde el origen de nuestra civilización hemos querido que nuestras mujeres sean ejemplos de honestidad y discreción, de allí que se haya hecho famosa la frase: "La mujer de César no sólo tiene que serlo sino parecerlo". Recordemos que las estigmatizaciones de este tipo tienen un origen atávico y en la antigüedad, los emperadores romanos, por ejemplo, celebraban orgías y bacanales en sus palacios a costa de la integridad y dignidad de las mujeres. Entonces, ¿quién nos autoriza a cuestionar la vida privada de nuestras mujeres, de nuestra mandataria, nuestras ministras, legisladoras, representantes así como las de humilde extracción y a ser permisivos con los hombres? ¿Tenemos derecho a censurar los actos privados de una persona, en particular a nuestras congéneres femeninas, sin tomar en cuenta el espíritu reivindicativo que debe asistirnos para rectificar los supuestos errores que se pudieran haber cometido, al igual que exoneramos la conducta de los hombres cuando cometen actos contra la moral? En no pocas ocasiones, como en sus versos dijo Sor Juana Inés De la Cruz, somos nosotros, los hombres, la causa y ocasión de las equivocaciones de nuestras compañeras mujeres.
Debemos recordar el artículo 19 de nuestra Constitución Política, cuyo contenido dice de manera textual: "No habrá fueros ni privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas". Finalmente, nuestro interés principal es que sea creada la Defensoría de los Derechos de la Mujer, adscrita a la Defensoría del Pueblo, así como la creación de una legislatura que proteja a las féminas de nuestro país contra la discriminación de todo tipo, para lo cual invitamos a todas las organizaciones femeninas a participar de esta iniciativa.
Algunos procesos han involucrado entidades bancarias, como ha sido el caso del Banco Agro Industrial y Comercial (BANAICO), donde la licenciada Irasema Subía, fue considerada como una de las responsables de su colapso, sin que se haya divulgado que sus superiores jerárquicos varones hayan recibido el debido proceso judicial ni la sanción moral correspondiente.
Otros descalabros financieros fueron los del Grupo Adelag, S.A., y la corporación Estrella Mar, en el sector privado, en donde se vieron perjudicados los accionistas del primero y los derecho habientes del segundo y cuyos responsables varones, aparentemente, no han sido encausados por los tribunales de justicia.
Luego de una investigación de la televisión española, a Madame Tonya se le endosó, casi de manera exclusiva, la responsabilidad de la trata de blancas de menores de edad en nuestro país, sin siquiera recordar que la mayoría de los dueños de casas de ocasión y otros sitios de tolerancia que funcionan en Panamá desde hace décadas son de origen europeo, varones y ni siquiera fueron blanco de las cámaras de los periodistas ni del cuestionamiento ciudadano, como tampoco se señalaron que las redes que controlan el proxenetismo en Panamá, seguramente están en manos de varones. En muchos de los casos mencionados, los hombres han tenido diversos grados de participación y responsabilidad y en la mayoría han actuado con aparente impunidad. En esta oportunidad, queremos ampliar el marco de referencia sobre la discriminación sufrida por las mujeres en otras latitudes.
Hace poco, por ejemplo, los medios internacionales de prensa destacaron la condena a muerte por lapidación impuesta a una mujer en la República de Nigeria en Africa. Según los jueces de este Estado, Zafia Hussaini, debía morir apedreada por disposiciones de un tribunal islámico, luego de habérsele comprobado, según la rígida legislatura coránica, la comisión de adulterio. Afortunadamente, la presión encabezada por la Organización de Amnistía Internacional (sustentada por más de cien mil firmas), forzó al gobierno de Lagos a declarar inconstitucional esta sentencia. Esta es apenas una muestra de la infamia cometida contra las mujeres en otras regiones del planeta y tal vez, podamos vanagloriarnos de no matar a pedradas a nuestras compatriotas, pero debemos reconocer la lapidación moral a que las sometemos de manera implacable.
Estos actos contra las mujeres están basados en una perversa discriminación, por parte de hombres que tal vez han cometido mayores abusos y han observado conductas menos decorosas. ¿Por qué la vida privada de una mujer pública tiene más atractivo para la crítica, que la de los hombres?.
Desde el origen de nuestra civilización hemos querido que nuestras mujeres sean ejemplos de honestidad y discreción, de allí que se haya hecho famosa la frase: "La mujer de César no sólo tiene que serlo sino parecerlo". Recordemos que las estigmatizaciones de este tipo tienen un origen atávico y en la antigüedad, los emperadores romanos, por ejemplo, celebraban orgías y bacanales en sus palacios a costa de la integridad y dignidad de las mujeres. Entonces, ¿quién nos autoriza a cuestionar la vida privada de nuestras mujeres, de nuestra mandataria, nuestras ministras, legisladoras, representantes así como las de humilde extracción y a ser permisivos con los hombres? ¿Tenemos derecho a censurar los actos privados de una persona, en particular a nuestras congéneres femeninas, sin tomar en cuenta el espíritu reivindicativo que debe asistirnos para rectificar los supuestos errores que se pudieran haber cometido, al igual que exoneramos la conducta de los hombres cuando cometen actos contra la moral? En no pocas ocasiones, como en sus versos dijo Sor Juana Inés De la Cruz, somos nosotros, los hombres, la causa y ocasión de las equivocaciones de nuestras compañeras mujeres.
Debemos recordar el artículo 19 de nuestra Constitución Política, cuyo contenido dice de manera textual: "No habrá fueros ni privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas". Finalmente, nuestro interés principal es que sea creada la Defensoría de los Derechos de la Mujer, adscrita a la Defensoría del Pueblo, así como la creación de una legislatura que proteja a las féminas de nuestro país contra la discriminación de todo tipo, para lo cual invitamos a todas las organizaciones femeninas a participar de esta iniciativa.
